La “Transición” fue concebida y realizada en el marco de la “legalidad”
definida por la Leyes fundamentales del régimen franquista. La amnesia
histórica y la impunidad de los crímenes del franquismo fueron el precio de la “Democracia política” Por ello han tenido que pasar tantos años para que pueda comenzar el proceso de recuperación de la memoria histórica y de rehabilitación moral de las víctimas de la represión franquista.
Y por ello también este proceso no ha comenzado desde las instituciones ni desde los partidos, sino desde grupos y
asociaciones que se han impuesto este deber de memoria y de justicia.
Y es así que, gracias a la perseverancia de estos grupos y asociaciones, los partidos políticos se han visto obligados a presentar
iniciativas parlamentarias para ir saldando institucionalmente esta
deuda moral y política con las víctimas de la represión franquista.
En este sentido, la Resolución aprobada el 20 de noviembre de 2002 en
el Congreso de los Diputados marcó un hito decisivo. Y no sólo porque
por primera vez el PP aceptaba condenar el golpe militar de 1936 y se
asociaba a la rehabilitación moral de las víctimas de la guerra civil y
de la posterior represión franquista, sino también porque en esta
Resolución se insta a las Instituciones del Estado a apoyar las
iniciativas de las familias afectadas.
No obstante, esta histórica Resolución parlamentaria “no ha tenido la
repercusión que precisa su observancia” (Defensor del Pueblo, Informe
anual de 2003) de parte de las Instituciones del Estado.
Particularmente en lo que concierne a la revisión de los juicios
sumarios realizados durante la dictadura franquista, que el Tribunal
Supremo persiste en denegar. De ahí que debamos exigir a la actual
mayoría parlamentaria nuevas iniciativas para obtener la plena
observancia institucional de la Resolución del 20 de noviembre de 2002
y para que se haga justicia a TODAS las víctimas de la represión
franquista.
La “rehabilitación” al finalizar la anterior legislatura
El 8 de julio de 2003, la diputada socialista Amparo Valcarce presenta
en el Congreso de los Diputados una “Proposición no de ley” para que se
proceda a “la anulación de todos los juicios sumarios” realizados por
los Tribunales franquistas. Pero, dos días después, el 10 de julio de
2003, el Tribunal Supremo deniega el Recurso de revisión presentado
unos meses antes por el hijo de una pareja de militantes del POUM
condenados a muerte en 1941.
El 16 de julio de 2003, CiU, el PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds presentan en el Parlamento catalán un “proyecto de Ley para
revisar y anular las sentencias dictadas durante la guerra civil y la
dictadura franquista” por “motivos políticos, sociales o ideológicos”.
Pero, el 10 de septiembre de 2003, el PP rechaza la Proposición
presentada por la diputada Valcarce, argumentando que en la Resolución
del 20 de noviembre de 2002 ya está “reafirmado el reconocimiento moral
de todos cuantos, hombres y mujeres, fueron víctimas de la guerra civil
y también de todos los que sufrieron la represión y el exilio”.
El 25 de septiembre de 2003, el Parlamento de Andalucía aprueba una
iniciativa socialista para dar “reconocimiento público y moral de
respeto” a cuantos fueron “asesinados durante la Guerra Civil española
por haber defendido los valores republicanos”.
El 31 de enero de 2004, en Estrasburgo, nueve parlamentarios del PSOE,
CiU y PNV presentan un proyecto de Resolución para que el Consejo de
Europa condene el franquismo y exija la reparación moral de las
víctimas de la represión franquista.
La “rehabilitación” con la actual legislatura : ¿una “Transición” bis ?
Con el cambio político del 14-M surgen grandes expectativas… Pero el
Secretario de Justicia del Tribunal Constitucional-Sala Primera
notifica, el 14 de abril de 2004, a la Procuradora Ana Llobera el
Informe (fechado el 14 de abril de 2000) del Fiscal sobre el Recurso de
amparo promovido en 1999 por las familias de Francisco Granado y de
Joaquín Delgado contra el “Auto de la sala de lo Militar del Tribunal
Supremo recaído en el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra sentencia del Consejo de guerra Ordinario sobre delito consumado
de terrorismo”. En este Informe, que aún no ha sido ratificado o
rechazado por el Pleno del Tribunal Constitucional, el Fiscal valida el
Auto del Tribunal Supremo denegando la revisión del Consejo de Guerra
de 1963.
El 14 de mayo, los Grupos Parlamentarios ERC, IU-IC y Mixto solicitan
la creación de una Comisión Parlamentaria no permanente para elaborar
el Libro Blanco de la Reconciliación, contra la impunidad y los
crímenes contra la Humanidad, donde el Estado español pase
definitivamente página a la historia.
El 28 de mayo, el Tribunal Constitucional no admite a trámite una
demanda de revisión de un juicio sumarísimo de 1975, aunque por primera
vez se excusa de tener que hacerlo :”La dura realidad de la Historia no
puede soslayarse en lo jurídico con procesos de revisión indefinida”.
El 2 de junio, el Congreso de los Diputados aprueba una Proposición no
de ley de PNV, EA y el BNG, enmendada por el PSOE, que reitera
(Resolución del 2002) el reconocimiento moral, social y económico a las
víctimas de la guerra civil y del franquismo, instando al Gobierno a
sistematizar la legislación que se ha venido aprobando en este terreno,
incluida la reparación de daños “que se hubieran podido producir
durante la transición a la democracia, con propuestas específicas de
programas, medidas y actuaciones concretas para mejorar sus situación
actual”.
El 8 de junio, en la sesión de la Junta de Portavoces, los votos del
grupo Parlamentario Socialista y los del Partido Popular impiden que se
constituya la Comisión solicitada por los Grupos Parlamentarios ERC,
IU-IC y Mixto el 14 de mayo.
El 18 de junio, el Parlamento de Cataluña aprueba por unanimidad una
iniciativa parlamentaria, presentada por el PSC, ERC e ICV y que
recibió el apoyo de CiU y el PP, instando a la Generalitat a que
traslade al Gobierno la necesidad de “adoptar medidas adecuadas” para
decretar “la nulidad de todos los juicios y sentencias dictadas durante
el franquismo”.
Los ex franquistas siguen saboteando la rehabilitación…
Pero ese mismo día, la Sala de lo militar del Tribunal Supremo
desestima, con argumentos en los que se sostiene implícitamente la
legalidad del franquismo, la revisión de 72 penas de muerte dictadas
por los Tribunales franquistas.
Téngase en cuenta, además, que la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, ha comunicado ( 7 de junio de 2004 ) a la
viuda del antifranquista Francisco Granado, ejecutado en 1973, que no
tiene derecho a las ayudas concedidas a los ex presos del franquismo
porque su marido, ejecutado 17 días después de haber sido detenido, no
hizo el tiempo mínimo de prisión exigido (un año) por la normativa,
noviembre de 2002 y del 2 de junio de 2004 del Congreso de los
Diputados para rehabilitar e indemnizar a TODAS las víctimas de la
represión franquista !
predicaba en la oposición : ¡ANULACIÓN SENTENCIAS FRANQUISTAS YA !
Por el “Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado y de apoyo a
Pilar Vaquerizo”
Antonio Martín
Octavio Alberola
