Después del traspaso de poderes en Irak, producido el 28 de junio, aún quedan por resolver muchas graves cuestiones de derechos humanos. En concreto, es preciso aclarar el destino probable de los miles de presos y detenidos que hay actualmente en el país, así como la función, la responsabilidad y la rendición de cuentas de la fuerza multinacional, apunta Amnistía Internacional.

Después del traspaso de poderes en Irak, producido el 28 de junio, aún quedan por resolver muchas graves cuestiones de derechos humanos. En concreto, es preciso aclarar el destino probable de los miles de presos y detenidos que hay actualmente en el país, así como la función, la responsabilidad y la rendición de cuentas de la fuerza multinacional, apunta Amnistía Internacional.

En un informe publicado con el título Iraq : Human rights protection and promotion vital in the transitional period (disponible sólo en inglés), Amnistía Internacional insta a todos los que desempeñan algún papel en Irak a que se pronuncien claramente sobre el respeto del derecho internacional.

«Es fundamental que se delimiten claramente las responsabilidades y la rendición de cuentas respecto a todos los que continúen detenidos. Esto es esencial en vista del vergonzoso trato que recibieron los detenidos en Abu Ghraib y de que ni las fuerzas estadounidense ni las británicas que operan en Irak cumplieron con su obligación, en virtud de los Convenios de Ginebra, de proteger a los detenidos y los internados frente a la tortura y los malos tratos», según Amnistía Internacional.

«La transparencia con respecto a todos los que están en manos de las potencias ocupantes después del traspaso de poderes, es crítica. Debe responderse plenamente de todas las personas que están recluidas y no debe haber más detenidos fantasmas», ha señalado la organización.

Amnistía Internacional sigue sin recibir respuesta a la carta abierta que envió el 9 de junio al representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, John Negroponte, en la que expresaba su gran preocupación por que la resolución 1546 de la ONU no aclare lo que sucederá con los miles de presos que están en manos de las potencias ocupantes.

Estados Unidos ha anunciado su intención de continuar reteniendo sin cargos a entre 4.000 y 5.000 detenidos, sin aclarar con qué base legal lo hará.

Puesto que si la ocupación termina efectivamente con el traspaso de poderes, como establece la resolución de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario exige que las potencias ocupantes pongan en libertad a todos los prisioneros de guerra, detenidos e internados.

Si Estados Unidos y otros miembros de la fuerza multinacional prolongan las detenciones tras el traspaso de poderes, estarían cometiendo un acto ilícito. Sólo las autoridades iraquíes tienen la facultad de volver a detener a las personas puestas en libertad si existe base legal para ello en las leyes iraquíes y no se vulnera ninguna norma internacional.

El periodo posterior al traspaso de poderes es crucial para el futuro de Irak en lo que se refiere al respeto y la promoción de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Amnistía Internacional pide al nuevo gobierno iraquí que invite a visitar Irak a expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, como el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, el presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el relator especial sobre la tortura, que en una declaración conjunta realizada el 25 de junio, anunciaron su intención de visitar el país. Amnistía Internacional pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al secretario general de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de esta organización que hicieran todo lo que estuviera a su alcance para permitir que esta visita se lleve a cabo lo antes posible.

Los grupos armados han mostrado su desprecio hacia el derecho internacional humanitario intensificando los atentados indiscriminados contra civiles, incluidos mujeres y niños.

En el informe, Amnistía Internacional hace una serie de
recomendaciones a las Naciones Unidas, al Gobierno Provisional de Irak, a la Fuerza Multinacional y a los grupos armados de Irak. Entre ellas figuran las siguientes :

* La ONU debe crear una comisión independiente de expertos legales para revisar el sistema de justicia iraquí a fin de ajustar las leyes del país a las normas internacionales de derechos humanos.

* Deben desplegarse observadores de derechos humanos en todos los lugares de detención, que harán públicas sus recomendaciones a las autoridades penitenciarias.

* El gobierno provisional de Irak debe dejar claro que no tolerará violaciones de derechos humanos, no importa quién esté implicado en ellas.

* Debe crearse una comisión independiente e imparcial para investigar a los miembros de las milicias que deseen incorporarse al ejército y la policía ; todas las personas encargadas de hacer cumplir la ley deben recibir formación adecuada en derechos humanos.

* Los derechos de las mujeres deben ser garantizados a través de medidas eficaces para combatir la tortura, la violación, la violencia doméstica y el asesinato, así como de una completa revisión de las leyes y prácticas discriminatorias.

* La Fuerza Multinacional encabezada por Estados Unidos debe poner fin a la práctica de los detenidos «fantasma» y proporcionar inmediatamente información completa y actualizada de todas las personas que actualmente están bajo custodia, así como aclarar su situación legal.

* Cualquier denuncia de abusos contra los detenidos debe investigarse sin demora de forma independiente, los responsables deben ser puestos a disposición judicial y las víctimas deben obtener reparación.

* Tanto el gobierno provisional como la fuerza multinacional deben garantizar que los organismos internacionales, los abogados, los familiares y las organizaciones de derechos humanos pueden acceder sin trabas a todos los detenidos.

* Todos los grupos armados de Irak deben respetar las normas mínimas del derecho internacional humanitario y, en concreto, abandonar prácticas como la toma de rehenes, la tortura y el homicidio de civiles.

«El gobierno provisional de Irak, la fuerza multinacional y el resto de los que desempeñan algún papel en el país deben garantizar el respeto de los derechos humanos y el derecho humanitario. Deben demostrar que no se tolerarán violaciones de derechos humanos, sea quien sea su autor», pide Amnistía Internacional.

El informe Iraq : Human rights protection and promotion vital in the transitional period está (sólo disponible en inglés) en
http://web.amnesty.org/library/index/engmde140302004