La ciudad es el centro de gravedad de la protesta que está socavando la legitimidad del poder. Estamos ante una rebelión cívica, que se beneficia de la natural aglomeración de estos espacios ciudadanos y de la agilidad de movimientos proporcionado por una moderna red de transporte público. Pero a pesar de estas magníficas movilizaciones, el espacio ciudadano que aglutina la ofensiva del inefable 15M sigue sin ser propiamente una polis. Para que arraigue una auténtica polís, donde la fuerza del demos revele toda su naturaleza democrática, es preciso que el entorno urbano se funda con el medio rural, sin mutilaciones territoriales.
De ahí la amenaza que representa ese borrador que el gobierno mantiene oculto para reformar la Ley de Régimen Local y, con la excusa de la crisis, liquidar miles de pequeños ayuntamientos pasando sus competencias a las nefastas diputaciones. Esto significaría no sólo extirpar los concejos abiertos, que son la forma más pura aún existente de democracia directa, sino poner en marcha una suerte de desamortización antisocial que mercantilizaría los bienes comunes de esos municipios (bosques, tierras, pastos, etc.).
De ahí la amenaza que representa ese borrador que el gobierno mantiene oculto para reformar la Ley de Régimen Local y, con la excusa de la crisis, liquidar miles de pequeños ayuntamientos pasando sus competencias a las nefastas diputaciones. Esto significaría no sólo extirpar los concejos abiertos, que son la forma más pura aún existente de democracia directa, sino poner en marcha una suerte de desamortización antisocial que mercantilizaría los bienes comunes de esos municipios (bosques, tierras, pastos, etc.). Urge, pues, iniciativas del movimiento de los indignados que atajen esta asignatura pendiente, que como la de su difícil inserción con el mundo de los trabajadores empleados, podría significar un gran avance para la contestación integral al sistema.
Por todo ello, para que el formidable capital democrático acumulado por el movimiento de los indignados sirva para transformar el sistema, debería preparase para ir al asalto de las municipales en las elecciones del 2015. De esta forma, a la actual saga deslegitimadora sucedería otra de creación de derecho que significaría de hecho la caída del régimen de bipartidismo dinástico imperante. El modelo de referencia de esa apuesta podría ser el del 14 de abril de 1931, pero sus efectos tendrían que ser más profundos, superando el actual marco capitalismo monopolista de Estado. Sin duda es una propuesta insolente, casi indecente por su ortodoxa provocación, pero trataré de justificarla con un esquemático decálogo:
1. Para no morir de éxito y que la nueva conciencia que ha creado la solidaria protesta ciudadana fecunde, es preciso hacer también realidad legal el libertario “no nos representan” que grita la calle.
2. Necesitamos articular un proceso constituyente creando derecho, aunque no necesariamente debe terminan aprobando una nueva Constitución, Inglaterra no posee constitución sino derecho consuetudinario.
3. A medio plazo existe el riesgo de rendimientos decrecientes en la eficacia de la indignación, con reversión o bloqueo del proceso por el lógico adocenamiento de las movilizaciones, protestas, huelgas y resistencias.
4. Los escasos resquicios operativos del sistema, vía referendos o Iniciativa Legislativa Popular (ILP), son a la postre vías muertas que desembocan en la frustración. Las 500.000 firmas presentadas al Congreso en su día para derogar la Ley 15/97 que abrió el camino a la privatización de la Sanidad fueron ignoradas por el Gobierno socialista de entonces, siguiendo el mismo destino que todas las ILP presentadas hasta la fecha.
5. La toma de los municipios permite trasladar la práctica y las virtudes solidarias del movimiento 15M (anticapitalismo, horizontalidad, acción directa, asambleismo, derecho a decidir, etc.) al plano de una democracia de proximidad municipal que construya una realidad social transformadora de abajo-arriba.
6. Configurando un frente cívico que respalde candidaturas populares para las elecciones municipales del 2015 se puede reproducir el mecanismo que en 1931 dio al traste con aquel régimen monárquico soportado por un parlamento tan legal como irrepresentativo.
7. Esta plataforma precisaría de un programa afín a las demandas sociales más acuciantes (vivienda, salud, educación, empleo, servicios sociales, etc.), derogando el entramado legal impuesto desde la transición (OTAN, Artículo 135 de la Constitución, privatización de las cajas de ahorro, etc.) y asumiendo derechos de nueva generación (decrecentismo, ecologismo, rechazo de la deuda odiosa, antipatriarcalismo, etc.) a través de la ruptura democrática.
8. Este proyecto excede de una protesta unidimensional focalizada en el problema de la crisis económica. Va más allá porque en el caso español al común expolio económico-social se suman otros de carácter político, institucional y medioambiental, en una suerte de politraumatismo convivencial que se traduce en una corrupción generalizada que parasita a la sociedad.
9. Aunque se trata de una apuesta nueva y no existen precedentes cercanos, algunos referentes, como el caso de la coalición Syriza en Grecia, el de la CUP en Catalunya o AGE en Galiza, podrían banco de pruebas en la larga distancia. Sin mimetismos, sin perder la personalidad radical que le es propia, sabiendo la vía parlamentaria tradicional está agotada, y que sólo la democracia directa en esos 8.000 ayuntamientos existentes tiene potencialidad para revertir el sistema.
10. Para este reto histórico todos somos necesarios y nadie imprescindible. Es un proceso abierto a cuantos ansíen una sociedad que haga de lo humano la medida de todas las cosas. Sin privilegios, ni personas providenciales, ni despotismos carismáticos o numerus clausus por exigencias de género, religión, raza o ideología.
La propuesta arriba desarrollada, que nace de la convicción de la falta de un colofón constituyente en la larga marcha autogestionaria emprendida por el 15M, entronca con la tradición del municipalismo libertario y trata de superar el bloqueo de ese abstencionismo irredento que no distinge espacios ni tiempos. Hay que ser proactivo y no simplemente reactivos frente al poder. Donde está la sociedad está el derecho (ubi societas ibi ius), y hoy más que nunca la ley sólo obliga si constituye una ordenación de la razón dirigida la bien común. Las asambleas de barrio y pueblo de los indignados son un excelente laboratorio político para la toma de los municipios en 2015. Tanto es así que, en previsión, el Gobierno quiere reformar la Ley de Régimen Local para suprimir miles de pequeños ayuntamientos y pasar sus competencias a las franquistas diputaciones provinciales ¡Si se puede! Encima, según las previsiones más optimistas de la OCDE, en el 2014 España superará los 6,5 millones de parados, el 28% de la población activa.
Termino con una cita que considero pertinente al caso aquí expuesto. Pertenece a un pensador contemporáneo cuya lectura frecuento. “Un periodo revolucionario se da cuando cada cual deja de quedarse en su casa, de ser nada más que lo que es: zaatero, periodista, obrero o médico, y vuleve a ser un ciudadano activo que quiere algo para la sociedad y su institución, y condisera que la realización de eso que quiere depende de sí mismo y de los otros y no de un voto o de lo que sus representantes hagan en su lugar. Por definición una revolución así no es violenta: puede producirse sin derramar una sola gota de sangre” (Cornelius Castoriadis, La ciudad y las leyes, pág. 179)
Nota: Esta opinión arriba argumentada podría resultar nefasta si se atropellara en sus plazos y, en vez de servir como elemento de reflexión diera lugar a discordías en el seno del movimiento. El imperativo aquí y ahora es acumular fuerzas y evitar cualquier tipo de mistificación electoral que dañe su identidad plural y democrática.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
