Varios expertos y activistas de memoria histórica analizan las recomendaciones de Naciones Unidas al Estado español en torno a la investigación de los crímenes del franquismo.
La obligación que traza el Comité de Desapariciones Forzadas no es vinculante, de ahí el debate entre el «avance» que supone y las dudas de que el Gobierno la aplique.
La ONU se ha pronunciado y exige investigar los crímenes franquistas. Lanza a España varias recomendaciones: no sirve ampararse en la Ley de Amnistía de 1977 e incumplir la legislación internacional de derechos humanos, las desapariciones involuntarias son delitos que no prescriben o que el Estado debe establecer garantías legislativas y judiciales de que así cumplirá.
La obligación que traza el Comité de Desapariciones Forzadas no es vinculante, de ahí el debate entre el «avance» que supone y las dudas de que el Gobierno la aplique.
La ONU se ha pronunciado y exige investigar los crímenes franquistas. Lanza a España varias recomendaciones: no sirve ampararse en la Ley de Amnistía de 1977 e incumplir la legislación internacional de derechos humanos, las desapariciones involuntarias son delitos que no prescriben o que el Estado debe establecer garantías legislativas y judiciales de que así cumplirá.
Pero, ¿qué opina el movimiento de memoria histórica de este examen del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas? eldiario.es/andalucía recoge la valoración de varios activistas, partícipes de la lucha por recuperar la memoria de las víctimas del alzamiento golpista, la guerra civil y la dictadura.
Primeros casos de desaparecidos ante la ONU, en 2002
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), viajó en agosto de 2002 hasta Ginebra (Suiza). Entregó a la ONU «los 64 primeros casos de desaparecidos». Desde entonces, la represión franquista «aparece en su informe anual». La recomendación, recuerda, «no es
vinculante» pero sí convenciones que España ratificó y obligan a la búsqueda de personas aún «sin identificar en fosas comunes».
Se deben articular «todos los medios posibles» para investigar estos delitos, colaborar con «procesos judiciales como el abierto en Argentina» y reparar «el daño generado por violaciones de derechos humanos». España, concluye Silva, «no puede omitir sus deberes ni seguir maltratando con el abandono a las víctimas del terrorismo de Estado franquista».
Amaya Olivas, magistrada, defensora de los derechos humanos y miembro de Jueces para la Democracia: Es una «llamada de atención», una «noticia muy importante» que el Gobierno «debe acatar sin mayores dilaciones ni excusas». Se muestra escéptica, no obstante, «después de tantos años de incumplimiento flagrante».
Los convenios internacionales son «parte del derecho interno», del que están «por encima» y no pueden incumplirse por «una ley de amnistía». «Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad, delitos permanentes hasta que no sean halladas las víctimas», subraya.
«Juzgue, señores, juzguen»
La abogada Ana Messuti, de la plataforma que desarrolla la Querella Argentina contra los crímenes franquistas, apuntala esta idea: España ratificó «la casi totalidad de los instrumentos fundamentales sobre derechos humanos de las Naciones Unidas» pero «no los cumple». Prescinde así «de lo que se ha comprometido a hacer», omite una «obligación» de investigar «de oficio» que el sistema judicial no asume «siquiera cuando los particulares victimizados interponen denuncias».
Esto demuestra la «enorme distancia» entre lo que se pide y la «situación imperante». Para Messuti, una conclusión «preocupante» en la que, «muy claramente», el Comité dice: «terminen con los obstáculos jurídicos de orden interno, como la amnistía y juzguen, señores, juzguen».
Según Carlos Slepoy, también letrado en la causa argentina, la resolución «constata lo obvio: la absoluta denegación de justicia que existe en España en relación con uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo XX». Medidas similares no lograron «revertir políticas de olvido e impunidad» si bien vislumbra «un contexto diferente» propiciado por «los vergonzosos pronunciamientos de la justicia española».
Esto, junto a la «universalización de la denuncia» al franquismo o el pronunciamiento de diversas instituciones, «horadan el muro de impunidad» para el que llegará «el momento –cercano, ratifica Slepoy–, en que jueces y fiscales, dignos y valientes, se decidan a poner fin».
«Ridículo y vergüenza internacional desde 1979»
Para el historiador José Luis Gutiérrez Molina la recomendación, «que no obligación», facilita al Estado no aumentar «el ridículo y la vergüenza internacional que origina la actitud mantenida desde 1979». Sin «muchas esperanzas» en que fructifique ante la inexistencia de «una voluntad política general», llama a la «sociedad civil» a continuar «haciendo sentir su aliento a las administraciones».
Las exigencias memorialistas, argumente, no son «un asunto electoral sino una obligación para una sociedad enferma de muchas cosas, entre otras de abrir definitivamente el armario de la represión franquista».
No mucho más optimista es el también investigador y escritor José María García Márquez. Hasta ahora, sostiene, España ha demostrado «que si algunas víctimas debían ser reconocidas y reparadas eran las de ETA o el GRAPO, pero las víctimas del gran terror, las de los crímenes franquistas, siguen esperando».
Califica de «vergonzante» que la ONU recuerde «lo obvio» y ponga «sobre el tapete», apostilla, «que el partido que gobierna desciende directamente de Alianza Popular, heredera del franquismo, y no hay interés alguno en dignificar la historia de este país».
El informe de la ONU, «un avance muy importante»
Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT, apuesta que no verá «a ningún juez mandando exhumar una fosa acogiéndose a estas recomendaciones de la ONU». Pone énfasis en el «bajísimo nivel de la Ley de Memoria Histórica» y la «nula aplicación del poder judicial de la nueva ley de Registros Civiles que puede hacer aflorar y legalizar la situación de miles de fusilados».
Clama a «otras» instituciones (como ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas) a llevar «a la práctica» las exigencias «y facturar» al Estado «la parte correspondiente de los gastos efectuados». En este sentido, la vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), Paqui Maqueda, ve en el informe de la ONU «un avance muy importante».
Toca «muchos de los aspectos» denunciados «desde hace una década»: «inoperancia» de la ley memorialista, «nulo papel del Gobierno en la aportación de recursos» para buscar desaparecidos, «inconvenientes» de la Ley de Amnistía o «conveniencia de una Comisión de la Verdad». Aún así, concluye, «recorreremos el camino de verdad, justicia y reparación hasta el final».
Texto extraído: www.cgtandalucia.org/Exigencias-de-la-ONU-a-Espana-que
Fuente: eldiario.es
