Buenos Aires, 4 sep (EFE).- Un juez de Argentina impuso prisión preventiva a dieciocho represores de la última dictadura militar que imperó en el país, entre ellos Jorge Videla y Antonio Bussi, en la causa que investiga el «Plan Cóndor», informaron fuentes de los tribunales locales.
El juez federal Jorge Urso responsabilizó a los acusados de 34 privaciones ilegítimas de la libertad y asociación ilícita, delitos cometidos durante el régimen militar (1976-1983), en tanto trabó embargos que llegan al millón de pesos (276.000 euros) para algunos de los imputados.
Esos dos delitos no permiten acceder al beneficio de la excarcelación, según las leyes argentinas.
La prisión preventiva fue impuesta al ex comandante del Primer Cuerpo del Ejército Carlos Suárez Mason ; al ex ministro del Interior durante la dictadura Albano Harguindeguy ; y a Antonio Bussi, gobernador de la provincia de Tucumán durante el régimen militar y también entre 1995 y 1999, ya restablecida la democracia en el país.
El magistrado también procesó con prisión preventiva al general Cristino Nicolaides, el último comandante del Ejército de la dictadura, y al ex comandante del Tercer Cuerpo de esa fuerza Luciano Benjamín Menéndez, entre otros ex jefes militares.
El ex dictador Videla ya está detenido con prisión domiciliaria en otra causa que investiga el robo de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar, al igual que varios de los procesados por el juez Urso.
El «Plan Cóndor» consistió en la coordinación de operaciones de represión política entre las dictaduras que gobernaban Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en la década de los años 70 y parte de los 80 para la persecución y asesinato de sus opositores.
A la aplicación de este plan se atribuye el secuestro seguido de muerte o la desaparición de centenares de dirigentes políticos, sindicalistas y activistas de izquierdas, además del robo de hijos de las víctimas, entre otras violaciones a los derechos humanos cometidas por esos regímenes militares.
Urso lleva transitoriamente las actuaciones por el «Plan Cóndor», iniciadas hace cuatro años por su colega Rodolfo Canicoba Corral, quien en mayo de 2001 pidió sin éxito la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, entre otros acusados.
Durante 2001, también fueron rechazados los exhortos de detención redactados por Canicoba Corral contra los ex dictadores y generales Hugo Banzer Suárez (Bolivia), quien falleció en mayo de 2002, y Alfredo Stroessner (Paraguay), refugiado en Brasil.
Entre la documentación que tiene en sus manos Urso se encuentra la que se logró reunir en Chile en el proceso que se le sigue por los crímenes del «Plan Cóndor» a Pinochet, quien fue desaforado el 26 de agosto pasado por la Corte Suprema de su país.
Según organismos de derechos humanos, durante la dictadura militar argentina desaparecieron unas 30.00 personas.
