Por Gregorio Dionis. La ingeniería de estos sistemas de impunidad se basa en una simulación de legalidad que deja fuera de uso todos los instrumentos del derecho internacional y las obligaciones derivadas del mismo para los estados, dejando en total impunidad y otorgando inmunidad a autores de crímenes graves contra la humanidad.
La gira del presidente Uribe Vélez a Europa viene marcada por varios acontecimientos que han permitido aprehender el tipo de política a la que ha dado en llamar de “Seguridad Democrática”. Dicha política afecta a la seguridad interior de Colombia, al tratamiento de la guerra civil, al problema del narcotráfico y a las negociaciones de paz para dar una salida al conflicto.
Lo cierto es que el presidente Uribe Vélez ha implementado una política de estado de excepción, acorde con la tradicional ausencia del estado de derecho en Colombia. Basta recordar, a pesar de su triste récord en violaciones de derechos humanos, que el único presidente en la historia colombiana que no utilizó el estado de excepción fue el presidente Pastrana, y esto a lo largo de más de un siglo de la historia colombiana.
Es este aspecto de la política interior colombiana el que, tras los atentados del 11S, le permite sintonizar mejor con la política de Bush, cuyo departamento de Estado ha certificado que el Gobierno Uribe cumple con los estándares sobre protección de Derechos Humanos ; lo mismo puede decirse respecto de la política del incombustible Blair en Gran Bretaña, que ha enviado asesores de los cuerpos especiales a Colombia y, por supuesto, respecto del apoyo incondicional e irrestricto del Ministerio de Asuntos Exteriores español. En este último caso hay que decir que cuenta con ese apoyo desde la época de su candidatura a la Gobernación de Antioquia.
Pero esta fortaleza que el “españolísimo” Pacho Santos considera una obra maestra, no de la coyuntura de la política internacional, sino de sus elaboraciones teóricas, es totalmente falsa en su constructo, además de violatoria de los derechos humanos y de las convenciones latinomericanas e internacionales sobre derechos humanos. Pacho Santos, que ha precedido a su jefe espiritual organizándole el viaje al viejo continente, ha llevado esto al extremo de seleccionar, desde la Embajada colombiana en Madrid, con qué organismos de derechos humanos tiene que reunirse Uribe Vélez. Dicho de otra forma, ha utilizado la cooptación más o menos encubierta en reuniones “confidenciales” para conseguir consensuar las críticas en una suerte de “agenda oculta de los derechos humanos”.
Y siguiendo con el método colombiano, han utilizado el “prestigioso y objetivo” diario El Tiempo para intentar criminalizar la actuación de aquellos organismos de derechos humanos de la capital Belga que obstinadamente se plantean la defensa de los derechos humanos en Colombia desde hace años y que, evidentemente, no entraban en la “agenda oculta” de Pacho Santos. (Para los lectores desprevenidos, si los hay, hay que recordarles que el “españolísimo” Pacho Santos es miembro de la familia propietaria del periódico.)
Este mecanismo de criminalización de los organismos de derechos humanos ha sido utilizado en forma permanente y masiva por la estrategia de “seguridad democrática”, y para ello no se ha dudado en usar todos los recursos posibles, que van desde las falsas incriminaciones, detenciones arbitrarias, asesinatos, amenazas y, por supuesto, la eliminación de toda posibilidad de financiación para un proyecto de derechos humanos. Y en esto la UE, en el período de gobierno español, prácticamente eliminó de su financiación a este tipo de organismos. De hecho, la práctica totalidad de la financiación ha quedado en manos de miembros de una única orden religiosa.
A esta política no ha sido ajena la financiación, gracias a los dineros americanos del Plan Colombia, de la mayor campaña de imagen de los últimos años llamada a conseguir vender el proyecto político de impunidad total ; sólo el Grupo Rendon ha utilizado unos recursos de 2,4 millones de dólares en la “imagen” del Ministerio de Defensa colombiano.
El resto de la financiación de las operaciones encubiertas del ejército colombiano, que se ha llevado adelante a través de la creación del paramilitarismo, se obtiene a través del narcotráfico. Esto lo ha venido a demostrar palmariamente la policía italiana, la cual, para hacer frente a una avalancha de cocaína y heroína colombiana, decidió infiltrar a una familia de la mafia calabresa, mafia conocida como Ndrangheta, un grupo criminal mafioso cuya crueldad supera al de la más conocida mafia siciliana. La policía italiana seleccionó a una familia de apellido Mancuso y a la cual pertenecía el jefe de los paramilitares Salvatore Mancuso (es de destacar que una de las formas de asesinato preferida por las AUC, cual es el descuartizamiento de campesinos vivos utilizando motosierras, es también uno de los métodos de la Ndrangheta).
Hay que recordar que Salvatore Mancuso fue el encargado de llevar adelante la masacre de la Finca Bellacruz, encargo recibido de la familia del ex embajador colombiano ante la Unión Europea, Carlos Arturo Marulanda, quien, a su vez, tiene a mérito haber sido el primer embajador al cual el Parlamento Europeo pidió su destitución. El señor ex embajador vivió clandestinamente en Madrid bajo la protección del Gobierno español hasta el momento en que, mediante técnicas de ingeniería jurídica, fue extraditado a Colombia y, por supuesto, poco después dejado en libertad. Para más información sobre este caso ver documentos.
Pues bien, entre los objetivos básicos de la gira europea del “españolísimo” Pacho Santos y su jefe Alvaro Uribe, está el de conseguir apoyo para la legalización de los paramilitares dirigidos por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. A esta legalización la teoría de la “seguridad democrática” la denomina “proyecto de alternatividad penal”.
Como este “proyecto de alternatividad penal” es claramente violatorio del Pacto de San José de Costa Rica, de la doctrina de la Comisión y de la Corte Interamericanas, de los pactos y convenciones del Sistema de Naciones Unidas, e incluso de las Convenciones de Ginebra de 1949, que marcan el listón mínimo aplicable a los conflictos armados, la diplomacia de Uribe Vélez recurrió a otro experto en aquello del estado de excepción : D. César Gaviria, ex presidente de Colombia y quien tiene a mérito haber gobernado la práctica totalidad de su mandato vía decretos de excepción (el estado de derecho le duró sólo los primeros cuatro días de gobierno), además de ser el primero en utilizar bajo vía legal las técnicas del paramilitarismo.
Don César Gaviria, con nocturnidad y alevosía, ha dejado a todo el sistema interamericano fuera de juego al decidir ayudar a la verificación de la desmovilización de los paramilitares en Colombia ; para ello ha comenzado a poner en marcha la instrumentación paralegal que se utilizó al final del conflicto de los años 80 en Centroamérica y que dio lugar a los sistemas de impunidad de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Chile y Argentina. Estos sistemas de impunidad , después de casi treinta años, han demostrado su total inviabilidad económica, social y jurídica. La detención de Augusto Pinochet en Londres se encargó de elevar a los mismos al grado de esperpento.
La ingeniería social y legal de estos sistemas de impunidad se basa en utilizar una simulación de legalidad que deja fuera de uso todos los instrumentos del derecho internacional, y por consiguiente las obligaciones derivadas del mismo para los estados, dejando en total impunidad y otorgando inmunidad a todos los autores de crímenes graves contra la humanidad.
Lo que realmente quiere el sistema de seguridad democrática es eliminar el estado de derecho y la totalidad de los derechos civiles. Para ello basta con decir que una organización mafiosa y criminal deviene una organización legal, incluso con representación parlamentaria.
Es por todo ello que apoyamos a todos aquéllos que se oponen a la presencia de Uribe Vélez en Europa y solicitamos de la Unión Europea que utilice los mecanismos del sistema internacional de derechos humanos para mensurar la necesaria política de apoyo a un proceso de paz que termine definitivamente con una guerra sangrienta de más de cuarenta años.
…Pero una paz que garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
UE, 05 de febrero de 2004
Equipo Nizkor
Par : Miguel
