Que quienes gobiernan no se creen ni las propias leyes que promulgan es casi un axioma. Legislan y legislan, intentando que sus “amos” o sus “amigos” tengan las mayores de las ventajas para hacerse más y más ricos. Promueven reformas tras reformas en leyes y reglamentos, incluyendo excepciones, incentivando, desgravando, generando ventajas fiscales, promoviendo subvenciones por esto o aquello… Y siempre, el límite para obtener estos “premios” permite que unos pocos hagan su particular “agosto”, a costa de la inmensa mayoría, que nunca les corresponde. Pero, eh ahí, que algunas veces que equivocan, no llegando a medir el alcance de lo que promulgan y aparecen unas personas encargadas de velar por el cumplimiento de las normas y ¡mire Vd. por donde ¡ hacen su trabajo. ¡Zas!, ¡expediente! y sanción consecuente, con la norma de quienes gobiernan.
Normalmente estos gobernantes no son tontos, ni tontas, y tienen previstos mecanismos de seguridad por si llegara ese fastidioso momento. Primero intentan amedrentar a la persona que ejerce la función inspectora, del ámbito que sea, sanitario, fiscal, laboral, educativo, de consumo… para que comprenda la “complejidad” del asunto que lleva entre manos y de las “enormes” repercusiones, tanto nacionales como, sobre todo, internacionales que la sanción pudiera conllevar.
Normalmente estos gobernantes no son tontos, ni tontas, y tienen previstos mecanismos de seguridad por si llegara ese fastidioso momento. Primero intentan amedrentar a la persona que ejerce la función inspectora, del ámbito que sea, sanitario, fiscal, laboral, educativo, de consumo… para que comprenda la “complejidad” del asunto que lleva entre manos y de las “enormes” repercusiones, tanto nacionales como, sobre todo, internacionales que la sanción pudiera conllevar. Se le insiste argumentando el desánimo que causará la sanción en la iniciativa privada, del ejército de inversores que están observando con lupa como en este país se gestionan estas pequeñas “faltas”. Si esas reflexiones, recomendaciones, insinuaciones…no tienen efecto, se separa a la persona instructora del expediente sancionador y se nombra a otra que, esa sí, es de la cuerda que corresponde y que inmediatamente reduce (reciente caso Cemex) la sanción propuesta, si no llega a anular totalmente la denuncia (infanta), por defectos de forma (importantes donde los haya). Pero no contentos los gobernantes, con este mecanismo de seguridad, aún se reservan otros, que dependiendo de la vía utilizada por la denuncia operan con bastante eficacia. Si estamos en el terreno de lo administrativo, siempre hay un órgano rector, político por supuesto, que se encargará de dejar que el mencionado expediente expire, es decir, no produce la resolución administrativa en el plazo que la propia ley establece, con lo que el asunto caduca. Si es en el ámbito judicial, la cosa parece más seria, pero sólo lo parece, ya que al ministerio fiscal, desempeñado por personas que lo ejercen desde la función pública, se le aplica el anteriormente descrito procedimiento a las inspecciones públicas. Y siempre hay un Jefe de Fiscales que puede hacer bastante en este sentido. Pero si a pesar de ello fallara y el “amigo” o “amo” se encontrara ante la judicatura, cabe las mismas precauciones adoptadas, utilizando discrecionalmente aquello de la caducidad o la prescripción, así como quitar la persona titular de la causa y sustituirla por otra más afín, más dócil, menos tozuda… Y en cualquier caso para eso se tiene el dominio del poder judicial con la conformación mediante pacto entre gobernantes, y aspirantes a gobernantes, para que el asunto sea sobreseído. Hace muchos años un viejo anarquista gaditano me dijo: Mira que quien gobierna hace las leyes para robarnos mejor. Aquellas personas que se dedican verazmente a velar por el interés general, mediante la inspección y vigilancia de las leyes, saben la verdad que hay en esto y además lo saben mejor cuando ven como el poder político se inmiscuye en sus tareas con el único objetivo de burlar la misma ley que ellos han promulgado.
Fdo Rafael Fenoy Rico
Comunicación Educación CGT
Fuente: Rafael Fenoy Rico
