Artículo de opinión de Antonio Pérez Collado, Confederación General del Trabajo País Valenciano y Murcia
La tragedia sufrida por un grupo de inmigrantes cerca de las costas italianas, con el resultado de 69 personas muertas (el balance podría superar las cien víctimas mortales si tenemos en cuenta a los desaparecidos) vuelve a señalar a los responsables de la política fronteriza europea. El Acuerdo de Schengen y la Agencia de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) han significado el cierre del espacio europeo a cualquier persona que intente llegar al viejo continente en busca de refugio o de alguna forma de sobrevivir a las penurias que le obligan a abandonar su tierra y jugarse la vida en el Mediterráneo o en las aguas de Canarias.
Esta reciente catástrofe de Calabria se une a otras muchas que se vienen sucediendo en los últimos años y que dejan ya una huella, al menos en algunas conciencias, de varios miles de muertos y desaparecidos. Europa se gasta muchos millones de euros en levantar vallas fronterizas y en equipos de vigilancia en un intento inútil de impedir que seres humanos carentes de lo imprescindible para vivir puedan arribar a las puertas del paraíso consumista. En muchos casos estas personas provienen de países que hasta no hace tanto fueron colonias de las principales potencias europeas y aun hoy siguen sufriendo el expolio de sus recursos en beneficio de las grandes empresas del mundo desarrollado.
En el caso de este último infortunio se han sobrepasado todos los límites de la insensibilidad humana, ya que al parecer las autoridades italianas sabían que el precario barco con el que estos migrante salieron de Turquía se estaba hundiendo y conociendo su obligación de prestar ayuda no enviaron barcos de auxilio ni permiten que organizaciones humanitarias realicen labores de rescate en las aguas jurisdiccionales, en cumplimiento de las nuevas reglas xenófobas impuestas por el gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni.
Con gran cinismo el ministro de Interior italiano llegó a declarar que sabían lo que estaba ocurriendo, pero que no hicieron nada para evitar el máximo de desgracias porque nadie obliga a los inmigrantes a subirse a una patera, ni menos aún a hacerlo con niños. Estamos ante un nuevo ejemplo de xenofobia institucional e incumplimiento de los derechos humanos por parte del gobierno de un país democrático.
Estas políticas racistas e insolidarias con personas en busca de refugio se ha venido aplicando por los estados europeos desde hace años, con independencia de que en algunos casos (como el de las guerras de Siria y Ucrania) se haya acogido a una pequeña parte del éxodo provocado por dichos conflictos armados.
Lamentablemente aumentan en toda Europa los partido políticos con programas claramente racistas y ultranacionalistas, que a pesar de sus mensajes antidemocráticos logran el apoyo electoral de un sector importante de la población. La izquierda, lo poco que queda de ella, en lugar de combatir eficazmente esas ideas retrógradas, modera su discurso para ganar electorado y asume propuestas restrictivas en políticas migratorias.
Privada la sociedad de discursos a favor de la solidaridad entre los pueblos y la libre circulación de las personas (al menos al mismo nivel que lo tienen las mercancías) los comportamientos racistas, las agresiones y el odio al extranjero se instalan en nuestras ciudades, empobreciendo la convivencia, la democracia y el diálogo entre culturas.
Pero el rechazo y la insolidaridad ya no se limitan al extranjero, al que tiene un tono más oscuro de piel, al que sigue otras costumbres, etc. Ahora ya se empieza a mirar mal al pobre, al que no tiene trabajo, al que pierde la vivienda, al que necesita recurrir a los servicios sociales. Recientemente la viceconsejera de Sanidad madrileña llegaba a preguntarse públicamente si tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema. Sin dejar de ser una burrada, la reflexión de este patético personaje no es más que el seguidismo del plan capitalista para lograr que la sanidad, la educación y el resto de servicios públicos sean privatizados lo antes posible… y quien no pueda pagarlos, que se apañe. Un triste panorama social, sin duda.
Fuente: Gabinete de Comunicación de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia
