Penas de cárcel para los responsables de las obras
La persecución judicial de los accidentes laborales, hasta ahora muy laxa, se endurece. Los inspectores de trabajo remitirán a la Fiscalía especial contra la siniestralidad todos los casos en los que detecten infracciones graves de las normas de salud laboral, incluso cuando no se haya producido una muerte o lesión, pero se considere que peligra la vida del trabajador, según un acuerdo entre inspectores y fiscales. Las recientes condenas con penas de cárcel para los responsables de las obras han puesto en alerta al sector. El número de arquitectos técnicos que renuncia a hacerse cargo de la coordinación de seguridad crece y los colegios profesionales estudian aconsejar formalmente a sus aparejadores que no acepten esas tareas.
Penas de cárcel para los responsables de las obras
La persecución judicial de los accidentes laborales, hasta ahora muy laxa, se endurece. Los inspectores de trabajo remitirán a la Fiscalía especial contra la siniestralidad todos los casos en los que detecten infracciones graves de las normas de salud laboral, incluso cuando no se haya producido una muerte o lesión, pero se considere que peligra la vida del trabajador, según un acuerdo entre inspectores y fiscales. Las recientes condenas con penas de cárcel para los responsables de las obras han puesto en alerta al sector. El número de arquitectos técnicos que renuncia a hacerse cargo de la coordinación de seguridad crece y los colegios profesionales estudian aconsejar formalmente a sus aparejadores que no acepten esas tareas.
Con casi un millón de accidentes al año (casi un millar de muertes), España es el país europeo con mayor siniestralidad laboral, pero sólo uno de cada cinco casos mortales llega a los tribunales. Para reforzar los controles, la Inspección de Trabajo ultima una instrucción interna para trasladar a sus profesionales la orden de que deben remitir a la Fiscalía todos los casos en los que detecten infracciones graves, aun cuando no hayan provocado accidentes (por ejemplo, peligro de caída del trabajador desde más de dos metros por ausencia de protección). En la actualidad, esos casos se suelen resolver con una multa o una indemnización económica a la víctima o sus familiares.
La orden entrará en vigor en las próximas semanas, aunque en la práctica ya se está produciendo una mayor cooperación entre ambos organismos. Esta nueva directriz es fruto de la colaboración entre el fiscal especial de accidentes, Juan Manuel de Oña, y la Inspección, que depende del Ministerio de Trabajo. Sobre el papel, los inspectores ya tienen la obligación de informar a la justicia cuando descubren algo perjudicial para la vida de los trabajadores, pero hasta ahora «se hacía poco», según De Oña, que asumió este cargo, de nueva creación, en abril pasado.
El tratamiento penal de los delitos laborales ha mejorado. En 2000 sólo se dictaron en audiencia provincial e instancias superiores 19 sentencias por accidente laboral, según los datos de la Fiscalía. El año pasado hubo 92. En la mayor parte de los casos se demuestra que el trabajador estaba desprotegido. De las 335 sentencias dictadas en los últimos cinco años, 210 resultaron condenatorias por delito (en el resto se detectaron faltas o se absolvió al acusado). En un 95% de los casos se había producido un resultado lesivo para el trabajador ; sólo un 5% constituían delitos exclusivamente de riesgo.
El nuevo fiscal pretende que no haya delitos laborales impunes y así prevenir la aparición de nuevas infracciones. Desde antes de verano, De Oña ha mantenido reuniones con responsables de la Inspección de Trabajo : «Es fundamental que conozcamos su forma de actuar y ellos la nuestra. Esa cooperación es esencial porque además se necesita mucho material probatorio en la fase judicial». Además, los accidentes tienen un coste para el conjunto de la economía : las mutuas se gastan al año 2.200 millones de euros en pensiones y seguros para accidentados. Respecto a la responsabilidad de los siniestros, De Oña es tajante : «El principal obligado a cumplir es el empresario ; lo que sucede es que esta responsabilidad puede ser compartida y la ley dice que cuando hay varias subcontratas tiene que haber un coordinador de riesgos laborales, que puede ser el arquitecto o el aparejador».
El endurecimiento judicial es uno de los factores que están detrás de la deserción de los coordinadores de seguridad y salud en las obras, una figura creada por una directiva europea de 1992 y vigente en España desde 1997. Según la ley, sólo arquitectos, aparejadores, ingenieros e ingenieros técnicos pueden ejercer esta labor de coordinar a todos los responsables de la seguridad de los tajos durante el proyecto y la ejecución de la obra.
El presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, José Antonio Otero, explica que el organismo está estudiando la posibilidad de aconsejar formalmente a sus colegiados que no asuman las tareas de coordinación. «El coordinador de seguridad es responsable de coordinar a las empresas, no a los trabajadores», afirma.
Deserción de técnicos
No hay recomendación formal, pero las deserciones se producen igualmente. En Almería, una de las provincias en las que más están incidiendo la Fiscalía y la Inspección de Trabajo, «más de 200 coordinadores de seguridad han renunciado a sus encargos en lo que va de año», según Alfredo Martínez, profesor de Seguridad y Prevención Laboral de la Universidad de Sevilla.
Otro ejemplo de la deserción de los coordinadores se está notando en Madrid. «Muchos han dejado de ejercer porque el poco dinero que ganan no compensa la enorme responsabilidad que recae sobre ellos, sobre todo cuando los promotores y los trabajadores se desentienden de las medidas de seguridad», asegura un técnico de prevención de la Comunidad de Madrid. Este profesional pone cifras a la espantada : «Las inscripciones en el registro oficial de coordinadores de seguridad han pasado de unas 15 por semana a sólo una o dos».
Esta falta de motivación se convierte en un «grave problema», según esta fuente autonómica : «Los promotores contratan a titulados cada vez más inexpertos y los aparejadores con experiencia dejan la coordinación en cuanto pueden».
Penas de cárcel para los responsables de las obras
Mientras la Fiscalía redobla sus esfuerzos para buscar a los posibles responsables de los siniestros (en Madrid, por ejemplo, también ha llegado a un acuerdo con la Policía Municipal), las últimas sentencias con condenas de cárcel para arquitectos técnicos y jefes de obra han puesto en alerta al sector de la construcción. Tanto arquitectos técnicos como promotores de viviendas muestran su preocupación, se sienten criminalizados y aseguran que ése no es el mejor camino para resolver el problema.
La sentencia más polémica es muy reciente y pionera, ya que uno de los principales problemas de la siniestralidad laboral es la impunidad. La Audiencia de Madrid ha condenado a dos años y seis meses de prisión a los responsables de una obra -un arquitecto técnico, un jefe de obra y otros dos responsables- en la que murieron dos trabajadores, el 21 de mayo de 2001, por incumplir su obligación de velar por la seguridad de sus empleados. Al tratarse por primera vez de una pena de más de dos años, los condenados irán a prisión.
Respecto a penas de prisión como éstas para los aparejadores, el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, José Antonio Otero, considera que están «fuera de toda lógica», ya que el técnico no está a todas horas en la obra, sino que la visita una o dos veces por semana. Y recuerda que la Mussaat (mutua con la que los arquitectos técnicos contratan los seguros obligatorios) pagó el año pasado 131 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y accidentes laborales.
«El verdadero problema es de formación», asegura Otero. «Ahí es donde hay que poner los esfuerzos para solucionar el problema. Pero que nadie piense que se pueden hacer edificios sin accidentes», dice.
El secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Manuel Martí, coincide con Otero en que «ése no es el camino para intentar dilucidar responsabilidades». «El empresario no es siempre el responsable del accidente», afirma.
Fuente: EL PAIS
