Artículo de opinión de Rafael Cid
Si el nihil obstat no decae en algún charco de última hora, este 2020 tendremos por primera vez desde el Frente Popular de la Segunda República un gobierno de coalición de izquierdas en España. Porque el pacto nace de la extrema necesidad que tienen Sánchez, iglesias y Junqueras para sobrevivir políticamente, cada cual a su bola. Bien es verdad que de los tres partidos en liza el que menos arriesga es Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Si el nihil obstat no decae en algún charco de última hora, este 2020 tendremos por primera vez desde el Frente Popular de la Segunda República un gobierno de coalición de izquierdas en España. Porque el pacto nace de la extrema necesidad que tienen Sánchez, iglesias y Junqueras para sobrevivir políticamente, cada cual a su bola. Bien es verdad que de los tres partidos en liza el que menos arriesga es Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Que no se desgastará en el ejercicio del poder, y, sin embargo, gozará de una gran influencia sobre el desarrollo de esa cohabitación que el dirigente socialista ha presentado como <<rotundamente progresistas>>.
Puede prometer y promete, el papel todo lo aguanta y las palabras, como tiene archidemostrado el líder del PSOE, van y vienen a voluntad del declarante. Más allá de la simbología que sin duda tiene tamaña innovación (consenso de investidura y quizá de legislatura de izquierdas e independentistas), nadie espera que dicha confluencia se traduzca en una mutación del statu quo. Los 10 puntos del Pre-Acuerdo suscrito por PSOE y Unidas Podemos, por más que naden en la abstracción, dejan claro que no estamos ante la madre de todos los cambios. De hecho, Pablo Iglesias adelantó a sus seguidores que <<el cielo se asalta con perseverancia>>, y acto seguido permitió la aprobación de la llamada <<ley mordaza digital>> impuesta mediante Decreto-Ley por Pedro Sánchez.
Lo que ocurre es que este 2020 no es un año cualquiera. Sino justamente la fecha precisa en que empezará a regir con todas sus consecuencias la reforma del artículo 135 de la Constitución introducida en la <<era Zapatero>> por presión de la Troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) para evitar una intervención-país. Modificación que incorpora a las cuentas públicas el rigor mortis del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El sagrado compromiso de no incurrir en déficit superior al 3% del PIB y una deuda que desborde el 70%. Amén de aceptar que en todo caso el pago a los mercados acreedores tendrá carácter preferente frente a otras contingencias.
Esto significa que el nuevo Gobierno de coalición <<rotundamente progresista>> sería el primero en tener que aplicar en toda su extensión el nuevo precepto constitucional sancionado sin referéndum. Y ello en un contexto que ofrece pocas alegrías para la expansión del gasto público, habida cuenta de la aridez del marco macroeconómico de referencia. Tenemos el segundo peor índice de paro de la Unión Europea tras Grecia (14%, el doble aproximadamente que nuestros socios) y una deuda soberana que ha trepado al 98% del Producto Interior Bruto. Por más que sigamos creciendo por encima de la media europea, queda claro que este deberá ser el equipo que gobierne la financieración. Sobre todo porque acabar con los ajustes y recortes aplicados durante la crisis por el bipartidismo dinástico hegemónico no figura entre las prioridades del ejecutivo emergente.
La herencia de la crisis deflagrada en 2008, que los titulares del Estado hicieron recaer sobre los ciudadanos, se traduce en una sociedad generacionalmente dual, a cuya necesaria rectificación se opone esa Espada de Damocles que significa en la práctica el 135 de marras. Sirvan unos datos de prueba. En la actualidad, los jóvenes españoles tienen que dedicar el 94,4% de su salario para vivir de alquiler, y solo un 19% de los comprendidos entre 16 y 29 años pueden emanciparse. Cuando se cumplen 12 años del crac económico-financiero, los jóvenes representan la clase más vulnerable. Exclusión social que no ha caído del cielo, sino que en buena medida es consecuencia directa de las contrarreformas laborales perpetradas por el PSOE (2010) y el PP (2012) en la ofensiva neoliberal para que devaluar los costes agregados del factor trabajo.
Incluso el hachazo al sistema público de pensiones tiene como diana a la juventud (los potenciales jubilados de mañana). Mientras se activa la exigencia de revalorizarlas con el Índice del Coste de la Vida (IPC) que cercenó la modificación introducida por el PP en 2013, pocos se acuerdan ya del ajuste estructural regresivo que madrugó el PSOE en 2011, agravando las condiciones de percepción en todos sus tramos (precisamente el modelo que hoy combaten sin descanso millones de franceses). Quizá porque entonces aquella medida estuvo pactada con CCOO y UGT, <<unos de los nuestros>>. Ni siquiera los propios pensionistas en lucha lo suelen contemplar en sus reivindicaciones. A pesar de que son con las cuotas de los actuales trabajadores (que verán penalizadas sus pensiones futuras) como se pagan las que ahora disfrutan. Venerables Saturnos devorando a su prole. Igual que el 135, en este 2020 empezarán a sentirse los efectos más lesivos de esa contrarreforma a la que nadie contesta. Un estudio realizado por la Universidad de Valencia cifra la pérdida por persona jubilada respecto a 2019 en 22 euros/mes, eleva hasta 1.072 euros anuales la diferencia respecto a lo tarifado en el sistema existente antes de la contrarreforma de Zapatero, y en 2.212 euros cuando en 2027, al final del periodo contemplado en la norma, computen todos los supuestos.
El famoso orden de los factores. Como ese <<milagro>> del Banco de España (BE) anunciando que será posible crear empleo creciendo menos del 1% del PIB, contrariando así el canon que lo cifraba en un mínimo del 2%. Ninguna sorpresa en realidad, sino una mera constatación de la <<eficacia>> de las contrarreformas laborales en tándem de PSOE y PP (ambas originaron sendas huelgas generales, aunque tampoco de esto quieren acordarse los <<agentes sociales>> comprometidos en el gobierno de coalición PSOE-UP). Empleo, por supuesto; pero empleo basura. Ostentamos el récord en contratos temporales de toda la UE, que entre los jóvenes llega al 73,3% de los firmados, siendo la media europea del 43,9%. Obscenamente, el propio BE reconoce este misterio de trabajo como escaso crecimiento al constatar aumento de la productividad durante la recesión. La clave: se <<despide con mayor intensidad>> gracias a la pavorosa temporalidad, y se hace lo mismo con menos gente, admite el organismo regulador que no vio venir la crisis que pagaron los de siempre.
Gobernar la financiarización o para la financiarización, esa es la cuestión a la que tendrá que responder el nuevo gobierno <<rotundamente progresista>> de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
