Greenpeace se arriesga a ser declarada ’organización criminal’ y ser ilegalizada. La organización comparece desde hoy en un tribunal federal de Florida (Miami) tras la denuncia presentada por la Fiscalía General por la protesta pacífica llevada a cabo en 2002 por sus activistas contra un barco que transportaba madera de caoba ilegalmente talada en la Amazonía brasileña.
El caso se remonta a abril de 2002, cuando seis activistas de la ONG ecologista abordaron frente a la costa de Florida un buque mercante que se dirigía a Miami y desplegaron una pancarta con el lema ’Presidente Bush, detenga la tala ilegal’. Según recuerda Greenpeace, en su momento los ecologistas fueron declarados culpables, pagaron una multa y pasaron el fin de semana en prisión.
Sin embargo, la Justicia estadounidense no había cerrado totalmente el caso : en julio de 2003, el Departamento de Justicia dirigido por John Ashcroft decidió procesar a toda la organización en su conjunto, «en lugar de investigar y denunciar a los importadores norteamericanos de madera ilegal».
La Fiscalía recurrió a la una ley de 1872 contra el ’sailormongering’, una práctica por la cual las prostitutas de los puertos subían a los barcos o incitaban a los marineros desde tierra a acudir a las tabernas. Esta ley «oscura» se ha utilizado sólo dos veces en 130 años, la última de ellas hace cien años.
«La legislación estadounidense será utilizada para declarar a Greenpeace como una ’organización criminal’, mientras los madereros, transportistas y comerciantes de caoba ilegal siguen impunes y se ríen de la ley», denuncia Greenpeace, afirmando que «la madera ilegalmente talada sigue llegando a Estados Unidos y Europa, España incluida, y los criminales siguen trabajando en el corazón de la Amazonía».
Respecto a John Ashcroft, Greenpeace le define como «el hombre que cree que Greenpeace Estados Unidos debe ser declarada organización criminal por poner en conocimiento de las autoridades un crimen que estaba a punto de ocurrir en suelo norteamericano». «Él es responsable de que nuestro derecho a la libertad de expresión corra peligro», añade.
«Desgraciadamente, él no está obligado a explicar por qué la Administración Bush cree necesario declarar ilegal a Greenpeace -apunta la ONG-, ni tampoco dará a conocer por qué la Administración Bush permite que los verdaderos criminales sigan sin castigo y la Amazonía sea saqueada». La caoba es una de las maderas protegidas por el Convenio Internacional sobre el Comercio de especies de flora y fauna amenazadas (CITES).
El pasado 15 de abril, el juez federal encargado del caso, Adalberto Jordan, aceptó la petición de Greenpeace para celebrar el juicio con jurado. El magistrado afirmó que la denuncia de la Fiscalía es «extraña y tal vez sin precedentes», que tenía que ver con la libertad de expresión y que parecía no estar exenta de cierto tinte político.
En el proceso, Greenpeace estará representada por David Halperin, antiguo ayudante del que fuera presidente estadounidense Bill Clinton, quien defenderá ante el tribunal que esta demanda es «un peligroso precedente para el futuro de la libertad de expresión y el derecho a la protesta civil en Estados Unidos».
Par : Europa Press
