Los representantes electos en la Junta de Personal de Centros Docentes no universitarios de Cádiz de los sindicatos APIA, CGT, SADI y USTEA denuncian la situación de bloqueo “premeditado y consciente” que sufre la junta.
Hace días se solicitó un pleno extraordinario para la petición de cese del presidente y la secretaria, ambos del mismo sindicato. Tras ser convocado por Isabel Palomo, secretaria de la junta, ni el presidente ni la misma Isabel Palomo acudieron al encuentro, con lo que tuvo que ser suspendido a pesar de contar con el quórum necesario para llevarse a cabo.
“Nada justifica su posición, pues tanto el presidente como la secretaria están liberados para acudir a sus compromisos sindicales, a los que no debe anteponerse nada”, comenta Enrique Ortiz Sánchez, delegado provincial de Sadi, que añade que “CCOO está amaestrado y saca beneficios administrativos de ello”.
“Nos encontramos desde hace un año y medio sin sede ni dirección y los profesores que desean ponerse en contacto con nosotros no pueden”, dice Concha Tarín Sánchez, secretaria general de la enseñanza en CGT. “No tenemos tampoco acceso ni a los libros de registro ni a la correspondencia, por lo que nos sentimos encarcelados”, continúa Concha Tarín.
Este bloqueo es para Lydia Andujar, del sindicato USTEA, un engaño. “Nos da la sensación de que estamos engañando a quienes nos han votado porque no podemos llevar a cabo nuestras funciones ni dar amparo a quienes lo necesitan”.
Hasta la fecha tan sólo se ha realizado un único pleno, y las resoluciones que se tomaron no se han llevado a la práctica por la “inoperancia” del presidente y la secretaria. Según la normativa debería haber un pleno cada dos meses y una permanente cada 15 días, y en todo el año la junta sólo ha convocado un pleno y 3 permanentes.
Según los representantes de APIA, CGT, SADI y USTEA la junta lleva un año paralizada “de forma provocada y deliberada”. Según los denunciantes hay casos de acoso laboral a los que no se les puede prestar amparo por culpa de la secretaria y el presidente. En concreto, una profesora de Chiclana está de baja por depresión ya que en su día no se le pudo resolver su situación.
Los denunciantes representan a 21 miembros electos de los 43 que componen la junta de personal.
Según los denunciantes hay sindicatos que con su silencio son cómplices de quienes incumplen sus funciones, como por ejemplo UGT. Tras meses de espera los denunciantes esperan que todo se normalice pronto.
JOSE JUAN RAMOS JEREZ
Publicaciones del Sur
