Recientes informaciones publicadas por medios de información progresistas sobre la presunta adhesión de varias asambleas madrileñas del 15-M a un frente popular liderado por Izquierda Unida (IU), más tarde desmentidas por las aludidas, revelan la secreta intención de la coalición por fagocitar a los activistas más políticos de los movimientos sociales alternativos.
Sin embargo, la manifiesta complicidad de su dirección con el gobierno andaluz de los EREs, inhabilita moralmente a IU para referenciar a los colectivos ciudadanos comprometidos en la refutación del sistema de manera autónoma y sin las tutelas de los llamados agentes representativos.
Sin embargo, la manifiesta complicidad de su dirección con el gobierno andaluz de los EREs, inhabilita moralmente a IU para referenciar a los colectivos ciudadanos comprometidos en la refutación del sistema de manera autónoma y sin las tutelas de los llamados agentes representativos.
Al concluir la dictadura con la muerte de Franco, la ruptura no fue posible por el rechazo de los dos principales partidos de izquierda. El nuevo PSOE surgido del Congreso de Suresnes (Francia), con escasa legitimidad antifranquista pero fuerte respaldo de la influyente socialdemocracia alemana, y el PCE, con un intenso pasado de lucha contra el régimen y gran implantación entre la clase trabajadora, pactaron el continuismo. Lo que se llamó “la transición” se basó en la renuncia de la legalidad republicana, la plena aceptación de la monarquía en la persona previamente designada por el Caudillo y la entronización del modelo económico de libre mercado por la fuerzas políticas y sindicales homologadas. Felipe González por los socialistas y Santiago Carrillo por los comunistas fueron los artífices de esa mutación que se selló con la aprobación en 1978 de la Constitución.
Treinta y cinco años más tarde la situación es radicalmente distinta. La izquierda carece de líderes “taumatúrgicos” y su implantación social es manifiestamente mejorable. El PCE ha tenido que refugiarse como referente en la coalición Izquierda Unida (IU) y el PSOE camina hacia el ocaso con respiración asistida arrastrado por graves casos de corrupción en Andalucía (caso EREs), Catalunya (caso Método 3) y Asturias (caso Marea). Por lo demás, el modelo de bipartidismo dinástico gobernante, que ha registrado la hegemonía absoluta en el poder de PSOE y PP desde la los años de la transición, parece desvanecerse por momentos. La crisis económica y las medidas antisociales ejecutadas impunemente por socialistas y populares (izquierda y derecha institucional) han abierto los ojos a los ciudadanos sobre la verdadera naturaleza reaccionaria de sus respectivas políticas al servicio del statu quo.
En ese contexto de profunda debilidad de los agentes políticos tradicionales y creciente fortaleza de los movimientos sociales alternativos, los poderes fácticos buscan repetir una salida consensuada que conjure otra vez la ruptura. Y de nuevo se pretende ensayar la exitosa fórmula de “una segunda transición”. Un trazado de mínimos cambios estructurales, con retoques en la Constitución y la sucesión en la Corona, para dejar vía libre al entramado del neoliberalismo capitalista de nueva planta surgido de la crisis y sus liberticidas políticas de austeridad. Inhumano experimento de exclusión social que en esta ocasión se realizara bajo la tutela bifronte de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, organismos en que España está integrada. Un contexto de dominación global que sin duda complejizará el proceso.
El problema para estos estrategas es encontrar en el actual panorama político a los protagonistas de esa “segunda transición”, puesto que debido al momento de efervescencia social y resistencia ciudadana de nuevo la hoja de ruta debería ser confiada a los dirigentes de la oposición que sean capaces de la desmovilización de esas bases y la contención de sus transgresores programas. Y aquí son habas contadas. La historia se repite. PSOE e IU tienen todas las papeletas. Entre ambos, y secundados por los sindicatos franquiciados CCOO y UGT, complementan el necesario imaginario social que mediática y culturalmente se le supone a la izquierda oficial. Precisamente, la experiencia pionera del gobierno PSA-IU en la Andalucía del 36% de paro permite implementar con expectativa de futuro esa dinámica niquelada de lógica progresista. Hablamos de un PSA que fue salvado de la derrota por IU tras 31 años de monopolio gubernamental en la región, y de una IU que logró su propósito de tocar poder real con los socialistas en una comunidad de primera división a costa de hacerse cómplice del fenomenal escándalo de los EREs.
Con tres consejerías y el plus de la vicepresidencia en la Junta presidida por José Antonio Griñán, el presunto responsable político del macrodesfalco que investigan los tribunales, la misión de los representantes de IU en el gobierno de los EREs ha consistido en arropar a sus colegas socialistas para diferir al infinito el impacto del escándalo. Así diseñaron un simulacro de Comisión de Investigación que pretendía dar carpetazo político al conflicto; participaron el la descalificación del procedimiento judicial tildándolo de “poner en peligro la democracia”; asintieron como convidados de piedra a la espantada de Griñán de la presidencia para acogerse a sagrado en el Senado; respaldaron la chusca investidura de su pupila y heredera Susana Díaz como si se tratara de una sustitución reglada, tras un proceso de primarias trucadas y, con una cara dura digna de mejor causa, acabaron proclamando “tolerancia cero” ante la corrupción tras conocerse que la juez Alaya está a punto de imputar a los dos últimos presidentes del gobierno que cohabitan, Griñan y Chaves.
En ese marasmo, la postura de la dirección de IU para empatizar con sus bases de izquierda ha consistido en acercarse al movimiento de los indignados y otros grupos alternativos en son de afinidad, al tiempo que se personaban junto al PSOE en las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional por el proceloso affaire Bárcenas. Todo con la vista puesta en que el deterioro de las perspectivas electorales del bipartidismo político redunde en unos buenos resultados electorales en las elecciones europeas del 2014, consideradas por la dirección de IU como el momento del ansiado sorpasso. Aunque el verdadero Plan B de los hombres de Cayo Lara busca capitalizar su prestigio como referente de la izquierda real que insinúan las encuestas para repetir a nivel de todo el Estado el mismo proyecto de “casa común” que han realizado en Andalucía. O sea, formalizar esa “segunda transición” que, dentro de una “restauración bis”, anhela la Marca España.
Así las cosas, la cuestión se reduce a elegir entre reforma y ruptura. Una reforma planteada como una larga marcha a través de las instituciones aceptando las reglas de juego del régimen, y una ruptura que arranque de la iniciativa de los movimientos antisistema. La primera según el formato que se usó en 1975 vía consenso entre ambas orillas del escenario político, y la segunda con el expeditivo método que despejó el fin de la Monarquía en 1931 a través de unas elecciones municipales, Dos caminos ya explorados con balance contradictorio si nos atenemos al rigor del escrutinio causa-efecto, prueba-error. La formula continuista de la dictadura a la democracia trajo un régimen oligárquico; la rupturista originó la II República. Salvo que como dijo en su día Albert Einstein desechemos por innecesario el principio de causalidad y creamos que “el mundo lo gobierna Dios jugando a los dados”.
Aunque otra forma igualmente válida de verlo es mediante la dialéctica utopía-realismo. Los utópicos, el 15-M cuyos planteamientos son respaldados por el 70% de los españoles según las encuestas, son los que aspiran a convencer a las bases de la izquierda institucional (PSOE, IU, CCOO, UGT) para su estrategia rupturista de cambio del sistema desde abajo. Los realistas, por su parte, el escaso 30% restante que aún cree que el régimen tiene remedio, encuadra a los reformistas que maquinan captar a sus contrincantes para relanzarlo.
Resumiendo. Los más, los “idealistas”, aspiran a una comunidad democrática de hombres y mujeres libres e iguales, donde la riqueza social esté al servicio de necesidades reales y la solidaridad sea ley. Por contra, los menos, los “sensatos” plantean recuperar una sociedad de privilegios, coronada por un rey impuesto por Franco, que además es jefe vitalicio del Estado y de las Fuerzas Armadas y en cuyo nombre se administra la Justicia; vive del dinero público; tiene garantizada total impunidad por la Constitución y goza de la capacidad legal de dejar ese poder en herencia a sus sucesores.
Paradojas del poder. La historia siempre la escriben los vencedores, y por eso las hemerotecas están llenas de mentiras.
Fuente: Rafael Cid
