En España se presentaron 610 denuncias en 2006 por casos de maltrato policial, según el Informe sobre la Tortura en el Estado Español 2006, que por tercer año consecutivo ha presentado la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.
Con estas 610, se elevan a 4.196 el número de denuncias presentadas en España por estas circunstancias en los últimos seis años, lo que significa casi 700 personas por año, casi dos al día, «lo que nos hace hablar de la existencia de situaciones de tortura y maltratos de manera diaria», según la portavoz de la Coordinadora, Begoña Casado, que ha subrayado que la principal conclusión que se puede extraer del informe es que «la práctica de la tortura persiste en el Estado español».
El informe alerta sobre el «importantísimo incremento» de las denuncias conocidas en Cataluña, coincidiendo con el despliegue de los Mossos d’Esquadra en el territorio. Así, por zonas, Cataluña fue la comunidad que más casos registró al acumular 144 denuncias, seguida de Andalucía (139), Madrid (72), Galicia (49) y el País Vasco (46).
En total, estas comunidades concentran dos tercios de las 610 denuncias presentadas por este motivo.
Barcelona, capital de las denuncias en Cataluña
En Cataluña, 144 personas denunciaron el pasado año haber sufrido posibles casos de tortura, una cifra que casi dobla la de 2005, en que se contabilizaron 77 denuncias. La mayor parte de este aumento se ha producido en Barcelona ciudad, que ha pasado de 60 a 129 denuncias, un 115% más.
Casado explica el incremento por la coincidencia con el despliegue de la policía autonómica en la capital catalana y, en parte, por el hecho de que «la sociedad catalana está muy organizada y se atreve a denunciar».
Pese a todo, en Cataluña el Cuerpo Nacional de Policía acumula la mayor parte de las denuncias, con 68, seguido de los Mossos, con 50, las policías locales, con 16 y la Guardia Civil, con 4, mientras el resto corresponde a los funcionarios de prisiones.
Igualmente importante es el aumento de denuncias que se ha producido en Galicia, donde se ha pasado de 21 acusaciones en 2005 a 49 en 2006, lo que supone un aumento del 133%.
Disminuyen las denuncias en el País Vasco y Navarra
En el sentido contrario, destaca la disminución de denuncias en el País Vasco (46) y Navarra (17), que han descendido casi a la mitad debido, según Casado, a la reducción de detenciones en régimen de incomunicación producidas en 2006.
Entre las regiones que menos denuncias acumulan se encuentran Cantabria (2), Castilla-La Mancha (3), Murcia (3), Extremadura (3), Asturias (5) y La Rioja, la única comunidad de la que no se han recibido denuncias.
De las 610 acusaciones presentadas en el conjunto de España, la mayoría se atribuyen al Cuerpo Nacional de Policía (270), seguido de las policías locales (133), las policías autonómicas (84), la Guardia Civil (50) y los funcionarios de prisiones (73), entre otros cuerpos de funcionarios.
Por grupos, aquellos que han presentado más denuncias han sido los integrantes de movimientos sociales (186), los inmigrantes (109), los miembros del movimiento sindical (82), los presos (74) y los detenidos en régimen de incomunicación (6).
En el informe no se recogen todas las situaciones conocidas, ya que «se ha excluido» un importante número de casos por diversas razones, unas veces a petición expresa de las personas agredidas, o porque la información recibida era insuficiente o no estaba suficientemente contrastada, lo que le hace pensar que el número real de denuncias es mucho mayor.
Diario Deia
La intolerable persistencia de una lacra
El ’Informe sobre la Tortura en el Estado español’ elaborado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura concluye que los malos tratos persisten a pesar de las negativas oficiales.
A lo largo de un extenso y documentado informe de cerca de trescientas páginas, correspondiente al año 2006, la Coordinadora para la prevención de la Tortura, que agrupa a varias decenas de asociaciones y observatorios de defensa de los Derechos Humanos, aporta pruebas, testimonios y datos suficientes como para concluir que la lacra de los malos tratos persiste en comisarías, cuartelillos y cárceles del Estado español, contradiciendo las reiteradas negativas que suelen partir desde ámbitos oficiales cuando se trata el tema. Una de las conclusiones más preocupantes de este informe es que el número de denuncias de torturas y malos tratos es superior en aquellas comunidades en las que por organización social o conciencia política son más los ciudadanos dispuestos a denunciar las injusticias o las ilegalidades. Quiere esto decir que no es descabellado suponer que estemos sólo ante una parte de lo que realmente sucede y queda oculto porque no hay una denuncia que lo saque a la luz.
Otra evidencia que se desprende del informe es que en no pocos casos son las leyes especiales las que favorecen la práctica de la tortura o de los malos tratos a los detenidos. Así, el descenso de prácticamente un cincuenta por cien de las denuncias en la CAV y Navarra obedece fundamentalmente, según los autores del trabajo, a la drástica reducción de las detenciones en régimen de incomunicación, seis, frente a las 77 de 2005. Los denunciados visten toda clase de uniformes y llama poderosamente la atención el incremento de los casos denunciados en Barcelona desde que los Mossos de Esquadra han completado su despliegue en la capital catalana, si bien sigue siendo la Policía Nacional quien más denuncias acumula. En cuanto a la comunidad autónoma vasca, el informe da cuenta de 42 denuncias de que ha sido objeto la Ertzain-tza, dato que, con independencia de que pueda ser menor que en otros lugares, siempre es preocupante y merece una reflexión.
La implantación de cámaras en las comisarías y el desarrollo de un protocolo a seguir para preservar los derechos de los detenidos son medidas merecedoras de aplauso pero que deben tener otros acompañamientos. A nivel general, los inmigrantes se han convertido en uno de los grupos más expuestos a los malos tratos, inmediatamente por detrás de integrantes de movimientos sociales y por delante de miembros del movimiento sindical. El informe habla de casi 700 víctimas de malos tratos por año, dos por día, registradas cuatro años después de que el Relator Especial de la ONU sobre la tortura fuera descalificado por el Gobierno de Madrid por incluir al Estado español en la relación de países donde se practicaba la tortura y dos años después de que el mismo Relator se ratificara diciendo que dicha práctica es más que esporádica. Para acabar con esta lacra es imprescindible la voluntad de hacerlo. Negar la evidencia no es el camino.
Fuente: Efe, Barcelona | Diario Deia
