Más allá de si la enmienda, a la Ley de Memoria Democrática propuesta por los socios del gobierno de coalición progresista para conseguir el apoyo o la a abstención de ERC, es solo «humo» -como lo afirma Xavier Rufián- o «la vía más clara para conseguirlo» –como lo pretende Enrique Santiago, secretario de Estado- lo único que ha quedado claro es que esta enmienda, calificada de «ultima oportunidad para hacer justicia en España» por uno de sus promotores (1), «no cambia nada», como acaba de precisarlo el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y de Memoria Democrática Félix Bolaños (2).
Efectivamente, esta enmienda «ya se aplicaba desde 2002», cuando España ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura que se consideran imprescriptibles y no amnistiables, y por eso lo único que se hace con ella es «simple y llanamente» poner «en valor» la Ley de Amnistía -que se pretende sortear- y reafirmar que ésta se debe interpretar conforme a los tratados internacionales.
En realidad, con o sin esta enmienda, el proyecto legislativo memorialista no deroga ni deja sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 y por ello la situación jurídica -cuando la nueva norma entre en vigor- seguirá siendo exactamente la misma que ahora, que es la que hay desde 2002, como lo ha enfatizado Bolaños.
No cambiara nada, y por ello las dificultades que han existido hasta ahora, para juzgar los crímenes del franquismo, seguirán siendo las mismas. No solo por situarse en el ámbito penal, en el que la legislación no permite la irretroactividad, sino también porque el PP continúa contando con «el apoyo de la mayoría de la carrera judicial«. Un apoyo que ha sido decisivo para interpretar e imponer la doctrina jurídica en función de esa opción política.
Como lo reconoce el propio Enrique Santiago: «Solamente esa oscilación mayoritaria a la derecha posfranquista de la judicatura española permite explicar que España sea el único país de Occidente donde se ha permitido la impunidad de los crímenes internacionales cometidos por la dictadura. Esta situación refleja un problema político, no jurídico. El marco jurídico es muy claro. Permitir la impunidad del franquismo es una opción política de quienes pueden imponerlo, aunque se haya revestido con doctrina jurídica.»
La realidad no es que no hayan podido aplicar la ley internacional e interna para para acabar con la impunidad, «es que no han querido hacerlo a pesar de las leyes«. Es esta infeudación ideológica de la judicatura la que ha impedido a las víctimas de la represión franquista acceder a la Justicia, y por ello , mientras esta situación continue, de nada serviría que en la ley de Memoria Democrática (que no es una ley orgánica) se derogue el principio de legalidad y prescripción de delitos de la norma del 77.
No solo porque esa derogación quedaría en letra muerta para una judicatura infeudada ideológicamente al PP sino también por depender la aplicación de la nueva norma de la voluntad del gobierno de turno de romper o no con lo pactado en la Transición. Voluntad que, como sabemos, es coincidente en oponerse a ello tanto en el PP como en el PSOE, los dos partidos con posibilidades reales de gobernar.
Los Pactos de la Transición como «linea roja»
La oposición a tocar los Pactos de la Transición no proviene solo del PP, de Vox y Ciudadanos, también es la «linea roja» para el PSOE. Tanto cuando gobierna como cuando está en la oposición. Por si lo habíamos olvidado, Bolaños ha vuelto a precisar que el PSOE jamás pondrá en cuestión la etapa de salida de la dictadura: «La Transición fue ejemplar, supuso un modelo de diálogo y dejó atrás el periodo negro de la dictadura. Hablar bien de la Transición es hablar bien de la democracia (…) que nos ha traído los mejores años de prosperidad, y que es un ejemplo en el mundo» (3).
En realidad, ni siquiera UnidasPodemos cuestiona la Transición. En un articulo en defensa de la enmienda de los socios de la coalición, Enrique Santiago (uno de sus autores) ha calificado la Ley deAmnistía de «una conquista de los demócratas frente al búnker franquista» y ha afirmado que anularla sería «dar la razón a quienes se han negado a aplicar la ley internacional e interna para acabar con la impunidad».
Además, como lo ha dicho la periodista Soledad Gallego-Diaz, «plantear ahora su reforma como un éxito de la izquierda que corregirá grandes injusticias aceptadas por los políticos demócratas de aquel momento, incapaces de sacudirse la tutela de la extrema derecha, implica en cierta forma desconocer aquella lucha y su sentido verdaderamente popular. Los diputados que votaron a favor de la amnistía el 14 de octubre de 1977 (80 de los cuales habían pasado por las cárceles franquistas) sabían perfectamente qué votaban. Se amnistiaba a quienes habían cometido delitos de sangre incluso después de la muerte de Franco (en concreto 90 presos de ETA), y también a los torturadores que habían golpeado en las comisarías hasta hacía muy poco a presos políticos y a trabajadores en huelga. Y todo ello se hacía en un Parlamento elegido democráticamente.» Un Parlamento en el que la Oposición antifranquista no fue capaz de ir más lejos del «mutuo olvido» (Xavier Arzalluz, portavoz del PNV) y de recocer que el texto era «el mejor posible» (Donato Fuejo, portavoz del PSP). (4)
Se puede lamentar esa incapacidad y haber reducido las reivindicaciones al grito común de «Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía»; pero no se puede olvidar el por qué de esa incapacidad/impotencia ni el por qué fueron necesarias tantas movilizaciones reprimidas con violencia para conseguir que los presos -que habían luchado por la democracia proclamada por los promotores de la Transición- pudieran salir de las cárceles…
Aunque duela reconocerlo, en España se tuvo que esperar casi cuarenta años para salir de la Dictadura, y la transición a la Democracia solo comienza dos años después de morir el dictador (en la cama) y ser enterrado con todos los honores. Una larga espera que acaba sin ruptura institucional con el régimen franquista.
La Transición española es simplemente una transformación/adaptación de la institucionalidad del Estado franquista a las normas «democráticas» (de derechos y libertades fundamentales) en vigor en Europa, para hacer posible la integración de España en la Comunidad Europea. Su objetivo y función solo es posibilitar la participación de los partidos de la Oposición antifranquista en elecciones «libres» -única exigencia política de la mayoría de los partidos de esa Oposición. Una «Oposición» resignada a implementar el «cambio pacifico» del Régimen con los ex franquistas reconvertidos de la noche a la mañana en demócratas. Una oportuna catarsis bendecida y justificada por el imperativo de «reconciliación nacional» que el PCE había adoptado como señas políticas de identidad después de renunciar a la lucha armada contra el franquismo.
No siendo pues otro el objeto de esa Transición y siendo lo que la Democracia parida por aquella transacción es hoy, no es de sorprender que la mayoría de los políticos siga considerándola «ejemplar» y se oponga a abrogarla. Lo sorprendente es que los autores de las enmiendas del PSOE-UP y de ERC, sabiendo que su aprobación «no cambia nada» y su aplicación solo seria «simbólica» para investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el franquismo, polemicen y pongan en peligro la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.
Sorprendente, porque más allá de lo «simbólico» y de dar a la derecha la oportunidad de presentarse como la defensora de la «convivencia», lo único que están consiguiendo con esta estéril polémica es que las víctimas de la represión franquistas sigan sin tener derecho pleno al «reconocimiento» y a la «reparación», pese a ser exigencias de todas las asociaciones memorialistas desde hace muchos años (5).
«La ultima oportunidad…»
Efectivamente, como lo ha recordado Joan Tardá, responsable en ERC de la negociación sobre la nueva ley de memoria democrática, es «la ultima oportunidad de llevar a cabo lo que debió hacerse hace muchos años» porque «se lo debemos a las víctimas que han sufrido una doble victimización: la de la dictadura, y a lo largo de estos 40 años, la de un menosprecio absoluto» (6).
De ahí la necesidad y urgencia de aprobar medidas que realmente les hagan justicia, que respondan al imperativo moral y político de «reconocimiento» y de «reparación» que ellas merecen y que, además, no puedan ser tildadas gratuitamente de «revanchistas» o contrarias a la «convivencia entre españoles« argüida por los defensores de la Transición.
Y por ello, «si pensamos en los que sufrieron la represión franquista», lo urgente es poner fin al «menosprecio» que han sufrido «a lo largo de estos 40 años» de Democracia. No solo por seguir vigentes las sentencias de los tribunales del franquismo, también por la infamia de haberlas dividido en dos categorías la norma de 2007.
Una «menosprecio» que es una verdadera vergüenza para todos los demócratas. Tanto por ser un «sinsentido» político y jurídico de la Justicia de la Democracia validar los juicios y sentencias de la Justicia franquista, como por ser un infame «sinsentido» político y moral discriminar a las víctimas de la represión franquista por la fecha de su ejecución.
Dos «sinsentidos», injustos y arbitrarios, que han impedido e impiden hacer «justicia para (todas) las víctimas de la represión franquista» y perpetúan el «menosprecio» del que han sido víctimas durante tantos años de Democracia.
Por ello, para hacerles justicia, lo urgente es anular los juicios y sentencias franquistas y poner fin a la infamia de su división en víctimas de primera y de segunda.
Señor Tardá y señor Santiago, no lo olviden, «es la ultima oportunidad» y «se lo debemos»…
27 de noviembre de 2021
Octavio Alberola
(4) https://elpais.com/espana/2021-11-18/una-gran-confusion.html
(5) https://drive.google.com/file/d/1awgsT-3oUGFd-FN8oNn4QTy5yFWCHaI4/view?usp=sharing
(6) https://www.epe.es/es/politica/20211120/tarda-erc-memoria-democratica-legitimar-12873837
Fuente: Octavio Alberola
