La recuperación argentina de una parte de las acciones de YPF privatizadas por Repsol en el Estado Argentino hace una década, alborotó el gobierno español y todo un ejército de opinadores públicos, incluso, por inverosímil que parezca, los portavoces de los sindicatos oficialistas UGT y Comisiones Obreras. Sorprendentemente, nadie cuestionó algo tan patente, como es la soberanía de los países a sus recursos naturales. Tampoco las irregularidades cometidas por Repsol durante una privatización en 1999, en un contexto generalizado de corrupción y clientelismo político.
Sobre el unánime clamor, banderita española en mano, defendiendo los «nuestros intereses» y la seguridad de inversiones españolas en ultramar, no merece más análisis que lo que podamos captar cada día en la página 3 de los diarios o los minutos luminosos que acompañan los telediarios: Repsol patrocina el amplio abanico mediático y sufrimos de un periodismo sumiso, de muy baja calidad y peor valentía.
Sobre el unánime clamor, banderita española en mano, defendiendo los «nuestros intereses» y la seguridad de inversiones españolas en ultramar, no merece más análisis que lo que podamos captar cada día en la página 3 de los diarios o los minutos luminosos que acompañan los telediarios: Repsol patrocina el amplio abanico mediático y sufrimos de un periodismo sumiso, de muy baja calidad y peor valentía.
Por otra parte, es una lástima la pereza de los movimientos sociales a afrontar un debate energético profundo sobre cómo liberarnos de la enfermiza dependencia a unas corporaciones privadas, de capital deslocalizado, que sólo persiguen beneficio a toda costa. En un contexto de crisis, ¿por qué no expropiar también a Repsol?
Para empezar, recordaremos que Repsol era una empresa pública que fue entregada en trocitos a los capitales bursátiles y que ahora mismo la dirigen bancos con agujeros financieros (como la Caixa, Cajamadrid, o Caixa Catalunya), varones del ladrillo arruinados (Sacyr Vallehermoso) y holdings de especuladores de Wall Street. Con 10 millones de euros netos de beneficio diario (4.150 millones de euros en 2010), podemos asegurar que estamos transfiriendo parte de nuestros sueldos (electricidad, butano y gasolina) para enriquecer a la empresa más rica.
Habría que revisar los mecanismos de externalización de costes sociales y ambientales de las inversiones de Repsol, para darnos cuenta de que ni la compañía asume la reparación de daños a lo largo de todas las fases de la cadena de producción, transporte y refino de petróleo, ni tampoco lo hacemos los consumidores. Los pasivos ambientales son transferidos por la cara a las poblaciones afectadas por las actividades petroleras, a la atmósfera y el mar en forma de emisiones y vertidos sistemáticos, o a las futuras generaciones: ya se lo encontrarán.
Se detecta un contexto institucionalizado de impunidad ambiental que libera a las corporaciones privadas de cualquier responsabilidad civil o penal. Es más, a través de sus discursos de Responsabilidad Social Corporativa, han conseguido llevar sus obligaciones de respeto hacia el medio y las personas, en el terreno de la voluntariedad. Son (se hacen las) buenas, porque quieren.
Ya nadie niega, ni el negacionista Aznar, que ahora hará negocio con instrumentos de adaptación, que el cambio climático provocado por la combustión de petróleo empeorará las condiciones de vida del planeta. También se ha pasado de ignorar el cenit mundial de la producción de petróleo (peak oil) a ser reconocido ya como el gran problema que enfrentará la economía en los próximos años. Así pues, sobre un piso de crisis ecológica, energética, económica y climática, no es prudente dejar la energía en manos de especuladores bursátiles que sólo buscan beneficios cortoplacistas.
Recuperar el control público de Repsol sería una oportunidad para introducir la justicia ambiental en la producción energética. Aplicando criterios éticos y no monetarios en la empresa, sería el primer paso para detener la devastación amazónica que genera Repsol que afecta a millones de hectáreas de ecosistemas frágiles, reparar la salud de los afectados por sus actividades nocivas, retirarse de países dictatoriales o con conflictos bélicos o devolver los territorios donde la población no ha sido consultada o ha expresado su rechazo.
El siguiente reto sería transformar una corporación transnacional vertical y concentrada en una serie de cooperativas energéticas con control social, enfocadas al autoabastecimiento de energía de fuentes locales y renovables. Claro que para ello habrá que desguazar la corporación, reducir la producción y acompañar el proceso con una transición valiente hacia una sociedad desprendida del sobreconsumo y las comodidades del coche privado, basadas en petróleo barato de origen desconocido. No será fácil, pero valdrá la pena.
* Marc Gavaldà es miembro de la Campaña de Afectados por Repsol http://repsolmata.ourproject.org
http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article7339
Fuente: Marc Gavaldà
