La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha sido sancionada, tras una denuncia interpuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT), por una cesión ilegal de trabajadoras del Centro especial de empleo del Grupo SIFU, en el servicio de repostaje de combustible de autobuses.
La Inspección de Trabajo ha reconocido, tal y como venían denunciando las trabajadoras de EMT pertenecientes a la central anarcosindicalista CGT, que la empresa pública de transportes ha incurrido en una cesión ilegal de trabajadores – tipificada como infracción muy grave, suponiendo multas de entre 75.000 y 150.000 euros – al recibir mano de obra por parte de la Compañía Valenciana para la Integración y el Desarrollo S.L. – perteneciente al Grupo SIFU – que ostenta la condición de Centro Especial de Empleo (CEE) para promover la integración laboral de personas con diversidad funcional.
Tanto la empresa cesionaria (EMT) como la empresa cedente (Compañía Valenciana para la Integración y el Desarrollo) han sido propuestas para sanción al considerar la Inspección de Trabajo que en su actuación hay una evidente motivación económica de abaratamiento de costes, así como una “degradación paralela de las condiciones laborales de las trabajadoras”, tal y como venía denunciando CGT desde donde además se señala esta estrategia como un intento de privatización ilegal de servicios públicos.
Por otro lado, se han aplicado agravantes a ambas empresas, como ahora la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, en el caso de la Compañía Valenciana para la Integración y el Desarrollo – perteneciente al Grupo SIFU -, por tratarse de una empresa con consideración de CEE y no haber prestado atención en una integración laboral de calidad de las personas con diversidad funcional en EMT en aspectos como la jornada laboral, la contratación o la prevención de accidentes. Como señalan fuentes de la organización anarcosindicalista, las empresas con consideración CEE tienen una finalidad social, que es la de asegurar un empleo remunerado y de calidad para las personas con diversidad funcional, por lo que se benefician de un conjunto de ayudas estatales y autonómicas que suponen casi un 75% del coste salarial de cada trabajadora.
Por lo que respecta a la EMT, los agravantes vienen propiciados por el hecho de haber articulado un procedimiento de licitación pública del servicio externalizado cuyas premisas no se adecuan a la realidad del supuesto, incluyendo clausulas prohibidas y que pretenden alterar el régimen de responsabilidad solidaria exigible. Desde CGT, destacan que EMT cuenta una bolsa de 40 peones aprobados en examen con los que no se entiende la externalización de servicios como ahora el de mantenimiento de cocheras, el cual ha supuesto “un ERE encubierto” en la plantilla de peones, que ha ido descendiendo de 40 peones en 2012 a 16 peones en 2022. La organización anarcosindicalista afirma que “EMT incumple acuerdos firmados sobre la finalización de las externalizaciones en mantenimiento de autobuses para 2023 y de fijación de plantilla en el área de mantenimiento de autobuses, prefiriendo la empresa el modelo de subcontratación”.
Desde CGT señalan que “se está apostando por un modelo de subcontratación en pro del beneficio empresarial y a costa de la precariedad de las trabajadoras, con lo que las empresas que viven de las externalizaciones de servicios públicos se están multiplicando”. Y añaden: “la degradación ha llegado de la mano de las privatizaciones y externalizaciones, los cambios constantes en el área técnica han sido vertiginosos, la plantilla de peones de limpieza de EMT baja al mínimo y la subcontratación sube, por lo que están trabajando en la misma EMT grupos con distinta escala salarial, distintos derechos y convenios”.
CGT incide que van a seguir “dando guerra dónde haga falta para acabar con este modelo de privatización, subcontratación y precarización que supone un expolio de lo público”.
Fuente: Gabinete de Comunicación de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia
