El informe “¿Sentando ejemplo ? Medidas antiterroristas en España” critica las prácticas que vulneran derechos básicos como el uso del secreto de sumario, la limitación del derecho a abogado y los largos periodos de prisión provisional.
Xosé Ramil / Redacción (27/01/2005)
“España está en una buena posición en la lucha contra el terrorismo respetando los derechos humanos, pero vemos aspectos problemáticos como el uso de la detención incomunicada y el secreto del sumario que impiden una defensa efectiva de los acusados”, afirma Jude Sunderland, autora del informe “¿Sentando ejemplo ? Medidas antiterroristas en España” que estos días presenta la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) a autoridades y medios españoles.
Para la realización del informe, Sunderland mantuvo entrevistas, entre abril y septiembre de 2004, con ONG, abogados, funcionarios del Gobierno, el juez Baltasar Garzón y tres sospechosos en el caso del 11-M en libertad provisional. “A diferencia de EEUU o Reino Unido, donde se practica la detención indefinida sin juicio, España aborda la lucha antiterrorista a través del sistema de justicia penal (…), pero las medidas antiterroristas desarrolladas en respuesta a la violencia de ETA limitan significativamente los derechos de presuntos terroristas”, mantiene el informe.
Entre estas medidas, cita concretamente la situación de incomunicación, que puede durar hasta 13 días, cuando antes de noviembre de 2003 era de cinco días. Esto impide que los detenidos no puedan entrevistarse con abogados en privado ni mantener contacto con familiares.
El informe alerta de que esta situación de incomunicación da lugar a un mayor riesgo de maltratos. Como ejemplo, Sunderland menciona las denuncias que algunos detenidos por el 11-M formularon por malos tratos y que no conllevó una investigación. “Preocupa que el juez Del Olmo -instructor de este caso- no realizase un seguimiento de estas alegaciones”, afirma Sunderland.
Los otros dos aspectos que el informe califica como preocupantes son el secreto de sumario y los prolongados periodos de prisión provisional. “El secreto de sumario es de 30 días, pero puede ser renovado indefinidamente hasta el cierre de la instrucción”, recuerda Suderland. “Una medida posible sería limitarlo en el tiempo y, además, que no afectase al auto de prisión”.
La prisión provisional también es criticada en el informe porque “los sospechosos de terrorismo pueden estar encarcelados hasta cuatro años antes de ser llevados a juicio”. A ello se añade las condiciones a las que, a menudo, están sometidos estos prisioneros sin juicio, como el limitado contacto con otros presos o un tiempo muy reducido fuera de sus celdas.
Para HRW, son en momentos coyunturales como el de la lucha antiterrorista cuando los Gobiernos deben mostrar su compromiso con los convenios y la legislación internacional en materia de derechos humanos.
Más información :
¿Sentando ejemplo ? Medidas antiterroristas en España
Informe de Human Rights Watch
Canal Solidario-OneWorld, 2005