Con marchas y concentraciones en varios lugares del mundo se celebró el viernes 6 de marzo, la Jornada Nacional Contra las Ejecuciones Extrajudiciales convocada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Bajo el lema “Los falsos positivos son crímenes de estado”, ciudades como las colombianas Medellín, Cali, Bucaramanga y Cúcuta ; las europeas Madrid, Barcelona, Gijón, Bilbao, Berlin. París o Roma ; así como latinoamericanas como México D.F.o Buenos Aires, marcharon en reclamo de “verdad, justicia y reparación” para los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales que se han dado en Colombia en los años de gobierno de Álvaro Uribe.
En Bogotá, el encuentro de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia comenzó sus trabajos el día anterior y estaba previsto continuara con los mismos en el día de hoy. Los familiares, llegados de todas partes del país, participaron en la marcha que recorrió las calles de la capital colombiana entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.
En la tarde, se realizó una rueda de prensa en el céntrico Hotel El Parque en donde algunos de los familiares denunciaron sus casos ante los medios de prensa y la sociedad civil.
Liliana Uribe, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, señaló que “además de que existe un práctica generalizada y sistemática para cometer ejecuciones extrajudiciales en todo el país, la impunidad también es grave y sistemática”. Así, su organización ha recogido casos en al menos 23 departamentos del país -en los que se repiten los “mismos patrones”- con un total de 1477 víctimas de desapariciones forzadas, muchas de las cuales han sido reportadas como personas abatidas en combate. Por otro lado, “sólo en la Unidad Nacional de DDHH hay 716 investigaciones con 1171 víctimas. Sólo en 32 casos ha habido la fiscalía se ha pronunciado para que los procesos avancen, para que pueda haber juicio. La impunidad en las fiscalías seccionales es mucho más alta”. “Además, no hay investigaciones acerca de las responsabilidades del más alto nivel”, añadió. Respecto a las declaraciones del Ministro de Defensa realizadas el día anterior, según las cuales no se habrían recibido denuncias por “falsos positivos” desde octubre del año pasado, la Comisión habría documentado cinco casos de ejecuciones extrajudiciales entre octubre y diciembre de 2008.
Las movilizaciones fueron acompañadas por algunos de los integrantes de la Comisión Ética de la Verdad, entre los que se encuentra el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel –que no pudo acudir a la cita– o Mirta Barballe, integrante de la fundación de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora. El Mexicano Gilberto López y Rivas, parte de la misma, declaró en su intervención de la tarde que “el Gobierno colombiano ha hecho de los crímenes de estado, su política de estado”, y calificó el caso de los “falsos positivos” como un “genocidio” dadas “sus dimensiones, su sistematicidad” y su finalidad de “hacer desaparecer un sector social específico de la sociedad”.
La jornada se cerró por la noche con el acto simbólico de “La Noche de las Sábanas blancas” celebrado en la capitalina Plaza Bolívar.
Con anterioridad a la rueda de prensa celebrada por la tarde, Kaosenlared pudo entrevistar a Franklin Castañeda, parte del Comité Nacional de Impulso (instancia de coordinación nacional del MOVICE) y Secretario General de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
La Jornada tiene varios objetivos. El primero de ellos es impulsar que las familias de quienes han sido ejecutados extrajudicialmente y presentados como bajas en combate puedan juntarse, puedan compartir su dolor, puedan saber que no están solos y que puedan empezar a organizarse en pro de la justicia, la verdad y la reparación.
Además, tiene el objetivo de empezar a hacer visibles el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, que es algo que venimos denunciando las organizaciones de Derechos Humanos desde hace muchos años pero que con el actual Gobierno se ha incrementado de manera sostenida. Desde el 7 de agosto del 2002 hasta el 2007 llevamos 955 ejecuciones extrajudiciales documentadas.
Siempre ha habido ataques por parte del Gobierno Nacional, incluso por parte del Presidente, diciendo que salíamos a encubrir a los guerrilleros muertos en combate dándoles el tinte de campesinos. Pero a finales del año pasado se destapa cómo venían implementándose estrategias para ejecutar extrajudicialmente a personas y presentarlas como muertos en combate. A partir de ahí hay un giro en ciertos sectores de la sociedad colombiana, lo que anima a que las víctimas puedan también salir y manifestar su caso.
Entonces, lo que queremos en este encuentro es visibilizar el fenómeno, visibilizar que continúa el fenómeno, no como lo ha dicho Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa, en el día de ayer. Varios de los casos que vamos a presentar en la sesión que vamos a tener son casos recientes que demuestran que, debido al escándalo y la vigilancia de la comunidad internacional, los casos se han reducido, pero que aún se presentan. Aún se manifiesta la impotencia del Ejército, que frente a su incapacidad para presentar resultados concretos mediante la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, ha continuado con las ejecuciones.
Hay dos cosas. Lo primero es que hay un temor muy fuerte por parte de las víctimas y unas restricciones muy grandes a las organizaciones de DDHH y por tanto tenemos subrregistros. Sabemos que el fenómeno es mucho mayor.
Cuando empezamos a organizar este evento, pensábamos en una participación de unos 50 a 70 familiares. Sin embargo, están participando más de 200 personas que representan otros tantos casos de ejecuciones extrajudiciales, entre los que se encuentran casos incluso de febrero de este año.
Las estrategias han cambiado. Una vez que los defensores de DDHH hemos logrado develar algunas de las modalidades, han pasado a otras. Pasamos de las detenciones arbitrarias y masivas -que llegaron a afectar a más de 8.000 personas en los primeros tres años de gobierno de Álvaro Uribe, y demostramos que más del 80% de ellas eran ilegales y la justicia colombiana los absolvió- a una estrategia basada en las detenciones selectivas, en las persecuciones judiciales. Ahora, que hemos develado la estrategia de las ejecuciones extrajudiciales a campesinos que viven en zonas de interés geoestratégico y económico del estado y las trasnacionales, el Estado pasó a la estrategia de secuestrar a jóvenes de escasos recursos o indigentes y luego presentarlos como muertos en combate. A partir de estas denuncias, hemos notado que se presentan casos de desaparición forzada que no son presentados como bajas en combate, pero que se dan en zonas en donde hay control militar absoluto
Una de las cosas que el Gobierno y el Ministro [de Defensa] ha dicho es que se han frenado los casos de ejecuciones extrajudiciales. Queremos demostrar con algunos casos que eso es falso. Pero también creemos que estamos en nuestro derecho como víctimas y como organizaciones que las acompañamos a exigir justicia. Por tanto, nos parece una excusa muy tonta del Ministro de Defensa el salir a decir que el problema ya se acabó. El problema no se ha acabado porque no hay verdad, ni justicia, ni reparación, ni garantía de no repetición. Cuando se junten estos cuatro factores, podrán decir las víctimas –y no ellos– “el problema de los ‘falsos positivos’ se acabó”.
Ahora bien, ¿qué fuimos a hacer a la Fiscalía ?
El Gobierno colombiano, coincidiendo la visita a Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, revocó el nombramiento a 27 militares y posteriormente a diez más. Lo que pedimos a la Fiscalía es que nos responda si estos 37 militares están vinculados a alguna investigación y, si es así, en qué estado está esa investigación.
Ahora bien, si esos procesos no se están dando, la solicitud es que se abran las investigaciones. Porque lo que viene ocurriendo en Colombia es que muchos de estos casos están siendo investigados por la justicia penal militar. Creemos que debe ser un órgano civil el que investigue estos hechos porque la Justicia Penal Militar está constituida para juzgar fallas en el servicio, y no podemos considerar los caos de los “falsos positivos” como una falla en el servicio. Es una política que tiene unos objetivos claros, es un crimen de lesa humanidad y no un error en el servicio.
Además, estamos solicitándole a la Fiscalía que cree una unidad que dependa de la de DDHH y que tome todas estas investigaciones. Porque muchos de los casos que lleva la Fiscalía se llevan en municipios en donde no hay condiciones de imparcialidad con los fiscales. Ya sea porque estos fiscales responden a influencias paraestatales o paramilitares, o porque son fiscales que hacen parte de la reserva militar.
Desde el MOVICE creemos que la mejor reparación al pueblo colombiano es un estado democrático con respeto a los DDHH. Para eso ha de tenerse en cuanta toda una serie de modificaciones institucionales como parte de la reparación.
En Colombia, quienes somos víctimas de crímenes de estado, no lo somos sólo como individuos sino también por ser parte de una colectividad. Los crímenes de estado han estado dirigidos a eliminar la posibilidad de que sectores de oposición política puedan llegar a ostentar el poder, o que sectores sociales fuertes puedan llegar a hacer realidad sus reivindicaciones. Creemos que la reparación no debe ser sólo económica, no sólo psico-social a las familias, sino que se debe reparar sus organizaciones y a sus sueños y propuestas. Debemos reparar al sector sindical, y para eso debemos echar atrás, por ejemplo, toda la política de flexibilización laboral ; que se asuma con los indígenas una política de respeto a su autoridad territorial, a su autonomía política y a su forma de impartir justicia ; que se asuman políticas diferenciales de reparación hacia las mujeres para que dejen de ser discriminadas en Colombia. Todas estas propuestas lo son de cambio institucional y van encaminadas hacia la reparación del pueblo colombiano. Y lo que garantiza que todo esto no vuelva a suceder es que Colombia se convierta en un estado verdaderamente democrático entendido más allá de las elecciones.
Muchas víctimas participaron en el país a través de audiencias públicas -con la participación incluso de senadores- en las cuales las víctimas ayudaron a elaborar un proyecto de ley en el que pusieron sus esperanzas de verdad, justicia y reparación. Una ley que incluía un capítulo interesante sobre tierras y reconocía la responsabilidad del estado en los crímenes de estado, que desmontaba los topes arbitrarios que fueron fijados por el Gobierno en su Decreto para la Reparación Administrativa, y que, si bien no era la mejor ley posible, sí marcaba unos avances concretos para las víctimas.
Lastimosamente, el Gobierno -que domina alrededor del 80% del Congreso- impulsó que el proyecto fuese cambiado. Se olvidó el Gobierno de cuáles eran las raíces de este proyecto, de todo el proceso de consulta, y ahora el proyecto es un adefesio que complementa la política retardataria del Gobierno en materia de verdad, justicia y reparación. Como consecuencia de eso no acepta el Gobierno que existan crímenes de estado, sino crímenes cometidos por agentes estatales, lo que cambia totalmente el asunto porque los hace aparecer como actos aislados y no como actos sistemáticos y planeados. Además, fijó los topes de reparación similares a los de su Decreto. En definitiva, los factores interesantes que tenía el proyecto terminaron por eliminarse totalmente hasta el punto que la comunidad internacional, que se había pronunciado favorablemente ante el proyecto de ley, hoy le ha retirado su apoyo. Asimismo, nosotros lo que estamos pensando es en cómo hacer para que el proyecto de ley no pase por el Senado, para que no llegue a ser nunca ley de la República.
Fuente: Sergio de Castro Sánchez
