Desde CGT Confederal queremos expresar nuestra preocupación ante esta nueva crisis. El último dato publicado del IPC provisional del mes de marzo, que sitúa la subida en un 9,8%, vaticina la gravedad de esta nueva etapa, marcada por la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro continuado de la situación laboral y personal de la clase trabajadora.
Una subida de precios que no se registraba desde mayo de 1985 y que viene derivada, especialmente, de los incrementos de los precios de la electricidad, los carburantes y combustibles, así como de los alimentos y bebidas no alcohólicas.
Teniendo en cuenta la inflación subyacente, es decir, el índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, los precios aumentan cuatro décimas, hasta el 3,4%. un dato también preocupante ya que sería la más alta desde septiembre de 2008.
Como ya sabemos, una parte de este problema viene importado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, es importante resaltar que la subida del precio energético y de los precios en general, venían de meses atrás, y CGT ya venía denunciando la situación por la que atravesaban miles de familias ante el desorbitado precio de la luz, el gas y del coste de la vida. A pesar del carácter coyuntural que se le quiso atribuir a esta problemática, lo cierto es que desde CGT defendemos que es estructural, lo que exige medidas radicales que contribuyan a solucionar los problemas de pobreza, desigualdad y deterioro de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora.
En este sentido, y a raíz del Plan de choque contra la crisis aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes 29 de marzo, CGT valora como insuficientes las medidas planteadas. Más allá de la tardanza de la adopción de medidas, estas son meramente coyunturales y necesitan a nuestro juicio desarrollar otras de carácter estructural ya que, sin cambios permanentes, la presión sobre la vida de las personas trabajadoras irá en aumento. Las soluciones cortoplacistas no tienen ningún viso de ser eficaces puesto que una vez pasado el escaso plazo de su aplicación la situación estructural seguirá castigando a la mayoría trabajadora. Por otra parte, el esfuerzo que se hace con las aportaciones de los trabajadores debiera ser responsable y eficiente en su desembolso, cabría entonces reclamar que las ayudas, como las bonificaciones de la factura eléctrica o del combustible, se centrasen de manera más específica en aquellas personas que menos recursos tienen.
Examinaremos algunas de las medidas para poder comprender los efectos, alcance y limitaciones de este paquete que prevé 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones en créditos, con una vigencia de tres meses. Recordemos que el presupuesto militar al que se ha comprometido Sánchez con la OTAN, la propuesta de Donald Trump del 2% del PIB, supone un desembolso que representa prácticamente el doble que este paquete de ayudas, subvenciones y créditos. Además, ese 2% será cada año mientras que estas medidas serán puntuales.
Las subvenciones y bonificaciones para la factura eléctrica y en el precio de los carburantes tienen la intención de mitigar el fuerte impacto que llevan soportando las economías personales y familiares varios meses, una situación que se viene arrastrando desde verano de 2021 en el caso de la electricidad y anteriormente para el precio del petróleo.
Estas medidas no son estrictamente medidas progresivas ya que afectan a todos por igual independientemente de la renta que tengan, por lo que consideramos que es una medida populista y espolea las peticiones incongruentes de la derecha contra el exiguo Estado del Bienestar y la transición ecológica. Este efecto nocivo trata de limitarse con la extensión del Bono Eléctrico para más hogares, ya que este bono sí tiene criterios de renta. Sin embargo, la principal limitación de este bono es bien conocida y es que, con esta medida en vigor, desde su creación en 2009 y sus posteriores desarrollos, ha sido sobrepasado por la escalada de precios y en consecuencia la pobreza energética ha aumentado notablemente en el último año. Además, hemos podido ver como en los días previos a la entrada en vigor de estas bonificaciones al precio de los carburantes, las gasolineras aumentaban los precios de manera superior al precio de la materia prima sin que el gobierno haya hecho nada. Esto implica que el grueso de la bonificación queda anulada por esta subida, pero nuestros impuestos continúan pagando una parte del mismo. O lo que es lo mismo, que la empresa ganará más con el dinero público y nuestros bolsillos habrán notado muy poco esta medida.
En la nevera se queda, por el momento, la propuesta de fijación de precios máximos de la energía. La única que tiene perspectiva de acometer de manera excepcional y veremos su alcance es la propuesta de tope de precio del gas, que en todo caso será transitoria, deberá llevarse a la Comisión Europea y aprobarse en un plazo mínimo de un mes, según informa el gobierno.
Se prorroga el mecanismo de control de los llamados beneficios caídos del cielo -el exceso de retribución que las empresas consiguen por electricidad generada por centrales nucleares e hidroeléctricas cuyo coste ya está amortizado- que se puso en marcha en mayo de 2021 y que, como hemos visto, ha tenido un escaso éxito en la contención del precio de la electricidad y que no evitó que las grandes compañías eléctricas cuadruplicasen su beneficio en 2021 tras las mayores subidas de precio hasta el inicio de la guerra. Asimismo, se prorroga la medida ya en vigor del tope a la subida del precio de gas natural para los consumidores de la Tarifa de Último Recurso (TUR).
La restricción de los despidos objetivos será acotada a supuestos estrictos y solo se aplicará en dos casos: 1) para empresas que hayan recibido ayudas públicas de este Real-Decreto ley (no previas) y justifiquen estos despidos por el incremento del aumento de los costes energéticos. 2) Aquellas empresas que se acojan a ERTE por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público. Una restricción abusiva de esta medida, ya que permitiría despedir de forma objetiva por causas similares como el aumento de la harina, el maíz u otro tipo de excusa que salga del supuesto establecido o a empresas que hayan recibido ayudas públicas previamente.
El aumento temporal del Ingreso Mínimo Vital es una buena noticia que caducará a los tres meses. Un mecanismo ya insuficiente, aunque celebramos su existencia, y con unas condiciones de acceso que lo hacen tremendamente disfuncional para quienes lo necesitan. En este sentido algunas de las barreras existentes para su acceso serán rebajadas, como son la obligatoriedad de presentar la declaración de la renta (solo se cancelará el IMV si esta no se presenta en dos años) o la obligatoriedad de darse de alta como demandante de empleo (los servicios de empleo autonómicos darán de alta automáticamente a las personas que tengan acceso al IMV). La existencia de este Ingreso no puede suponer la paralización de los desarrollos de una Renta Básica de las Iguales, que consideramos que debe ser suficiente, individual, universal e incondicional. es decir, que no dependa de los ingresos que alguien pueda tener o ganar ni tampoco de la posibilidad de haber pasado o pasar por el mercado de trabajo.
La limitación por tres meses del aumento del precio del alquiler para grandes tenedores de vivienda (más de 10 viviendas) será el 2,02%. Si el arrendador no es un gran tenedor podrá pactar el aumento del precio con el inquilino en cualquier cifra. Si este acuerdo no se formalizase la referencia será el mismo 2,02% que para los grandes tenedores. Por una parte, seguir hablando del aumento de precios de alquiler que ya están por las nubes es una derrota en sí misma, condenando a miles de personas a la imposibilidad de acceder nunca a un alquiler en condiciones dignas. Por otra parte, el escaso plazo de aplicación lo convierte en una medida ineficaz y tremendamente injusta para quienes firmaron su renovación antes y quienes la firmarán después de la aplicación de este aumento de precios controlado.
Las ayudas al sector primario -agricultura, ganadería y pesca- con 380 millones de euros, suponen una inyección de recursos a las ramas sectoriales más empobrecidas y perjudicadas por el sistema de precios. Sin embargo, no son una medida que combatan con el problema de los costes de producción y la especulación intrínseca en la cadena de suministro intermediaria, por lo que seguirá persistiendo la problemática en el tiempo. Asimismo, los 500 millones de euros a la industria -gran consumidora de energía- financiando el 80% de los peajes, nos parece una medida que debería ir acompañada de un pliego de condiciones que deben de cumplir en materia de empleo, transición energética y reinversión de beneficios, ya que no podemos pretender pagar con el dinero de todas el ahorro en costes de estas empresas sin contrapartida. Asimismo, entendemos que el proceso de desindustrialización sigue desangrando muchas de las ramas sectoriales y que, además, la falta de políticas industriales en materia de empleo, transición energética, innovación y calidad de relaciones laborales, genera una situación de precariedad e incertidumbre preocupante.
Las ayudas al transporte constarán de 450 millones para empresas y autónomos de taxis, VTC, autobuses de pasajeros, transporte de mercancías y ambulancias. Mientras tanto, el transporte público agoniza desde los recortes tras la crisis financiera de 2008, manteniéndose en una situación muy precaria que desincentiva su uso sobre todo entre las personas trabajadoras al no permitirles llegar a tiempo o en un lapso razonable para entrar a sus trabajos. Potenciar el transporte público a precios asequibles no sólo ayudaría a rebajar el impacto del aumento de precios en los bolsillos de la gente, sino que podría ejercer como un importante elemento de rebaja del consumo de combustibles fósiles en un momento de abastecimiento escaso y enormemente caro.
Entre las medidas propuestas se incluye que los establecimientos comerciales puedan suspender con carácter temporal la prohibición prevista de limitar la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por cada comprador. Es decir, se permite la limitación de la cantidad de productos que cada persona puede comprar, una práctica habitual que en principio estaba prohibida. Consideramos que este mecanismo, junto a la laxitud de la norma, puede llevar a restricciones ficticias que presionen los precios de determinados productos al alza, castigando aún más la economía personal y familiar. Un elemento que debería vigilarse.
Asimismo, aunque pasa más desapercibido entre medidas que supuestamente están concebidas para facilitar la instalación y generación de energías renovables, lo cierto es que numerosas disposiciones adicionales y finales de este Real Decreto ley rebajan los controles de impacto ambiental, las condiciones y las autorizaciones administrativas para las instalaciones de almacenamiento de energía o para las canalizaciones y distribuciones gasísticas. A nadie se le escapa que este contexto de guerra y crisis está sirviendo para rebajar todas las acciones contra el cambio climático, donde grandes corporaciones energéticas con la connivencia del gobierno aprovechan para reorientar su negocio, en el caso del Estado español, hacia el gas y el hidrógeno en detrimento de acciones reales que frenen la crisis climática.
Todo parece indicar que el terreno para la contención salarial a la que se someterán los sindicatos del régimen está abonado. Usando el 2% como referencia y a expensas de la teatralización de las negociaciones, la cifra final a la que condenen los salarios de las personas trabajadoras en los convenios será cercana a esta. De hecho, con los datos del primer trimestre del año ya podemos observar que los salarios se contienen en un 2,26% en convenio -el Salario Mínimo Interprofesional se quedó en el 3,63% y las pensiones en un 2,5% en 2021- mientras que la inflación alcanza ya el 9,8%.
En este breve resumen podemos comprobar que ninguna de las medidas propuestas solucionará los problemas endémicos de este país. No solo por su carácter transitorio, sino por el escaso impacto que tienen sobre las raíces sistémicas del capitalismo actual y que están lastrando la capacidad de la clase trabajadora de desarrollar sus vidas de manera digna.
Por todo ello, desde CGT, consideramos urgente la aplicación de medidas estructurales que alcancen la raíz del problema. Todo es cuestión de voluntad y compromiso político, dependiendo de cómo se quieren emplear los recursos y asumir el coste que implica cambiar la correlación de fuerzas.
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
