Un año después de uno de los mayores accidentes nucleares, el gobierno del Partido Popular, y a la vez de las grandes compañías eléctricas, se empeña en mantener la explotación de la Central Nuclear de Garoña, un reactor idéntico a uno de los más afectados en aquella catástrofe.
El Gobierno ha anunciado recientemente su decisión de prorrogar la vida de la Central al menos hasta 2019, a pesar de que ya el anterior gobierno determinó su cierre para el año 2013 y así fue ratificado por la Audiencia Nacional.
Dicho
cierre, tal y como exigió ante la Audiencia Nacional la CGT junto a
Greenpeace y Ecologistas en Acción, tendría que haberse realizado
en el año 2009, cuando la Central cumplió el periodo de 40 años
para el que había sido diseñada para funcionar con “seguridad”.
Esta nueva prorroga supone una temeridad más a la que nos exponen
los intereses del lobby nuclear.
Dicho
cierre, tal y como exigió ante la Audiencia Nacional la CGT junto a
Greenpeace y Ecologistas en Acción, tendría que haberse realizado
en el año 2009, cuando la Central cumplió el periodo de 40 años
para el que había sido diseñada para funcionar con “seguridad”.
Esta nueva prorroga supone una temeridad más a la que nos exponen
los intereses del lobby nuclear. Garoña tan solo aporta algo más de
el 1% del total de la producción eléctrica española por lo que
podría ser desconectada sin perjuicio alguno para el suministro
eléctrico ocupando a menos de 300 trabajadores que podrían ser
recolocados en su desmantelamiento y el plan de desarrollo comarcal
vinculado a éste.
No
podemos dejar de señalar como responsables de este nuevo riesgo que
supondrá la nueva prórroga, a la propietaria NUCLENOR, que pretende
mantener los enormes beneficios económicos de una vieja central
sobradamente amortizada, el Consejo de Seguridad Nuclear, que una vez
más se señala como destacado agente pronuclear en lugar de garante
de la seguridad de este tipo de centrales, y como no el Gobierno del
Partido Popular al servicio de sus amiguetes, los directivos de las
grandes compañías eléctricas.
Un
año después del terrible accidente de Fukushima, resulta patente
que el Gobierno de Japón, la compañía eléctrica y el organismo de
seguridad nuclear no solo despreciaron las consecuencias del
accidente, sino que mintieron reiteradamente sobre la realidad de lo
que allí pasaba, en claro desprecio al riesgo creado sobre la
población. Es más, de haberse tomado con anterioridad determinadas
medidas como el enfriamiento con agua de mar, lo que suponía admitir
la magnitud de la catástrofe, los efectos de la catástrofe nuclear
se hubieran podido reducir.
La
realidad iba superando una y otra vez a la ficción de la misma
manera que la propia empresa propietaria de la Central TEPCO o la
presidenta del Foro Nuclear Español, María Teresa Domínguez, iban
cambiando sus versiones sobre los hechos y las consecuencias que
estos tenían. Todo falló antes y después del accidente: los
riesgos se conocían dado que existían informes que los reflejaban,
las medidas de prevención y el plan de emergencias se demostraron
como un auténtico fracaso y lo que es peor, las consecuencias de la
catástrofe las pagaron los ciudadanos que aun hoy se quejan de la
falta de información, y el erario público que terminará sufragando
los costes del accidente.
Aun
existen más de 100.000 desplazados en el entorno del accidente donde
se mantiene por el gobierno japonés la zona de exclusión en un
radio de 20 km. de la central. La descontaminación ha terminado
siendo asumida por el Gobierno Japonés, eximiendo a la empresa que
ocasionó tales daños de gran parte de los costes de su reparación.
Mientras unos se enriquecen somos otros los que pagamos las
consecuencias.
Las
consecuencias sobre la población de la fuga radioactiva derivada de
la fusión de 3 de los reactores de la central de Fukushima no se
podrán determinar hasta dentro de 20 años. El Gobierno Japonés ha
informado que solo el desmantelamiento de la Central va a durar unos
40 años, mientras que aún no sabe qué hacer con los millones de
toneladas de residuos contaminados.
La
prórroga de Garoña no ha sido la única medida adoptada por el
actual Gobierno abandonando los intereses generales y allanándose a
los intereses de las grandes compañías eléctricas. La
aprobación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos
nucleares en Villar de Cañas y la eliminación de un plumazo de
las ayudas al desarrollo de la energías renovables, que ya están
destruyendo cientos de puestos de trabajo en este sector, son nuevos
atentado un modelo energético seguro, eficiente y sostenible en
beneficio del Capital. Por lo que desde la Confederación General del
Trabajo (CGT) tenemos que combatir este atentado contra la clase
trabajadora y el medio ambiente. Por que el accidente de Fukushima lo
hemos sufrido nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras.
SECRETARIADO
PERMANENTE DE LA CGT
Fuente: Secretariado Permanente CGT
