Las mentiras del PP, más de seis millones de desempleados (el 27,2% de promedio nacional, en Andalucia y Extremadura casi el 40%), cerca de dos millones de familias con todos sus miembros en paro, la emergencia social en carne viva y la corrupción en la alturas que no cesa, son razones superiores para dar por terminado el tiempo de denuncia cívica y pasar a la acción directa democrática. Desbordados todos los límites que parecían inimaginables, un mínimo imperativo ético exige acabar con el ciclo de política del candado que nos está conduciendo al holocausto social. Llámese “asedio al Congreso” o como quiera que se etiquete, lo único cierto es que todo un pueblo no puede inmolarse para que un grupo de incendiarios de postín, iluminados por el fuego, prevalezca. Hoy para que algo cambie todo tiene que cambiar. Escrache al Sistema.
El pasado 14 de abril fue el primero en muchos años de aniversario de la Segunda República en que el apoyo popular saltó el Rubicón. Durante demasiado tiempo esta celebración fue seguida en la calle por unos cuantos recalcitrantes que solo lograban captar la indiferencia e incluso el desdén de la oposición institucional (partidos y sindicatos), más comprometida con el régimen salido de la transición que con los valores cívicos de aquella experiencia democrática. Pero parece que se han vuelto las tornas.
El pasado 14 de abril fue el primero en muchos años de aniversario de la Segunda República en que el apoyo popular saltó el Rubicón. Durante demasiado tiempo esta celebración fue seguida en la calle por unos cuantos recalcitrantes que solo lograban captar la indiferencia e incluso el desdén de la oposición institucional (partidos y sindicatos), más comprometida con el régimen salido de la transición que con los valores cívicos de aquella experiencia democrática. Pero parece que se han vuelto las tornas. Ahora muchos de los descreídos manifiestan un fervor republicanista que antes solapaban vergonzosamente, como síntoma inequívoco del agotamiento del régimen al que sirvieron. Gracias por venir.
Que la izquierda instalada intente recomponer su figura para salvarse de la quema, entra en la lógica de la política como intento de conservación de la especie. Las encuestas no hacen sino registrar el continuo descalabro en la confianza ciudadana de sus organizaciones y dirigentes. El PSOE no levanta cabeza a pesar del desplome de su presunto adversario el PP; Comisiones y UGT se desangran por el sumidero de la desafiliación y los zarpazos de la corrupción; y ni siquiera Izquierda Unida (IU) y su líder Cayo Lara logran el aprobado, la coalición crece pero sigue sin dar la talla. Se nota que los años de plomo de unos (PSOE, CCOO y UGT) en el etapa socioneoliberal de Zapatero, y las malas compañías de otros (IU cohabitando con la banda de los EREs), aguan el sorpasso político que las bárbaras políticas del PP les ofrecen todos los días en bandeja (1).
Quizás por eso, la gran familia socialista ha decidido renovar su attrezzo, en la esperanza de que una visualización de verbalismo plural le permita pasar página en la memoria de una opinión pública siempre olvidadiza. Así cabría interpretar, salvo error u omisión, algunos movimientos tácticos que está protagonizando aprovechando el derrape de la Marca España. De entrada, hemos visto a Rubalcaba caerse del guindo y pedir luz y taquígrafos sobre el patrimonio privado del Rey; a algunos diputados solidarizándose con los afectados de las preferentes que irrumpieron en las gradas del Congreso y solicitar que la medida “expropiatoria” aprobada por la Junta de Andalucía en el tema de la vivienda se haga norma general. Todo lo contrario de lo que el PSOE negó y renegó cuando estaba en el poder en la etapa de Rodríguez Zapatero con Rubalcaba de todopoderoso número dos.
El problema de fondo es que la “oposición responsable” de una formación más que centenaria no permite a la cúpula del PSOE dar lo mejor de sí mismo sin desnaturalizarse. Debe nadar y guardar la ropa como corresponde a un partido de orden. Y además mantener ese perfil bajo con la cara no muy alta, no vaya a ser que se la partan. De hecho fueron algunos de sus cuadros, Juan Fernando López Aguilar y Beatriz Talegón, los primeros en catar los escraches. De ahí que el PSOE no haya tenido más remedio que pedir auxilio a sus compañeros de viaje, menos abrasados por sus contradicciones, para que asuman el papel de renovadores por la base. Un titulo que han empezado a desempeñar con aplicación los sindicatos mayoritarios y su socio en el gobierno de Andalucía, Izquierda Unida.
Con esa percha, todos se han lanzado a apoyar la justa protesta del grupo que representa Ada Colau, persona que gracias a la estulticia de la gobernadora civil de Madrid, la impresentable Cifuentes, ha pasado de ser un portavoz más de los activistas a convertirse en una líder social en toda regla, de esos que tanto gustan a los medios de comunicación para poder manufacturar la protesta. Con el sobrevenido famoseo a cuestas, Colau ha aparecido en todas las televisiones junto a Fernández Toxo y Cándido Méndez para advertir de la enorme frustración social que supondrá el rechazo de la dación en pago que han solicitado millón y medio de ciudadanos en la ILP (Iniciativa Legislativa Popular), un fenomenal plebiscito nunca visto en la historia de las ILPs.
El problema es que el marco elegido para lanzar ese aviso a navegantes roza el oportunismo por parte de CCOO y UGT, inmersos en sus respectivos congresos para la renovación de sus cúpulas, en un suma y sigue acrítico e inmovilista. Y no queda nada claro, por el contrario, en qué beneficia a la imagen de independencia y solvencia de la PAH juntarse con unos dirigentes sindicales que callaron cuando el gobierno del PSOE ejecutaba los lanzamientos; despiden a sus trabajadores por la mínima aplicándoles la normativa laboral que dicen combatir; están en boca de todos por la trama de los EREs andaluces y han padecido escraches por suscribir el despido de más de cinco mil profesores interinos en la comunidad valenciana. Nulla estética sine ética.
Sin embargo el tema de la expropiación bancaria tiene mas calado, más allá de la cretinez de una derecha que cree ver en una simple medida de auxilio social el fantasma del comunismo. Con las limitaciones y reservas que podamos hacer (se solapan las posibilidades sociales del Banco Malo en el contexto del rescate bancario obligado por su lastre inmobiliario), se trata de un acción que beneficia a los ciudadanos más vulnerables y señala a los verdaderos responsables de la crisis. No debemos olvidar que aparte de la estafa de las preferentes y la vergüenza del saqueo de los desahucios, los ajustes y recortes que sufre la población son consecuencia inmediata de la capitalización con dinero público de “la mejor banca del mundo”. Las contrarreformas (por qué llamar reforma a lo que solo es pura regresión) impuestas por la Troika para inyectar 100.000 millones al sector financiero se hacen a nuestra costa. Nuestra crisis es su botín.
Este zarpazo lanzado contra la línea de flotación del PSOE por IU (Asturias, la otra comunidad gobernada por los socialistas, lo ha rechazado), seguramente en compensación por secundar el discurso exculpatorio del Griñán ante el parlamento andaluz, no puede sino traducirse a medio plazo en un elemento de división en el gobierno de coalición. Como en el tema de la imposible derogación de su propio legado en el caso de Rubalcaba y los suyos, los hacedores políticos de los EREs están comprometidos con su pasado, y en algún momento este les alcanzara creando un cisma en la Junta. La función social de la vivienda y el derecho a un techo digno que ahora felizmente se descubre por la izquierda no es distinta que la función social de la tierra (para el que la trabaja) que reivindican los jornaleros del SAT con esas ocupaciones que terminan en el cuartelillo de la guardia civil. Asimismo, poner a la banca usurera ante sus propias responsabilidades no exime del delito de haber “expropiado” el sector de cajas de ahorro que constituía el mayor ejemplo de banca semipública de la Unión Europea.
Dos “crímenes políticos” llevados a cabo por el mismo partido socialista que en el ámbito andaluz nombró hija predilecta de Andalucía a la Duquesa de Alba, la mayor latifundista y receptora de fondos comunitarios del país, y que a nivel del Estado perpetró la reforma del artículo 135 de la Constitución, que en la práctica acabará con esa función social de la riqueza (art. 128 CE) que ahora se reivindica para la vivienda desde Despeñaperros para abajo. De ahí el peligro, por ósmosis política, de que esta medida “expropiatoria” peque de efectista. Como el reciente decreto de la Junta para luchar contra la exclusión social, calificado por CCOO y el Defensor del Pueblo Andaluz de buscar mas “el impacto mediático” que el real.
Porque como dijo el filósofo Santayana, quien olvida la historia esta condenado a repetirla, conviene advertir que la fórmula de gobierno PSOE-IU que ahora funciona en Andalucía tiene su precedente teórico problemático. Esa fue la combinación política derrotada en las elecciones del año 2000, que presentaba como cabeza de cartel electoral al entonces secretario general del PSOE Joaquín Almunia, en la actualidad Comisario de la Competencia de la UE, vicepresidente-portavoz de la Comisión Europea y en la práctica jefe de los hombres de negro de la Troika. Cosa que sucedió al forzar El País la renuncia de José Borrell, ganador en unas primarias frente a Almunia, como candidato socialista a la presidencia del gobierno tras ser acusado de responsabilidad “in vigilando” por un caso corrupción cometido por colaboradores suyos en Hacienda. Fue la primera y última vez en la historia del PSOE en que bases del partido han elegido directamente a su máximo representante.
La huella de la experiencia debe servir para que, a la hora de la autocrítica y las reconversiones, se evite la tentación de reincidir en posiciones retóricas, hechas de cara a la galería o buscando el titular, esas políticas de gestos más propias de las técnicas propagandísticas de una multinacional que de la acción política responsable y radicalmente democrática. Lo que el activismo emergente entre la ciudadanía más comprometida demanda es un nuevo relato humanista, ético, solidario, equitativo, sostenible y transformador. Porque igual que existe un código penal indoloro para famosos (Ortega Cano, Isabel Pantoja, Alfredo Saez), cuando un dirigente de la izquierda, como ha hecho la número dos del PSOE, compara su formación con “la del PP, Nestle, Cola Cola o el Corte Inglés”, lo que nos están vendiendo son golosinas mercadotécnicas. “La República independiente de tu casa”. El show de los mercados.
La cosa no da para más. Estamos rodeados de inútiles, malhechores y corruptos que han tocado fondo y siguen cavando. Es el turno del pueblo: escrache al Sistema, funeral al Régimen.
(1). La reciente encuesta sobre la intención de voto en la Comunidad de Madrid, que da un vuelco político a las expectativas de IU y UpyD, con una remontada de 16 y 8 escaños, respectivamente, frente a la pérdida de otros 18 y 6 por el PP y el PSOE, no desmiente este escrutinio. Primero porque confirma que en los comicios no se vota en positivo, a “favor de”, sino “en contra de”, como rechazo. Y en segundo lugar y más importante, porque las elecciones en un entorno de statu quo funcionan como un corralito político sometido a la “ley del número” denunciada por Ricardo Mella. Un análisis de estos sondeos (que obvian el nivel de abstención) revela el hecho “paradójico” de que el sorpasso de IU se lograría gracias a los votos tránsfugas de la derecha del PP. Con los 6 diputados que IU recibe (supuestamente) de la debacle socialista no le alcanza para ese salto cualitativo de 16 diputados, necesita otros 10 de los 18 que pierde el PP. O sea, una victoria electoral de la izquierda (sin modificar el sistema, las reglas del juego) conlleva la hipoteca de una derechización en ciernes por los apoyos-lastre coyunturalmente prestados por su “tradicional adversario”. El efecto bumeran del Sistema reduce el cambio a un tráfico político de suma cero.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
