A raíz de los datos publicados en la última Encuesta de Población Activa (EPA) del 4º trimestre de 2021, publicada por el INE el pasado 27 de enero de 2022, desde CGT queremos señalar y subrayar algunos aspectos que consideramos claves para entender la realidad laboral. Una nota especialmente pertinente, teniendo en cuenta el debate de estos días en el Congreso sobre el RDL 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo que presenta la Ministra Yolanda Díaz.
Los datos que ofrece la encuesta en materia de creación de empleo, muestran un ligero aumento del 0,77% con respecto al trimestre anterior, es decir, 153.900 personas ocupadas más. Un incremento producido principalmente por el aumento de contratación en el sector privado, ya que en el público la ocupación ha disminuido en 8.500 personas. En todos los sectores aumenta -agricultura, industria y servicios-, excepto la construcción. En relación al desempleo, el número de personas paradas baja este trimestre en 312.900 personas (–9,16%) y se sitúa en 3.103.800 personas, alcanzando una tasa del 13,33% -11,7% en el caso de los hombres y 15,04% en el de las mujeres-.
En términos generales, observamos que son unos resultados agregados positivos. Sin embargo, como sindicato, lo que nos preocupa es la constatación de la precariedad y la incertidumbre laboral. Lamentablemente la temporalidad y la parcialidad, siguen siendo protagonistas del mercado laboral. Si bien el número de asalariados con contrato indefinido se incrementan en 150.600, mientras que los que tienen contrato temporal se reducen en 92.900, lo cierto es que la tasa de temporalidad sigue superando el 25% y en el caso de las mujeres, superior al 27%. muy por encima del promedio europeo (10,6%). Si bien los cambios que incluye el RDL en materia de reducción de temporalidad permiten reducir los plazos, lo cierto es que el hecho de no abordarlos de forma integral, eliminando sólo los contratos de obra, pero manteniendo los eventuales, resuelve el problema a través de los contratos fijos-discontinuos, otra fórmula contractual temporal que parece que se convertirá en los próximos meses en el protagonista de las EPAs. Asimismo, las ETTs siguen sin tener límites en la cesión de trabajadores y trabajadoras, y adquieren un papel clave en la contratación fijos-discontinuos que, desgraciadamente, y a pesar del nombre, siguen siendo temporales.
Por otro lado, la nueva reforma laboral ha dejado demasiadas cosas fuera del texto. No se resuelven los problemas de los contratos a tiempo parcial -13,56% de los y las trabajadores-, cuando el 51% de las personas con ese tipo de contrato lo tienen de forma involuntaria y el 18% por motivos relacionados con las obligaciones familiares y los cuidados, siendo en el caso de las mujeres el 22,61% de las mujeres a tiempo parcial y el 6% en el caso de los hombre. Es una pena haber dejado sin reformar este tipo de contratos, debido a que son una de las fuentes de segregación ocupacional más preocupantes, ya que el 75,6% son copados por mujeres, perpetuando así la división sexual del trabajo y la pobreza laboral.
Este tipo de prácticas empresariales se complementan con la normalización de las horas extras. A pesar de la regulación de las mismas a través de la obligación del registro de jornada -vigente desde mayo de 2019-, en España se siguen realizando más de 6,277 millones de horas extras semanales, de las cuales, el 45% son no pagadas. Resultan llamativos estos datos de horas extras cuando España sigue teniendo una tasa de paro estructural del 13.33%, estando a la cabeza de los países de la UEM y muy por encima del 7,6% del promedio europeo. Unos datos aún más preocupantes cuando hablamos de tasas de desempleo juvenil del 38%, o cuando observamos que hay más de 1.496.000 personas en paro de larga duración. La situación es dramática cuando la encuesta revela que más de 560 mil hogares no tienen ningún tipo de ingreso, lo que las lleva a una situación de pobreza y exclusión preocupante.
El reparto del trabajo debería ser una prioridad del gobierno, y para ello, es importante regular de forma estricta las horas extras, tanto pagadas como no pagadas, así como llevar a cabo políticas para la reducción de la jornada laboral. De esta forma, se podrían crear nuevos empleos, mejorar la conciliación de la vida laboral y personal y reducir las brechas entre hombres y mujeres derivadas de la desigual distribución de cargas de trabajo.
Desde CGT, queremos subrayar que la creación de empleo no sólo se aborda a través de reformas laborales, sino más bien, tiene que venir acompañado de reformas estructurales del modelo productivo. A pesar de los fondos extraordinarios Next Generation procedentes de la UE, lo cierto es que ha habido una nula transformación. Revisando la estrategia española, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, podemos observar una serie de propuestas de modernización de los sectores tradicionales de la estructura económica española (turismo, construcción o automóviles), pero no una apuesta decidida por la transformación de esta.
En definitiva, una reforma laboral no necesariamente incidirá (o al menos directamente) sobre la creación de puestos de empleo si no viene acompañada de un cambio estructural productivo. Esto ya lo reconoció la Unión Europea en varios informes que analizan la reforma laboral de 2012. Además, tenemos la demostración empírica de que España ha mantenido niveles de desempleo estructural muy altos estando a la cabeza de los países europeos.
En cambio, la reforma laboral o el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras en su conjunto, lo que sí determina son precisamente las condiciones de trabajo, ya que supone el marco legislativo donde se van a desarrollar las relaciones laborales, acotando y definiendo aspectos como el trabajo seguro o inseguro, con derechos o sin derechos, pagado o en régimen de explotación, con despido libre o protección al despido de los y las trabajadoras. Lamentablemente, el actual modelo de empleo se sostiene sobre las bases estructurales que estableció el Partido Popular:
- Contención/pérdida salarial, siendo la mayor pérdida de poder adquisitivo en 2021 en los últimos 20 años, ya que cerca de 400 euros de cada salario se perdieron por el efecto de la subida de precios.;
- Inestabilidad laboral a través de alta rotación en el empleo, temporalidad y parcialidad
- Explotación en las condiciones de trabajo. Como resultado, observamos que España es el país europeo con mayor índice estandarizado de accidentes de trabajo. Además, según los datos del Ministerio 2021 muestra un aumento cercano al 20% de los accidentes con baja y 531 fallecidos de enero a noviembre de 2021. Una evidencia más de la precariedad y explotación laboral a la que está expuesta la clase trabajadora.
Unos pilares que, desgraciadamente, van a seguir perdurando y enraizándose tras la actual reforma laboral que se va a aprobar en los próximos días.
Los derechos se consiguen luchando.
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
