El abogado de la CGT alega “indefensión” y “contratos en fraude de ley”
El juicio por los siete primeros despidos en la Gerencia Municipal de Urbanismo quedó ayer visto para sentencia tras la celebración de las vistas que se prolongó durante toda la mañana en el Juzgado de los Social número 2, que preside el juez Raúl Páez Escámez. Hasta la sede judicial, en la avenida Álvaro Domecq, se trasladaron delegados sindicales de la CGT de las empresas municipales y otra entidades públicas, sindicalistas y afiliados a esta central, además de algunos representantes políticos, caso del coordinador local de IPJ, José Hurtado, y miembros del PSA.
El abogado de la CGT alega “indefensión” y “contratos en fraude de ley”

El juicio por los siete primeros despidos en la Gerencia Municipal de Urbanismo quedó ayer visto para sentencia tras la celebración de las vistas que se prolongó durante toda la mañana en el Juzgado de los Social número 2, que preside el juez Raúl Páez Escámez. Hasta la sede judicial, en la avenida Álvaro Domecq, se trasladaron delegados sindicales de la CGT de las empresas municipales y otra entidades públicas, sindicalistas y afiliados a esta central, además de algunos representantes políticos, caso del coordinador local de IPJ, José Hurtado, y miembros del PSA.

La defensa de los trabajadores, que ejercía el abogado de la CGT Benito Romero Lozano, pidió la “nulidad” de todos los despidos y solicitó en cada uno de los casos la “readmisión” inmediata de los trabajadores afectados al alegar “indefensión” por parte de los trabajadores y que los contratos estaban en “fraude de ley”. El argumento de la defensa de los afectados fue similar para todos, a excepción de la delegada sindical de la CGT, donde las partes entablaron un cara a cara para defender sus posturas.

En representación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el letrado José Antonio Ristori intentó desbaratar los argumentos de la defensa alegando que todos los despidos eran contrataciones temporales, que las notificaciones de los mismos se habían hecho en el tiempo y procedimiento reglamentario y que en definitiva, respondían a un “cese de la actividad laboral” por motivos que justificó en el “plan de ahorro municipal” y en que las tareas que desempeñaban ya no eran necesarias.

El letrado de la GMU se remitió a los hechos acontecidos antes y durante la tramitación de los despidos destacando la práctica sindical que lideraba la CGT e hizo referencia así a denuncia interpuesta por esta central contra el Ayuntamiento por el “retrasos” en el pago de la cuota sindical, que luego se resolvió favorablemente, al margen de mencionar las denuncias de la CGT sobre “persecución” contra sus propios delegados. Ristori negó que existiera un “móvil discriminatorio” en el cese de la relación laboral de estos trabajadores, entre los que figuran varios delegados sindicales de la CGT. Así, aseguró que de los 17 cesados diez estaban afiliados a la CGT y que casualmente estas afiliaciones se producen unos meses antes de ser cesados en sus puestos de trabajo. “La militancia a un sindicato -dijo- no puede constituir un blindaje laboral”.

Respecto al despido de la delegada sindical, María del Carmen García Collantes, el abogado de la GMU recordó que era la última de los 8 candidatos que se presentaron a las elecciones al comité de empresa de la GMU por la CGT y que el mismo día que se notifican los despidos renuncian a sus cargos tres delegados sindicales de esta central, para que ésta pudiera acceder a ser miembro del comité. Ristori aseguró que se trataba a las claras de una “maniobra sindical para impedir el cese de la relación laboral”.

Por su parte, el letrado de la CGT insistió en que no “haya pruebas” que demuestren esa supuesta maniobra sindical por cuanto a García Collantes se le comunicó el despido dos días después de que se le notificara al resto de los afectados y la renuncia de los delegados se produce antes. “Los delegados electos que renuncian a formar parte del comité -dijo- lo hicieron por causas personales y sindicales”. Además, aseguró que este comité no tenía constancia de las personas que iban a ser despedidas, por lo que entiende que existe causa de “nulidad” y que “se ha vulnerado el derecho de los trabajadores”.

La afectada compareció ante el juez en calidad de testigo para contestar a preguntas del letrado de Urbanismo, quien en un momento del interrogatorio sacó a colación su relación familiar con un representante de la CGT y con el presidente del comité de empresa de Urbanismo. Ambos son padre y hermano de la denunciante. El abogado quería demostrar con esta vinculación familiar que es comprensible que la afectada tuviera conocimiento de su cese laboral desde el mismo momento en que se produce,con lo que, según el letrado, “ya conocía que iba a ser cesada y se produce la renuncia de los delegados electos para que ésta última pudiera blindar el contrato”.

García Collantes, sin embargo, negó durante su declaración ante el juez que tuviera conocimiento de su despido el mismo día que se le notificaron al resto de los trabajadores por que ese día estaba de baja por enfermedad, con lo que no recibió la carta de despido hasta dos días después vía burofax. De igual forma, también aclaró que su afiliación a la CGT se produce meses antes de la rescisión de su contrato porque se iban a celebrar elecciones sindicales.

También declaró como testigo el actual secretario del comité de empresa de la GMU, Miguel Francisco Zarzuela, quien aseguró que el cese de las relaciones laborales no fueron notificadas por escrito al nuevo comité y que no tenía constancia de que se iban a producir.

La defensa de los trabajadores cerró el turno de conclusiones para advertir que “como candidata sindical ya tenía todos los beneficios que un miembros de comité de empresa” y aseguró que se trataba de un “despido con causa de discriminación”. La sentencia se conocerá en un plazo aproximados de 10 a 15 días.

Protagonistas por un día

María Carmen García Collantes, la ex delegada sindical de la CGT en el comité de empresa de Urbanismo, se convirtió ayer en una de las protagonistas del día. Su juicio fue el que se alargó por más tiempo y el que más juego dio en la sala tanto a la defensa de los trabajadores como al abogado que representaba a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Un tanto desconcertada, aunque tranquila, Carmen García aseguró tras la vista que “había dicho la verdad” y no se atrevió a hacer más valoraciones, “porque de estas cosas no entiendo”.
Al margen de García Collantes ayer también se celebró el juicio por el despido de otra delegada sindical de la CGT, Alejandra Jesús Cala. Pero todo los focos de las cámaras se dirigieron hacia Josefa Ruiz Valero, la ex jardinera de la GMU que permanece desde hace ocho días encerrada en la Catedral. De hecho, esta fue su primera salida tras su encierro voluntario en el templo catedralicio. Otros cuatro casos cobraron protagonismo ayer en la sede de la Audiencia Provincial en Jerez, donde se vivió una actividad inusitada.

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Fuente: María José Cabral/Jerez / publicaionesdelsur