El Gobierno ha sido forzado a revisar la normativa que regula el proceso de normalización por la gran cantidad de manifestaciones, concentraciones, encierros y denuncias públicas que numerosas organizaciones sociales y sindicales vienen realizando desde que comenzó dicho proceso el pasado 7 de febrero. La revisión efectuada, con el beneplácito de CCOO-UGT y la CEOE, define una nueva figura legal que se añade a los ya draconianos requisitos que deben cumplir las personas indocumentadas : el « empadronamiento por omisión ».
El empadronamiento por omisión consiste, básicamente, en otorgar a las autoridades municipales el poder conceder certificados de empadronamiento a quienes demuestren de uno u otro modo que residían en ese municipio antes del 7 de agosto de 2004.
El Gobierno ha sido forzado a revisar la normativa que regula el proceso de normalización por la gran cantidad de manifestaciones, concentraciones, encierros y denuncias públicas que numerosas organizaciones sociales y sindicales vienen realizando desde que comenzó dicho proceso el pasado 7 de febrero. La revisión efectuada, con el beneplácito de CCOO-UGT y la CEOE, define una nueva figura legal que se añade a los ya draconianos requisitos que deben cumplir las personas indocumentadas : el « empadronamiento por omisión ».
El empadronamiento por omisión consiste, básicamente, en otorgar a las autoridades municipales el poder conceder certificados de empadronamiento a quienes demuestren de uno u otro modo que residían en ese municipio antes del 7 de agosto de 2004.
Las demandas que a gritos se pedían desde todos lados eran que se admitieran otro tipo de pruebas alternativas al certificado de empadronamiento. Pero la respuesta no ha sido escuchar a la calle sino crear otra figura legal que vuelve a dejar a los inmigrantes en manos de la arbitrariedad, en este caso de las autoridades locales. Ya no es suficiente que la persona inmigrante se someta a la voluntad del empresariado que le explota ilegalmente, sino que tiene que pasar por el veredicto del Ayuntamiento correspondiente.
En resumen, una nueva vuelta de tuerca en la demagógica política de inmigración del PSOE, que hace gala de una ya doble dejación de responsabilidades ante la situación del millón largo de indocumentados existentes en el estado español. Antes lo hizo con los empresarios, que son quienes deben tramitar la solicitud con el compromiso de contratación, y ahora lo hace con los Ayuntamientos.
La CGT no puede por menos que denunciar la responsabilidad de los sindicatos institucionales CCOO y UGT en una medida que no sólo no responde a las mínimas demandas expresadas por el colectivo inmigrante de flexibilización de los criterios, sino que deriva la responsabilidad a una instancia burocrática a mayores, con lo que el procedimiento para la persona sin papeles se hace aún más arduo y complejo.
Para CGT esta nueva reforma es una auténtica chapuza que muestra la improvisación, la inflexibilidad, el no escuchar nada lo que miles de personas están pidiendo en la calle. Por consiguiente, CGT continuará llamando y colaborando en la movilización de los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes hasta que se produzca el reconocimiento de sus derechos humanos, sociales, civiles y políticos.
Secretariado Permanente de CGT-Andalucía
Secretaría de Inmigración
