Artículo de opinión de Rafael Cid

A veces la actualidad se vuelve rencorosa. Regresa sobre sus pasos hurgando viejas heridas. Es lo que debe haber ocurrido en los dos pleitos judiciales habidos en la Comunidad Foral. Precisamente allí donde la maledicencia atribuyó a Pio Baroja lo que nunca salió de su pluma, aunque pudo pensarlo. Que los términos “navarro” y “pensamiento” son conceptos  incompatibles, agua y aceite. Delirio éste que los tribunales de La Manada y Alsasua parecen querer renovar con sus extravagantes postulaciones.

A veces la actualidad se vuelve rencorosa. Regresa sobre sus pasos hurgando viejas heridas. Es lo que debe haber ocurrido en los dos pleitos judiciales habidos en la Comunidad Foral. Precisamente allí donde la maledicencia atribuyó a Pio Baroja lo que nunca salió de su pluma, aunque pudo pensarlo. Que los términos “navarro” y “pensamiento” son conceptos  incompatibles, agua y aceite. Delirio éste que los tribunales de La Manada y Alsasua parecen querer renovar con sus extravagantes postulaciones.

Se trata de procesos distantes pero no distintos, aunque sus señorías los valoren a lo viceversa. En el de La Manada, el hecho de que entre los atacantes hubiera un guardia civil y un militar parece servir de eximente. Igual que la circunstancia de que los “uniformados” robaran el móvil de la joven y quitaran la tarjeta SIM para  que no pidiera  auxilio. Lo contrario que en Alsasua, donde la condición de miembros del instituto armado se  valora como agravante para la tipificación delictiva de los acusados. Lo paradójico hecho paradigma. Lo mismo que el impacto de la protesta en la calle, dependiente en cada situación del color con que se mira y se comunica. Ni los magistrados que han fallado en el asunto de La Manada ni los que entienden sobre la bronca de Alsasua se sienten concernidos por una opinión pública, por cierto, expresada de manera contradictoria en cada supuesto.

Todo lo cual arroja un cuadro disjunto. En un procedimiento, el fiel de la balanza lleva a interpretar que no hubo violación de la joven, aunque esté probado el acoso con penetración policarnal en tropel perpetrado por la cuadrilla de “los prendas”. Y en el otro, el delito de terrorismo  se da probado a priori en base a la condición de agentes de la autoridad (fuera de servicio) de los presuntos lesionados  en la trifulca. Dos varas de medir, que unen en direcciones opuestas lo que significa una catalogación machista del género con presunción de culpabilidad para la mujer, por un lado, y de obvia presunción de víctimas para los inquilino de la casa-cuartel, por otro. Es como la “doctrina Botín”, ancho para unos, y la “doctrina Atutxa”, estrecho para otros.

Porque la cosa no va solo de Interpretación. Por mucho arte que se les suponga a jueces y magistrados, un único violín no ejecuta una sinfonía completa, hacen falta al menos una batuta. La judicatura que tenemos, heredera en valores patriarcales y conservadores de la del franquismo (hubo continuismo no ruptura, recordemos), está repleta de personalidades autoritarias (aquel “usted no sabe con quién está hablando”). Y aunque ya no rige el delito de desacato, la psicología dominante entre el personal togado abunda en razones arrogantes que el sentido común ignora. Por eso, cuando aparece un juez Castro o una jueza Alaya sentimos como si nos hubiera tocado el gordo. Podemos matar al mensajero, pero en general el discurso permanece en los códigos. En el caso de La Manada asido al Código Penal de 1995, activado por el biministro Belloch (ya debería alarmar que haya una cartera englobando a Interior y Justicia: el orden de los factores importa), y en el de Alsasua en la reforma pepera del 2015 realizada bajo el estigma del pacto antiterrorista (aquello del terrorismo y su entorno hecho norma).

Lo que ocurre es que por un lado va la doctrina y por otro la vida. Y hace ya tiempo que la gente sale a la calle para que la doctrina no ahogue sus vidas. Es el espíritu del 15M. Lo que, sin banderas o estandartes que remitan a organizaciones ni marcas la legitimidad de sus aspiraciones,  hace que ciudadanos de toda condición asuman la política desde abajo como condición vital de una democracia proactiva. De ahí la extraordinaria manifestación feminista del 8M o las persistentes movilizaciones de pensionistas y jubilados. Momentos todos de una misma rebelión intergeneracional e intergenerocional, surgidos más allá de la rentista, oportunista y burocrática programación de los aparatos de partidos y sindicatos.

Igual que la reacción de las instituciones ante crisis demostró que el sistema es antinosotros, lo ocurrido a raíz de las protestas contra la sentencia de La Manada (de mínimos) y su voto particular (de máximos) ha demostrado que los populistas son ellos y están en las instituciones. Cómo si no entender que el ministro del gobierno de la prisión permanente revisable, Rafael Catalá, critique una resolución judicial ad hominem, y que esa injerencia sea aplaudida por la portavoz del PSOE, Margarita Robles, magistrada en excedencia del Tribunal Supremo. Puro cálculo político de un bipartidismo a la deriva que se sabe a merced de los elementos y es capaz de sorber y soplar al mismo tiempo. Con una mano se recortan las pensiones y con la otra se recuperan los recortes si eso salva los presupuestos.

Algunos dicen que con el terrorismo el Régimen del 78 vivía mejor. No lo creo, aunque a veces lo parezca. No deja de ser chocante, por decirlo en suave, que a la hora de la rendición definitiva de ETA se exija reparación, genuflexión y cumplimiento íntegro de las condenas para que haya olvido sin perdón. Precisamente lo que la Transición sin justicia transicional que pario  el sistema vigente jamás hizo. Que se construyó sobre la amnistía, la amnesia y el continuismo de arriba debajo de quienes sirvieron a la dictadura y la defenestración de la memoria de sus víctimas. Lo dicho: entre el “pensamiento navarro” y el síndrome de Estocolmo.

Rafael Cid


Fuente: Rafael Cid