Lo que tenía que ser con las pensiones, educación y sanidad, el cuarto eje de intento del estado del bienestar, objetivo de garantizar desde la socialdemocracia del estado del bienestar, la Ley de Dependencia, tiene los días contados. Resulta que ni más ni menos, que el 1 de mayo de 2013, el gobierno español del PP hizo llegar con nocturnidad, un memorándum dicho "Plan Nacional de Reformas", con las reformas legales y de recortes sociales para cumplir los objetivos del déficit fijados por la troika de la UE.
Y, ay, incluye de una sola plomada recortes en sanidad, ensañándose especialmente en la financiación de la ley de dependencia, perpetrando un recorte que puede ascender a los 1.108 millones de euros (equivaldría a 184.355,6 millones de las antiguas pesetas), y aumentando el copago a los dependientes hasta un 50%.
Y, ay, incluye de una sola plomada recortes en sanidad, ensañándose especialmente en la financiación de la ley de dependencia, perpetrando un recorte que puede ascender a los 1.108 millones de euros (equivaldría a 184.355,6 millones de las antiguas pesetas), y aumentando el copago a los dependientes hasta un 50%.
Estos hechos son la defunción de la Ley de Dependencia (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006), que inició el despliegue del 1 de enero de 2007 . Era el intento de dotar de calidad de vida para todas aquellas personas que en los 3 grados y niveles de valoración de discapacidad en ser reconocida, se hace un PIA (Plan Individual de Atención) donde se detalla los servicios y atención personal adecuada por su grado de discapacidad, sea en el hogar, en la vida diaria, con asistencia de trabajadora familiar, los centros geriátricos, centros de día o servicios especializados, con familiar-cuidador/a. Puede suponer dilapidar el hecho de que haya 431.294 personas cuidadoras a nivel estatal (93% de ellas mujeres) y crear una reforma laboral encubierta de mujeres paradas que cotizan como cuidadoras en régimen especial, etc.
En Cataluña, que tiene 270.000 solicitudes atendidas, afectará a las 150.000 personas con valoraciones de dependencia realizadas, 135.000 dependientes ya reconocidos. Hay 1.639.990 personas dependientes a nivel estatal.
Recordar, que de una competencia que no le correspondía al Estado, ya que la acción social es competencia de las CCAA y nacionalidades, a la hora de la verdad, el PSOE legisló como una norma estatal. De ahí que tanto el Gobierno Balear, como la Generalitat de Cataluña y la Valenciana, entre otras administraciones, han tenido que asumir pagos de servicios de la Ley de Dependencia, por recortes presupuestarios del PP en aportaciones del Estado en 2012, por un importe de 283 millones de euros, con voluntad de centrifugar gasto a las administraciones autonómicas y quedarse el poder para legislar sobre la Ley de la Dependencia, a su conveniencia y arbitrariedad.
No hace mucho que el RD 20/2012 impulsado por el PP, ya ha supuesto una disminución del 15% en las ayudas para cuidados familiares, afectando a 400.000 personas a nivel estatal, y la suspensión hasta 2015 de los dependientes moderados en grado I, además de suspender el derecho retroactivo a diversas prestaciones económicas. Resultado: 146.000 de las 170.000 cuidadoras han dejado de cotizar en régimen especial de cuidadores de la Seguridad Social.
Esto provoca que con el nuevo hachazo, con los niveles de austericidio aplicados, quien acabe pagando las consecuencias sean las personas dependientes, porque se apunta al 50% de repago, para quien se lo pueda permitir, y teniendo en cuenta que las personas dependientes en buena parte tienen edad avanzada, además del gasto farmacéutico, es verter al abandono de servicios derivados de la dependencia porque con su ínfima pensión a la mayoría no les llegará, y esto es tanto como decir que con el recorte del PP en la dependencia, puede provocar una pandemia social vegetativa, no sólo de los que esperaban el reconocimiento y las prestaciones de la dependencia, que ya estaban en miles de casos paralizadas, sino que además asistiremos al presunto goteo del suicidio asistido por parte del estado, a las personas que para cuadrar el % de déficit impuesto, lo que se descuadrará será su calidad de vida, provocando el empeoramiento físico y psíquico, el aislamiento social de 1,6 millones de personas, y en el peor de los casos, acelerar el proceso de pérdida de vidas humanas derivadas de una decisión política nada inocente y, por ser impulsado por el PP, nada «caritativa».
Ante todo ello, la respuesta es rebelarse ya que el golpe al bienestar a una parte necesitada de la sociedad recibiría las consecuencias, y este hachazo equivale a un 2% de las aportaciones a la refinanciación de la banca española, cuestión de prioridades «populares». Habrá que exigir rectificación urgente y que los Gobiernos autonómicos tengan una oportunidad, mediante la Cartera Básica de Servicios Sociales, de incorporar servicios a la ciudadanía y presupuesto, para hacer inhabil el memorando de recortes presupuestarios del PP en la atención y la autonomía personal de personas necesitadas, que se merecen poder vivir en condiciones dignas.
* Moisés Rial es Secretario de Comunicación de CGT. Artículo publicado en el núm. 150 de la revista Cataluña.
http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9221#.Ubb2dOfwkVA
Fuente: Moisés Rial
