Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos presentan el informe 2010-2011. CONTROLES DE IDENTIDAD RACISTAS EN MADRID. Se adjunta el informe para descargar.
http://brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com/
Las Brigadas Vecinales de Observación
de Derechos Humanos hemos constatado en el transcurso de este año y medio, a
través de la actividad de observación y documentación de posibles situaciones
de vulneración de derechos humanos en Madrid, que el cuerpo nacional de
policía, por orden del Ministerio del Interior, realiza controles sistemáticos
de identificación determinados por la apariencia de las personas interceptadas,
siguiendo criterios discriminatorios, racistas, clasistas y xenófobos.
Conclusiones
tras el análisis de los datos recogidos:
- Los controles racistas son
ilegítimos e injustos, vulneran derechos fundamentales, atentan contra la
dignidad de las personas y socavan los principios del Estado de Derecho; por
tanto son ilegales, pero aún en el supuesto de que “no las prohibiera la
Constitución”, seguirán teniendo el mismo carácter. - Los datos recogidos en este
Informe (alto nº de controles, porcentaje reducido de detenciones en relación a
identificaciones, “detenciones preventivas”, volumen de dispositivos
policiales, etc.) constatan cómo este tipo de controles excede el objetivo
aparente de “localizar a personas en situación administrativa irregular”. - La persecución constituye un
mecanismo de control social que refuerza la construcción de un grupo social
homogéneo, “los otros”, produce segregación social, levanta fronteras internas
y potencia la diferenciación social entre la población autóctona y la
extranjera. Los controles contribuyen a generar un imaginario estigmatizador
que relaciona migración y delincuencia, presentando a la población migrada como
malhechores y enemigos, siempre bajo sospecha, lo que origina xenofobia y
racismo social. - La alta frecuencia de los
controles refuerza la sensación de inseguridad y provoca una alarma social
fabricada artificialmente que degrada la convivencia en nuestros barrios. - Las redadas racistas en Madrid
provocan graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas susceptibles
de ser identificadas. Desencadenan un “ciclo de privación de libertad”, que en
un contexto que criminaliza y limita en derechos socioeconómicos a una parte
de la población, también la somete a prácticas de hostigamiento y represión que
generan miedo e inseguridad. La interiorización de ese miedo aumenta ante la
posibilidad de topar con un control en cualquier lugar, de ser identificado por
la policía, conducido a comisaría, detenido en un Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) y eventualmente deportado. Cuando concluyen en expulsión por
mera estancia irregular, estos controles truncan el proyecto de vida personal y
familiar de la persona expulsada y sus familiares. - Los controles policiales en los
espacios de transportes públicos atentan directamente contra el derecho a la
libre circulación de las personas e incumplen los criterios fijados en la
legalidad vigente. - La alternancia de dispositivos
policiales espectaculares, generadores de alarma social, e intervenciones
“enmascaradas” (policías de paisano, interpelaciones desde el coche, etc.), los
discursos sobre controles “preventivos” y “rutinarios”, el “circulen, aquí no
hay nada que ver”, la impunidad, etc., son todos aspectos de los controles de
identidad racistas que parecen dirigidos a que naturalicemos la presencia
policial, así como determinadas prácticas que tratan de reconfigurar el espacio
público como mero lugar de tránsito protagonizado por la preocupación por la
seguridad (recortando así libertades y priorizando la vigilancia). Esta
vigilancia está dirigida a que interioricemos las fronteras, levantadas sobre
los cimientos de la desigualdad socio-económica derivada del expolio de muchos
pueblos del mundo y de la expropiación de recursos de la clase trabajadora para
la acumulación capitalista. - Desde Delegación de Gobierno se ha
obstaculizado la labor de observación y documentación de controles racistas de
las y los miembros de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos
Humanos, así como de otras personas que han denunciado los controles. Se han
efectuado identificaciones como mecanismo de coacción, y en los casos de
imposición de sanciones se ha buscado mermar una acción política que hace
visible la vulneración de derechos amparada por el gobierno.
