El Congreso mexicano juega un papel fundamental para someter al Ejército al escrutinio y la rendición de cuentas, sostuvo Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI). Al reunirse con diputados y senadores, refirió que ante el exterior, México mantiene un papel positivo en la promoción de los derechos humanos, no obstante -advirtió-, paradójicamente la situación de las garantías individuales es muy frágil.
«El acceso a la justicia no está disponible para muchos sectores de la población mexicana y, específicamente, lo que me asombró fue que aquellos a quienes se les ha privado de la justicia tienden a provenir de las áreas más marginadas y vulnerables de la sociedad. Indígenas, mujeres, migrantes, los casos de Oaxaca y de San Salvador Atenco demuestran claramente la urgencia de atender la impunidad y el fracaso de la justicia».
La representante de AI refirió con dureza que en México los derechos de expresión, reunión y asociación deben garantizarse y no sacrificarse en nombre de la ley y el orden, porque protestar y disentir es un aspecto fundamental de la democracia.
Reunidos en el salón de protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro, legisladores de todos los partidos escucharon con atención a Irene Khan, quien dio énfasis a la denuncia referente a la violación sistemática de las garantías individuales en Oaxaca. «Las autoridades estatales no han investigado de manera efectiva o han investigado parcialmente las violaciones de derechos humanos por funcionarios públicos, o no han indagado adecuadamente las acciones criminales que se cometieron durante el transcurso de las protestas del movimiento social».
El MP termina por ser inculpado
Al comentar la postura de la secretaria general de Amnistía Internacional, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Javier González Garza, coincidió en que el Ministerio Público (MP), encargado de seguir las pesquisas en torno a la violación de derechos humanos, termina por ser la parte inculpada.
Refirió que en México se ha permitido la utilización del Ejército en labores que no le son propias, mucho menos fundadas en el mandato constitucional : «nos hemos opuesto porque no podemos abrir una situación donde empiece a pedirse la fuerza, cuando estamos violentando no sólo derechos humanos, sino la propia Constitución».
González Garza también apuntó en su crítica al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes. «Estamos en desacuerdo con las opiniones del presidente de la CNDH. Es una lástima y una pena, porque es del dominio público la situación. Conocemos los asesinatos, a la gente que fue capturada ilesa, y después fue presentada desfigurada y golpeada».
La diputada del PAN Violeta del Pilar Lagunas -quien arrojó envases de refresco en la tribuna de la Cámara a un legislador del PRD durante el zafarrancho que precedió a la rendición de protesta de Felipe Calderón- sorprendió a propios y extraños al considerar que la violación a los derechos humanos tiene que ver con la cultura del pueblo mexicano y con la escasez de recursos por parte de las instituciones del Estado.
Antes, Irene Khan argumentó que la seguridad por sí sola se debilita : los derechos humanos y la seguridad no son dos cosas distintas.
«Es mediante la seguridad y los derechos humanos que se puede tener una seguridad efectiva y sustentable, y lo que nos demuestra la historia de México y lo que observamos en los actos a lo largo de todo el mundo es que se sacrifican los derechos humanos en nombre de la seguridad, pero eso no nos lleva ni a la libertad ni a la seguridad.»
Al enfocar su postura en torno a la ambivalencia entre lo que no se hace en el país y sí se manifiesta en el ámbito internacional, Khan expuso la urgencia de cerrar esa brecha. Dijo que una política fuerte de seguridad pública debe basarse en un compromiso fuerte con los derechos humanos, no «nada más con un compromiso retórico con las garantías individuales».
En ese terreno, la tesis de la secretaria general de Amnistía Internacional establece que la seguridad pública es más efectiva cuando trabaja en el contexto del derecho, y para garantizar una democracia verdadera el Estado debe respetar las garantías de todos sus ciudadanos y crear instituciones para hacer cumplir ese precepto.
Tal consideración la llevó a manifestar una crítica abierta al contenido de la Constitución mexicana.
Aun cuando los principios de las garantías individuales están en la Constitución, hace mucho tiempo más que están plasmados en el derecho internacional ; México ha jugado un papel clave en el desarrollo de esas normas y de esos derechos, por lo tanto, nosotros sentimos que la Constitución, como está ahora, no refleja de manera adecuada el rango de los derechos establecidos y plasmados en los tratados de los que México es parte, señaló.
Así, desglosó tres principios que la reforma judicial del país debe incluir :
Los derechos de las víctimas y de los sospechosos deben ser garantizados por igual, incluyendo el reconocimiento constitucional de la presunción de inocencia, para que la carga de la culpa no recaiga sobre el sospechoso ; monitorear y vigilar las investigaciones efectuadas por los fiscales y los ministros, y sancionar y castigar a aquellos que se ven implicados en el abuso de derechos humanos ; los mecanismos de revisión de cuentas de la policía deben ser efectivos, imparciales e independientes, de manera que puedan crear confianza de parte del público. «Nosotros sugerimos que el Congreso estudie las prácticas eficientes de otros países para establecer un mecanismo de quejas independientes para reforzar la rendición de cuentas».
Fuente: ROBERTO GARDUÑO (La Jornada). Foto : Carlos Ramos Mamahua.
