Artículo publicado en Rojo y Negro nº 392, septiembre 2024
La huelga del personal de las piscinas municipales de Madrid, en defensa de la estabilidad en el empleo, nos ha dejado con un regusto amargo. Tras unas jornadas iniciales en las que se consiguió paralizar las piscinas y las instalaciones deportivas madrileñas varios días, el Ayuntamiento respondió con una peligrosa iniciativa que pone, una vez más, de manifiesto la deriva autoritaria y antisindical que están desplegando los poderes públicos de nuestro país.
El consistorio madrileño acordó, tras las exitosas primeras jornadas de huelga, establecer unos servicios mínimos abusivos que implicaban la imposibilidad de cerrar las instalaciones, al hacer obligatoria la presencia del personal estratégico para su funcionamiento (socorristas, personal sanitario, etc.).
Sin embargo, en los primeros paros no hubo servicios mínimos. ¿Cuál fue la razón aducida por el Ayuntamiento para tomar esta decisión que dejaba vacío de contenido el derecho constitucional a la huelga del personal temporal de las piscinas? Lo realmente perverso de la decisión municipal se hace manifiesto al escuchar las razones presentadas por el consistorio.
El Ayuntamiento indicó que las piscinas eran refugios climáticos que no podían estar cerrados en lo más caluroso del verano, por lo que se convertían en un servicio esencial, lo que justificaba los “mínimos”. Y lo hizo al tiempo que mantenía cerradas varias instalaciones por “falta de personal” desde hace ya algunos estíos. Lo que nos lleva a resaltar tres elementos esenciales para entender el contexto en el que se desarrolla esta iniciativa.
El primer elemento es la indefensión de las personas trabajadoras ante la fijación de servicios mínimos abusivos. Los “mínimos” los fijan unilateralmente las empresas y su incumplimiento convierte a la huelga en ilegal. Recurrir los servicios fijados por la empresa ante los tribunales sirve de poco, ya que la decisión judicial se produce meses o años después, cuando el conflicto ha acabado. Incumplirlos es una dura decisión que implica fuertes responsabilidades para quienes convocan la huelga ya que podría conllevar el despido de sus instigadores (no de cualquiera que la siga, resaltamos).
Esto pone de manifiesto la dureza antisindical de nuestra actual normativa sobre la huelga, que consiste en una norma franquista que nunca ha sido adaptada al ordenamiento constitucional, el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. En ella se prohíben la mayoría de las herramientas de lucha que históricamente han demostrado ser exitosas (como las huelgas de solidaridad o las rotatorias) y se establece un marco jurídico para la huelga que la contempla como un desafío que los poderes públicos deben tratar de impedir y no como un derecho de la clase obrera. La huelga, así, se convierte en un ritual pautado para limitar su incidencia sobre la empresa, tratando de vaciarla de sus posibilidades subversivas y solidarias.
El segundo elemento que se debe tener en cuenta es que esta decisión del consistorio madrileño se produce dentro de un contexto creciente de agresiones al sindicalismo combativo y a las protestas ciudadanas. La condena a penas de prisión a las Seis de La Suiza (trabajadoras de la hostelería de Xixón) ha puesto de manifiesto que también se pretende vaciar de contenido el derecho fundamental a la libertad sindical. Las compañeras son condenadas por movilizarse frente a la empresa (delito de “coacciones”) y por negociar con la misma (lo que los tribunales tipifican como un delito de “obstrucción a la justicia”). Paralelamente a esta condena entran en prisión los seis de Zaragoza por manifestarse contra un mitin de Vox. Están a la espera de juicio, con elevadas peticiones de cárcel, las ocho de Caixabank, detenidas tras ir a una sucursal bancaria a negociar para intentar parar un desahucio. La militancia del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, y huelguistas del metal de Ferrol y Cádiz, afrontan juicios en los que también se pide prisión o ingresan en la cárcel.
Una judicatura en abierta insumisión al sistema democrático y a las libertades civiles está cobrando cada vez más protagonismo público. Ha decidido aplicar las técnicas del “derecho penal de enemigo” a las organizaciones sindicales y a los movimientos sociales. Hemos iniciado una involución autoritaria del sistema político nacido en la Transición. Infiltración de policías en los movimientos, represión de la militancia sindical y obrera, prohibición de facto de la movilización social. Todo ello viene acompañado de la no derogación de la Ley Mordaza, que ha conformado una gigantesca montaña de más de dos millones de multas impuestas en los últimos años para tratar de impedir todas las formas clásicas de protesta ciudadana.
El tercer elemento que debemos reseñar es la utilización hipócrita de la crisis climática, creada por el proceso de acumulación del Capital, como coartada para detener y criminalizar la protesta obrera. El Capital arrasa las zonas rurales para entregárselas a los fondos de inversión, generando burbujas especulativas con su modelo energético hegemonizado por las transnacionales; y edifica gigantescos centros de datos, que profundizan la crisis ecológica por su consumo desaforado de agua y energía. Y, mientras tanto, dice necesitar refugios climáticos sólo y exclusivamente para detener las huelgas, o procede a perseguir a las activistas que reclaman una solución racional a la destrucción medioambiental, como las compañeras y compañeros de Futuro Vegetal, que están afrontando una enorme represión por sus acciones directas no violentas.
Ha llegado la hora de que el anarcosindicalismo haga frente a esta creciente deriva autoritaria. La movilización y la confluencia con el conjunto de los movimientos sindicales y sociales son las armas básicas para confrontar con esta maraña de injusticias. Hemos de luchar hoy para defender un mañana digno y para afirmar la vida frente a la barbarie del capital. Audacia, más audacia.
José Luis Carretero Miramar
Fuente: Rojo y Negro
