CGT analiza las medidas anunciadas por la Consejería de Educación en su Plan 20/21
No nos cabe duda de que tenemos una Consejería que maneja mejor la imagen y el marketing que la planificación educativa.
Las medidas que ahora se anuncian son un totum revolutum en el que se meten en el mismo saco cantidades económicas y actividades ya presupuestadas, aumento de unidades y profesorado de FP de proyectos aprobados antes de la pandemia y todo ello enmascarando la parte que van asignar a los centros privados concertados.
Las medidas que ahora se anuncian son un totum revolutum en el que se meten en el mismo saco cantidades económicas y actividades ya presupuestadas, aumento de unidades y profesorado de FP de proyectos aprobados antes de la pandemia y todo ello enmascarando la parte que van asignar a los centros privados concertados.
Hemos tenido que tomarnos un tiempo para analizar y digerir los titulares de prensa y de los medios oficiales de la Consejería de Educación respecto a sus planes para el próximo curso. Sin duda, pretenden obnubilar a la ciudadanía ofreciendo la imagen de que tenemos una administración educativa que ha teletrabajado durante el confinamiento, ha analizado la situación real de los centros educativos, ha recabado datos, ha planificado y ha adoptado las medidas adecuadas para volver a las clases en septiembre en condiciones de seguridad y para afrontar el grave problema que ha causado a toda la comunidad educativa (exceptuando a la Administración) el período de educación confinada que hemos vivido este curso que, afortunadamente, termina.
«Andalucía refuerza el próximo curso con más de 6.000 docentes y 150.000 dispositivos»
Bonito titular para la opinión pública que no está al tanto de los datos reales, pero más de 6.000 docentes y 150.000 dispositivos es lo mismo que decir «mucho menos de lo que se necesita» para compensar el daño recibido y afrontar las necesidades de una educación más segura y digna.
Para empezar un simple dato: Andalucía cuenta con 4000 centros educativos de titularidad pública y más de 600 privados concertados. Si se reparte equitativamente este aumento, tendremos escasamente 1 docente más por centro que «permitirá» que se realicen las siguientes tareas anunciadas por la Consejería: desdobles de grupos, mejor atención al alumnado, asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias por el COVID-19, coordinar el equipo COVID que existirá en cada centro, desarrollar una estrategia integral de refuerzo (planes individualizados y Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo desde septiembre, 3 días por semana). Por favor, seamos serios con los objetivos y los medios que se ponen, no nos cuenten milongas, vuelvan a decirlo sin tapujos «AUTONOMÍA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS» y sálvese quien pueda.
El Plan de Educación 2020/21, con 600 millones de inversión, recoge medidas para garantizar el desarrollo de clases en entornos seguros.
600 millones de inversión, que mezclan cantidades comprometidas y que estaba previsto invertir antes del COVID-19, no garantizan en modo alguno entornos seguros.
Calculadora en mano, y leída la letra pequeña del comunicado oficial, solo podemos afirmar que las cuentas no salen, y que el señor Imbroda y el Gobierno que representa tratan de vendernos humo y desmovilizar a una comunidad educativa que ha empezado a despertar y manifestar su descontento. Y no hacemos demagogia, ni opinamos frívolamente, porque CGT lleva años analizando datos y denunciando el desmantelamiento de la Educación Pública que se ha venido sufriendo en Andalucía en la última década de recortes. No somos noveles ni incompetentes en el manejo de cifras.
Los más de 6000 docentes que promete el titular, repartidos entre todos los niveles educativos y entre los centros públicos y privados concertados, ni de lejos cubren los 7458 docentes públicos que se han perdido en Andalucía en los últimos 4 años, 6118 de ellos concretamente de la especialidad de Primaria, justo la que debería ser mimada y priorizada en el momento actual. Y no manejamos aproximaciones, sino datos exactos que nos ha costado mucho trabajo extraer de la propia administración. A CGT ni se nos torea ni se nos engaña con aproximaciones a bulto.
Fuera del titular, tal vez porque la cifra es notoriamente ridícula, queda la mención de los 152 puestos de Profesionales Técnicos de Integración Social (ni uno más ni uno menos), que se anuncian como medida estrella para reforzar la Educación Especial. Sorprende tal precisión en el dato, a menos que se trate de una cifra bien conocida por la administración, porque responda a los puestos de esta especialidad que en el último curso fueron diagnosticados como recurso necesario para alumnado concreto y se dejaron sin cubrir, pese a las quejas y reclamaciones que presentamos en las diferentes Delegaciones de Educación en ese sentido, y que bien conoce el personal de los servicios de Ordenación Educativa. Igual por fin se ven obligados a cubrir esos puestos que, por falta de presupuesto -nos decían-, estaban diagnosticados desde hacía un curso académico, pero no se han llegado a cubrir nunca.
La Consejería de Educación y Deporte también ampliará el personal de apoyo, especialmente en servicios de limpieza, en los centros, unos 1.500 trabajadores.
Unos 1.500 trabajadores de limpieza adicionales a duras penas cubren los 1110 trabajadores de limpieza suprimidos en centros públicos en la última década, y que se eliminaron en virtud de leyes de ajustes presupuestarios que consideraban que dichos puestos no cubrían necesidades esenciales. Muchos equipos directivos saben cuántos años llevan reclamando que se cubran uno o dos puestos de limpieza que se perdieron en su momento en sus centros. El incremento que se promete ahora no aporta «refuerzo» alguno, sino que viene a cubrir el mínimo estructural que por ley se requería para el mantenimiento ordinario de los centros educativos. Eso sí, muchas directivas verán que lo que llevan años exigiendo y demandando sin fruto se obtendrá ahora por imperativo viral; pero eso no asegura que pueda efectuarse una limpieza reforzada de los centros, si acaso, se podrá pasar una vez al día por todos -o casi todos- los espacios; cosa ahora mismo improbable.
La Consejería va a poner en marcha una Estrategia Integral de Refuerzo Pedagógico que comenzará este mes de julio con el Programa de Refuerzo Estival.
¿Quiere esto decir que el dinero ya previsto del planazo estival se incluye en los más de 600 millones que anuncian a bombo y platillo? ¿No era un plan preCOVID que ya estaba presupuestado? ¿Qué tiene de adicional, salvo el oportunismo de vender un burro trasquilado y moribundo que nadie quería, y que ahora parece haber interesado al propio Gobierno del Estado? «Quien no te conozca, que te compre», pero a CGT no nos engaña esta medida que ya criticamos desde su puesta en marcha hace un año por ineficaz y demagógica.
Con este plan también se reforzará la Formación Profesional para mejorar la empleabilidad de los jóvenes con la creación de 204 unidades nuevas de formación profesional, 175 de grado medio y superior y 29 de FP Básica.
¿Nos quieren decir que las concesiones de nuevos títulos y unidades de FP se han producido en estos últimos meses como medida frente al COVID? ¿No requieren de proyectos y aprobaciones que se habían hecho antes de la pandemia y que había que poner en marcha sí o sí? ¿Ha incluido la Consejería en su cálculo a bulto de los más de 6000 docentes al profesorado de FP que había que incorporar para estas enseñanzas? Por cierto, en los dos últimos años se habían creado 41 unidades de FP Básica, luego no parece que el incremento haya tenido ningún vuelco más allá de lo normal y de las necesidades de la demanda. Aunque, por otra parte, el aumento de 175 unidades de FP de Grado Medio y Superior (de poder confirmarse que se trata de unidades públicas) puede compensar un poco las 73 unidades de FP de Grado Medio suprimidas en el curso anterior en centros públicos, pero tampoco parece que aporte mucho ante la demanda social de estos estudios. Buen nicho de mercado para empresas privadas que ofrecen estudios de FP, y que bien conoce el consejero Imbroda.
Si pasamos a analizar las condiciones de seguridad en sentido estricto, los juegos del lenguaje, lejos de tranquilizarnos, nos llenan de dudas.
La Consejería atenderá a lo establecido por las autoridades sanitarias. En este sentido, la Consejería elaborará unas instrucciones para la vuelta a las aulas en el mes de septiembre de forma presencial a partir del documento de medidas higiénico-sanitarias elaboradas en coordinación con la Consejería de Salud y Familias.
CGT ya ha denunciado públicamente que las «recomendaciones» de los Ministerios de Educación y Sanidad se han ido relajando tanto que, al final, casi que nos quedamos como estábamos en cuanto a ratio de alumnado por aula y espacios para asegurar el distanciamiento social. Si a esto le sumamos las medidas que pueda elaborar el ilustre consejero de Sanidad Andaluz, pasamos de la decepción al pánico. Igual termina explicándonos en aplicaciones precargadas en los 150000 dispositivos que se anuncian cómo no hay que ponerse la mascarilla; que hará falta, dado que parece entenderse del comunicado oficial que esta se usará cuando no pueda asegurarse en las aulas el metro y medio de distancia entre escolares. La redacción es lo suficientemente ambigua para que cada cual entienda lo que quiera:
Estas instrucciones adaptarán al ámbito educativo medidas de higiene preventiva general (lavado de manos y uso de soluciones hidroalcohólicas), uso de mascarillas y mantenimiento de la distancia social de 1,5 metros, de limitación de contactos que en determinados contextos permitan prescindir del uso de mascarilla. (Damos nuestra palabra de no haber tocado ni una coma al párrafo, aunque igual haría falta)
Para finalizar, que se hable de dotar de conectividad de fibra a todos los centros educativos, mejorar las infraestructuras de redes y aportar 150000 «dispositivos» (así, sin más pistas del tipo) por valor de 150 millones de euros (un 25% de la cantidad total anunciada) es una medida que no podemos criticar, porque era necesaria desde hace ya mucho tiempo, como saben en muchos centros educativos rurales. Aunque, sinceramente, no entendemos qué puede aportar la mejora de la conectividad de los centros en caso de que haya que volver a la educación confinada y el profesorado y las familias tengan que contar con sus medios personales. Al menos sabemos que 150000 «dispositivos» podrán llegar a quien carezca de ellos, pero esperamos que alguien haya pensado que esos dispositivos necesitan conexión para trabajar desde casa.
En definitiva, las medidas que se anuncian a bombo y platillo para garantizar el desarrollo de clases en entornos seguros son un cúmulo de parches y remiendos que no llegan ni para cumplir lo que ya eran necesidades perentorias de la educación pública andaluza y prescripciones normativas incumplidas antes del COVID.
Y mientras los titulares tratan de adormecer a una comunidad educativa justamente preocupada e indignada, los servicios de Planificación de cada Delegación de Educación han seguido efectuando su labor minadora por lo bajo, usando la hoja de cálculo heredada de la era PSOE; esa en la que se aplicaba un incremento del 10% de la ratio ordinaria si apretando un poco se ahorraba una unidad escolar y un puesto docente, eliminando unidades públicas y metiendo a 26 o 27 alumnos y alumnas en un aula de Infantil o Primaria. Pero no sufran, que vendrán los desdobles a salvarnos en septiembre, no para garantizar ningún plan especial, sino para cumplir con la legalidad estricta que se han saltado este año, no vaya a ser que CGT denuncie en los tribunales.
Que nadie se llame a engaño y que nadie baje la guardia, porque de esta salimos juntos o no salimos. Toda la comunidad educativa, y todas las organizaciones que se sientan implicadas en la defensa de la Escuela Pública, debemos sumar fuerzas y plantar cara para evitar la estocada que, bajo excusa de pandemia, se nos quiere dar con anestesia mediática.
Ante el primer borrador pusimos sobre la mesa la posibilidad de una huelga; ante este Plan, aún no detallado, esa posibilidad no hace sino crecer.
CGT-FASE
Fuente: CGT-FASE
