A raíz de la denuncia de una trabajadora del sindicato, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias investiga a CC.OO. de Asturias y a la Fundación Formación y Empleo (FOREM)
LA FISCALIA DEL TSJA YA HA ABIERTO DILIGENCIAS
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha abierto diligencias contra el sindicato CCOO y la Fundación Formación y Empleo (FOREM) por los supuestos delitos de cesión ilegal de trabajadores, fraude en las solicitudes, aplicación y justificación de subvenciones y falsedad documental. La denuncia ha sido interpuesta por Berta Montoya una de las trabajadoras del propio sindicato en el área de atención a los inmigrantes.
En la denuncia, Montoya expone los expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo contra el sindicato durante el caso que se dirimió en los tribunales por despido improcedente de la trabajadora y que se saldó con un fallo contrario a CCOO. En estos expediente, la Inspección de Trabajo señala que algunos de los diversos contratos que se realizaron a la trabajadora se hicieron con cargo a la Fundación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón (a pesar de que su puesto de trabajo se encuentra en Oviedo) y otros se llevaron a cabo con ayudas destinadas a la reinserción sociolaboral de reclusos, entre otros.
Junto a estas pruebas documentales, que ya fueron analizadas por los tribunales en el juicio por despido improcedente, la demandante ha solicitado a la Fiscalía que se investigue si con cargo al proyecto Globalizar los derechos laborales , destinado a la ayuda a sindicatos del Tercer Mundo —y que se financió mediante un convenio entre el sindicato y el Principado— «se pagaron viajes a Cuba, Brasil y Chile, entre otros países, efectuados por el secretario general de CCOO en Asturias, Alberto Rubio, y otros dirigentes de dicha organización».
Por otra parte, y de forma paralela a la investigación que lleve a cabo la Fiscalía asturiana, la denunciante se puso en contacto con el servicio de investigación de la Comisión Europea (OLAF) que analiza los casos de fraude realizados con fondos procedentes de las instituciones comunitarias.
El OLAF —que garantiza su independencia a través de un comité de vigilancia con miembros ajenos a las instituciones comunitarias— ya mantuvo una oficina provisional en España durante la investigación del uso fraudulento de cursos de formación con fondos europeos por parte tanto de organizaciones sindicales como patronales.
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Par : Marco Antuña
