Una sociedad bancarizada como la actual, es una sociedad hipotecada, política y económicamente. La especulación financiera no solamente es responsable de la crisis económica. La banca privada, además, desde su posición privilegiada de monopolio, es un poderoso instrumento de dominación de clase y chantaje permanente, que convierte nuestras vidas en simples áreas de negocio.
Basta ver, a modo de ejemplo, cómo el
sacrosanto derecho constitucional a una vivienda digna ha sido
convertido en negocio hipotecario. La deuda de muchísimas economías
familiares, disparada con las operaciones de adquisición de vivienda en
medio de la especulación inmobiliaria, pesa como una losa sobre buena
parte de la sociedad y contribuye a dibujar un panorama de sumisión,
desierto de rebeldía ante los desmanes, huérfanos de contestación
social. El poder de la banca se ha manifestado también en la última
“reforma” de las pensiones.
Basta ver, a modo de ejemplo, cómo el
sacrosanto derecho constitucional a una vivienda digna ha sido
convertido en negocio hipotecario. La deuda de muchísimas economías
familiares, disparada con las operaciones de adquisición de vivienda en
medio de la especulación inmobiliaria, pesa como una losa sobre buena
parte de la sociedad y contribuye a dibujar un panorama de sumisión,
desierto de rebeldía ante los desmanes, huérfanos de contestación
social. El poder de la banca se ha manifestado también en la última
“reforma” de las pensiones. El interés por promover fondos de pensiones
privados ha presionado decididamente, a la hora de empobrecer las
pensiones públicas.
En un escenario de graves recortes
sociales, la generosidad casi sin límites del Gobierno y de la clase
política, hacia el capital financiero y la banca, resulta escandalosa,
incluso obscena. Ante la debilidad, sumisión y generosidad de
los gobiernos de turno, la bancocracia imperante responde, de manera
arrogante e inmoral, encareciendo los servicios y cerrando el grifo del
crédito.
De esta manera se ahoga la economía
productiva, con el consiguiente cierre de miles de pequeñas y medianas
empresas (donde se encuentra el 80% del empleo), el aumento espectacular
del paro y el empobrecimiento general de la población.
Hemos de reconocer, para bien o para mal
y mientras no seamos capaces de cambiar el sistema, que los servicios
financieros ocupan un lugar primordial en la economía y en la
organización social. De ahí que una Banca de carácter público,
deba ser una de las piedras angulares del cambio social. En ése sentido,
la privatización de las Cajas de Ahorros no supone solamente un
expolio. Es, además, una oportunidad perdida para desarrollar
un proyecto de Banca Pública, ya que las entidades de ahorro, con su
potente cuota de mercado, podían haber sido la base de ése proyecto.
Su venta constituye, por lo tanto, una operación política diametralmente opuesta a los intereses y necesidades de la sociedad.
Por ello, esta llamada “Reforma del Sistema Financiero” tendrá unas consecuencias tanto o más graves que las otras “reformas”.
Cualquier avance social de reparto del
trabajo y de la riqueza, junto con la reactivación de la economía
productiva, pasa por romper las reglas de juego del sistema
bancocrático. Es necesario acabar con el monopolio actual de la
banca privada y, en la línea de la defensa de los servicios públicos,
reivindicar la creación de una banca pública de calidad, al servicio de
los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía, sin ánimo de lucro,
con un funcionamiento ético, bien gestionada y controlada
democráticamente. Es un paso imprescindible para una salida social a la
crisis y PARA CONSEGUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA E IGUALITARIA.
Extracto del art. de Pep Juárez, Secretario de Acción Social de FESIBAC – CGT.
En http://www.cgtcam.info/
Fuente: CGT CAM
