Pedro, Peter para los amigos, era activista del CSOA Casas Viejas. Realmente aunque participamos juntos en el proyecto del Centro Social solo lo conocía de vista, pero se puede decir que fuimos compañeros. Desde hace un par de años sufría ELA, una enfermedad incurable y degenerativa, por lo que decidió poner fin a su vida y "reivindicar la eutanasia legal, o, por lo menos, que se despenalice el suicidio asistido".

A pesar de la tragedia se puede decir que Peter fue
afortunado ya que me consta que la atención y el cuidado de su novia y
sus amigos fue constante. Creo que ahí se manifiestan los lazos de
solidaridad y compañerismo del proyecto de Casas Viejas. Como última
acción política Peter concedió una entrevista a El País reclamando el
derecho, no a una muerte digna, sino a una vida digna que ya no tenía.

A pesar de la tragedia se puede decir que Peter fue
afortunado ya que me consta que la atención y el cuidado de su novia y
sus amigos fue constante. Creo que ahí se manifiestan los lazos de
solidaridad y compañerismo del proyecto de Casas Viejas. Como última
acción política Peter concedió una entrevista a El País reclamando el
derecho, no a una muerte digna, sino a una vida digna que ya no tenía.
Quién mejor que un anarquista pare reclamar la libertad de elección
sobre nuestras propias vidas, incluyendo el derecho a ponerle fin, sin
aceptar las imposiciones morales o legales de la religión o el estado.


José

En http://www.cgtandalucia.org/Vivo-en-una-carcel-que-se-estrecha

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Una larga lista de antecedentes

Ramón Sampedro (1943-1998). Parapléjico desde
1968, cuando tenía 25 años, el hombre luchó durante 30 años para que los
tribunales permitieran que un médico le diera una combinación de
fármacos que acabara con su vida. No lo consiguió, y, al final, decidido
a acabar con su vida, ingirió una dosis letal de cianuro que alguien le
suministró. Luego se supo que había sido su amiga Ramona Maneiro, pero
el delito de colaboración necesaria para el suicidio ya había prescrito.
Su caso fue reflejado en la película Mar adentro.


Madeleine Z. (1938-2007). La mujer, que sufría una
grave enfermedad paralizante, se quitó la vida en su casa de Alicante
ingiriendo una combinación de fármacos. Recibió asesoría de la
asociación Derecho a Morir Dignamente.


Inmaculada Echevarría (1955-2007). La mujer
vivió 10 años postrada en una cama con la ayuda imprescindible de un
respirador. Tardó más de medio año en conseguir que los médicos del
Servicio Andaluz de Salud que la atendían aceptaran su petición de que
la desconectaran de la máquina, algo a lo que, según la Ley de Autonomía
del Paciente de 2002, tenía derecho. Al final, fue la propia Junta la
que aprobó su demanda, que solo pudo cumplirse cuando cambió de
hospital, de uno concertado a uno público. Su caso motivó que Andalucía
elaborara una Ley de Muerte Digna, modelo de la que dejó preparada el
último Gobierno socialista y que está pendiente de tramitar en el
Congreso, donde no se espera que el PP la retome.

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Comunicado de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD)

http://www.eutanasia.ws/comunicados…

EN RELACIÓN CON LA MUERTE EN SU DOMICILIO DE PEDRO, ENFERMO DE
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA, publicada hoy por el diario El País.

1. La ley 41/2002 de autonomía del paciente establece como
principios básicos “La dignidad de la persona humana, el respeto a la
autonomía de su voluntad y a su intimidad; el derecho del paciente a
decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse
al tratamiento; y la obligación de todo profesional que interviene en la
actividad asistencial al respeto de las decisiones adoptadas libre y
voluntariamente por el paciente” (art. 2).
2. Tal y como han legislado Andalucía, Aragón y Navarra, y de acuerdo
con la ley reguladora de los derechos de la persona ante el final de la
vida, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, “todas las
personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho
a los cuidados necesarios para evitar el dolor y el sufrimiento (art.
4), lo que incluye,[…], la sedación, aunque ello implique un
acortamiento de la vida […] para reducir su consciencia, con el fin de
aliviar adecuadamente su sufrimiento o síntomas refractarios al
tratamiento específico” (art. 11).

3. La sedación paliativa (dormir al paciente hasta que, a
consecuencia de una enfermedad terminal, acontece su fallecimiento) es
un tratamiento para aliviar el sufrimiento refractario (que no responde a
ninguna otra medida). La sedación no sólo es un imperativo moral para
el profesional cuando el paciente se encuentra en proceso de agonía,
sino también un derecho de los enfermos terminales. Su justificación no
depende de que la muerte sea inminente (agonía), sino de la voluntad del
paciente de no seguir padeciendo un sufrimiento intolerable.

4. A pesar del marco legislativo, todavía los ciudadanos se
encuentran con profesionales que dificultan el ejercicio de sus
derechos. Negar la sedación paliativa a un paciente terminal porque no
se encuentra en agonía es una falta de respeto a su autonomía y una
crueldad injustificable.

5. Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el
libre ejercicio de sus derechos a los ciudadanos. Por ello urgimos al
nuevo Parlamento que culmine la aprobación del proyecto de ley
presentado en el Congreso y que se arbitren las medidas para su
cumplimiento evitando a las personas un trato desigual en el proceso de
muerte según la Comunidad Autónoma en que residan.

6. Nuestra sociedad democrática se fundamenta en la libertad
individual. La vida es un derecho, no una obligación. Los ciudadanos no
estamos dispuestos a admitir que la autonomía de nuestra voluntad se vea
limitada por la falta de sensibilidad de responsables políticos a los
que parece no importarles el sufrimiento de los pacientes al final de su
vida. La AFDMD reitera sus compromisos con la sociedad tanto en la
defensa del derecho a morir con dignidad, como en la atención en el
marco de la legalidad, de aquellos socios que no encuentren una
respuesta satisfactoria dentro del sistema público de salud.