Anda revuelto el patio de la vida política española. Al final, el famoso Plan Ibarretxe ha abierto la caja los vientos y se ha levantado un pequeño vendaval que parece amenazar la estabilidad social y política de la vida española. Ya no se trata sólo de que los vascos estén buscando un nuevo modelo de relación con el conjunto de los territorios, pueblos o comunidades que configuran el estado Español. Ahora son muchos más los que se suman al carro de las peticiones de una revisión de su propia situación.
Bien es cierto que la propuesta de Vitoria es algo diferente a la que están empezando a hacer los demás, en la medida en que propone una modificación sustancial de la relación, lo hace posiblemente por procedimientos poco compatibles con el ordenamiento vigente, del que participan como gobierno, y lo plantea en abierto conflicto con una parte importante de la ciudadanía de su propio territorio. Pero también es cierto que las circunstancias del País Vasco son distintas. En todo caso, el hecho es claro y contundente : de pronto hay muchos que parecen no estar contento con la situación actual y proponen su modificación : Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias, Aragón y Andalucía.
Los objetivos de las propuestas son diferentes según la comunidad, aunque podemos considerar que hay dos cuestiones básicas : por un lado la exigencia de una mayor autonomía en la capacidad de decisión y en los ámbitos sobre los que se puede decidir ; por otro lado, una revisión a fondo del reparto del dinero, tanto en su recaudación como en el gasto.
Vayamos por partes y analicemos ambos aspectos. El primero vuelve a traer a colación un tema viejo en la historia de España : la exigencia de una organización federal o confederal. El federalismo se ha esgrimido con reiteración como una reivindicación progresista a lo largo de los dos últimos siglos, y las dos repúblicas instauradas en España se caracterizaron por profundizar en una organización federal, aunque sin llegar a avanzar mucho.
Sin duda alguna, el federalismo es una buena manera de organizar la vida política de los estados, o de organizaciones políticas más amplias, como puede ser la nueva Unión Europea. Hay, en principio, un dato a favor del federalismo : cuanto más pequeño es el tamaño de la entidad política, más sencillo puede resultar articular formas participativas y autogestionarias de gestión de la cosa pública. Al mismo tiempo, tomado en su sentido más radical, el federalismo implica la libre asociación de comunidades libres que también libremente pueden romper los lazos que las vinculan a otras entidades.
No obstante, me sospecho que nada hay en la situación actual que vaya en esa línea. En primer lugar, la general reivindicación parece más bien marcada por disputas internas entre las élites políticas locales y centrales. Se trata sencillamente de que las élites locales, en este caso autonómicas, quieren tener más poder, y se rebelan contra las élites centrales. Es la vieja reivindicación del nacionalismo burgués. En absoluto pretenden incrementar la participación ciudadana o la autogestión de la cosa pública. Pretenden básicamente tener ellos y sus círculos un poder mayor. Para los ciudadanos de a pie no habrá diferencias notables y el «despótico centralismo» madrileño será sustituido por el no menos «despótico centralismo» sevillano, barcelonés o vitoriano. Cierto es que le saldrá más barato ir a gestionar asuntos en la capital de su autonomía que en Madrid, pero ahí pueden acabarse las ventajas.
Para avalar esta apreciación me apoyo en dos referencias. La primera es que, desde luego por lo que se desprende de los barómetros de opinión pública, a casi ningún ciudadano no da dos higas por el tema de la revisión de los estatutos de autonomía, y andan mucho más ocupados con cuestiones como el paro, la vivienda, la seguridad ciudadana, las drogas o la inmigración. Es, por tanto, un debate que interesa a los dirigentes y que ellos nos imponen, marginando otras cuestiones que preocupan bastante más. La segunda es el poco interés que ha despertado entre los políticos y los grandes medios de comunicación la aprobación reciente de la ley de Reforma de las Haciendas locales, algo que sí tiene un peso específico en las posibilidades de participación ciudadana y que, en ese sentido, deja mucho que desear. Es este un tema crucial que merecerá una reflexión más pausada en otro artículo.
La segunda cuestión básica que anima a nuestros representantes políticos a cuestionar el actual modelo económico es el control de los dineros públicos. Tampoco en este caso parece que el camino escogido sea el adecuado, ni siquiera parece que se pretenda mejorar la situación. Con este tema pasa como con el anterior : pedir una Agencia Tributaria propia puede ser irrelevante para los objetivos básicos del federalismo, la profundización democrática entendida como incremente de la libertad, la igualdad y la solidaridad conseguida a través de una mayor participación ciudadana.
Esa autonomía fiscal puede dejar sin tocar dos aspectos fundamentales. El primero es el de la función redistributiva, o solidaria, que deben tener los ingresos públicos. El segundo es la gestión del gasto público, esto es, la rendición de cuentas y el control ciudadano de lo que se hace con esos dineros.
Por lo que se refiere al primer punto, la evolución del gasto público en España muestra un carácter claramente regresivo, debido a la disminución de las partidas correspondientes al gasto social y al sistema de recaudación, escorado cada vez más hacia el lado de los impuestos indirectos. La solidaridad interterritorial no parece mala. Si bien es muy difícil establecer con claridad las transferencias entre comunidades, el único informe serio sobre el balance fiscal de las comunidades realizado por la Fundación BBVA de Ahorros muestra que, efectivamente, las comunidades con mayores ingresos, como es el caso de Cataluña o Madrid aportan al conjunto del Estado más de lo que reciben, siendo lo contrario para las comunidades con menos ingresos. Sólo se incumple esta situación con Euskadi y Navarra, las dos comunidades que tienen un sistema foral independiente, comunidades ricas que, sin embargo, tienen un saldo positivo ; datos obtenidos por la Federación de Cajas de Ahorro no comparten esta última evaluación. El riesgo, por tanto, de que se acentúen las diferencias entre comunidades ricas y pobres en caso de profundizarse la autonomía tributaria es grande, aunque no se sigue necesariamente.
Si en la transparencia y control de las cuentas nos fijamos, las cosas son similares. El caso del estado central empieza a ser proverbial y hasta el Fondo Monetario Internacional ha criticado duramente la opacidad del gasto público en España. Se presentan las cuentas mal y se practica la contabilidad creativa para ocultar lo que realmente se está haciendo. Ya se ha convertido en práctica habitual publicar una Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que permite evitar el control parlamentario de lo que realmente se gasta y las anomalías detectadas por el Tribunal de Cuentas son notables. Las Comunidades Autónomas no se caracterizan tampoco por una política ejemplar en esos aspectos y practican similares prácticas de ocultación y desviación de la atención. De todo lo dicho, insisto en que me interesa bien poco el debate actual sobre la reforma de las autonomías. Interesado como estoy en lo que implica el espíritu del federalismo, preferiría mucho más que se estuvieran debatiendo los asuntos en los que nos estamos jugando el deterioro de la vida democrática de este país : la descentralización de la toma de decisiones, la profundización de la participación ciudadana, el control de la vida política, la transparencia en las cuentas públicas, el incremento de los gastos sociales encaminados a una mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos y una paridad de poder y riqueza de quienes están situados en posiciones de privilegio…
No tengo claro que sea de eso de lo que se va a discutir al hilo de la discusión sobre la reforma de la Constitución.
Correspondencia : felix@red-libertaria.net
