En solidaridad con los guajiros de San Adrián y San Antonio de Cuba

Desde Cuba, el compañero Ramón García Guerra, me envía un llamamiento a la solidaridad con los guajiros de los municipios de San Adrián y San Antonio, de la provincia de Mayabeque, que son víctimas de las manipulaciones del Poder Popular sobre los resultados de las últimas elecciones.

Es pues por coherencia con el deber de solidaridad, con las víctimas del sistema de explotación y de dominación hegemónico hoy en el mundo, que reproduzco a continuación el llamado del compañero cubano.

Octavio Alberola

Campesinos en defensa de la democracia

Campesinos en defensa de la democracia

Sostuvimos una reunión con los directivos de la Comisión Electoral Nacional (CEN) en las oficinas de la misma. Discutimos en ella los puntos de la Demanda… (ver Dossier) que hacen a la CEN los elec­tores del Con­sejo Bacu­nayagua en Santa Cruz del Norte[1]. Los electores en esta ocasión eran representados por los directivos de los CDR y el delegado del Poder Popular en la comunidad. Finalmente éstos aceptan que la CEN realice una investigación antes de adoptar una decisión. Considerando que ¿está en marcha? una investigación por parte del Consejo de Estado, creemos que el deber de un revolucionario es la de contribuir en la tarea y hacer más transparente el pro­ceso. Contrarrestando así una tendencia. Puesto que, en tal caso, sabemos que la lógica reacción del poder an­te un posible escándalo es adoptar una política de baja intensidad. Política que, al final, beneficia a los corruptos. Nosotros, por nuestra parte, buscamos una solución del pro­blema. Entiéndase bien: Es­tamos a favor de la comunidad; no en contra del gobierno. Desde luego, para los burócratas es me­jor que mantuviéramos la boca cerrada y que los dejáramos “hacer las cosas a su manera”. Pero el “caso” es apenas la punta de un Iceberg. De­ma­siadas cosas en juego para dejarles las manos libres a estos señores.  

Pensamos que el “caso” es instructivo.

Considérese que hasta el momento de la llegada de los guajiros a la CEN, los datos oficiales decían que las boletas válidas en la circunscripción 30 del Consejo Bacunayagua eran del 85% –sien­do del 46% en verdad–. Sinceramente no entendí por qué el vicepresidente de la CEN se irritó con el pun­to 3 de la Demanda… (Este es: “hacer una auditoría electoral en todos los bateyes y las poblaciones dispersas del país”.) Estando en su lugar me resultaría un estímulo que alguien me presentará una “duda razonable” acerca de los resultados reales del proceso. Ahora bien, más allá de estas ac­ti­tudes aprensivas en los directivos de la CEN, –que no son hechos menores, no; puesto que revelan una cuestión de fondo– pondré en discusión dos temas que me parecen de principio. 

Particularmente me refiero al status de la CEN y a la participación del PC en las elecciones.

Según nos dijeron los directivos de la CEN, la carta que envió el Delegado a ellos –y que éste en­tregó en las oficinas del Consejo de Estado (20/04/15)– no había sido recibida por la CEN… ¡15 días después! Evidentemente hay dos opciones: una, tales oficinas hacen mal su trabajo y como resultado han creado una compleja situación política; y otra, la CEN es una agencia de trámites y quien lle­va el tema realmente es el Consejo de Estado. (Lo que diga la Cons­titución es otra cosa.) Esta es sin dudas una mala noticia. ¿Por qué? Significa que las cartas están marcadas. Pero en tal caso el cos­to político se­ría demasiado alto si tratan de reprimir la causa de estas aldeas. No. La política será la de reducir el perfil a la misma y tramitar el “caso” dentro de la lógica del sistema. Dependerá to­do de la eficacia con que se resista los intentos de evitar que se cumplan los puntos 2 y 3 de la Demanda… En tal sentido los directivos de la CEN han anunciado que darán una respuesta a los que he­mos presentado la Demanda… y no a la comunidad. Craso error. Porque somos los representantes de aquella, no ella misma. Después de todo, si la situación es explosiva en ella, también es esto una res­ponsabilidad de las autoridades electorales. Entiendo que tiene mucho que hacer el Consejo de Estado en estas aldeas, puesto que la “obra de la revolución” en ellas es un dolor de cabeza[2].

 Ellos no van a poder emplear esos métodos sucios de dar golpes bajos a los líderes. Porque es sólida la integridad moral y política del delegado del Poder Popular[3] y la existencia de éste es en extre­mo precaria. (Tampoco van a poder acusar al abogado de la causa de “mercenario”.) ¿Piensan que basta con reducir la estatura moral del oponente para que sus pecados sean menores?

Ciertamente todo es más complejo. Considere las evidencias. Sabemos que los actos de ma­ni­pu­lación del PC no son accidentales. Acaso son la norma[4]. (Los grados de contingencia que afectan al sistema, constantemente, obligan a la clase política a dar golpes de timón.) Sucede que en esta ocasión todo se hizo de una manera muy bur­da y se mezclan otros intereses en el proceso. Pero… ¿Esta es la cuestión de fondo? No. En esto se rebela el efec­to acumulado de una política agraria fallida y la creación de “mafias locales que se dis­frazan de ANAP, de Poder Popular y de Partido y manchan la obra de la revolución” –sic. Demanda…–. Asimismo, la crisis de legitimidad que afecta al sistema político cubano ha obligado a las autoridades electorales a bajar los estándares que exige el proceso electoral. (Vea nota uno.) Prácticamente este se ha des­conectado de la realidad. El gran desafío es si se retrocede a un sistema multipartidista o si se mantiene la condición apartidista de la actual Cons­titución. Pensando en casos como el sucedido en San Adrián y San Antonio, pienso que lo co­rrecto es hacer lo segundo. La práctica sería, en caso contrario, la del clientelismo. Constatamos el estado de cosas y todo nos resulta patético. (Debimos de haber filmado la reunión.) Uno tras otro, todos los resortes de disciplina­miento que antes eran eficaces; ahora se estrellan contra la dignidad de un pueblo que despierta[5].

Supimos de inmediato que los responsables del proceso no eran aquéllos.

Creemos que más temprano que tarde las elecciones en Cuba sal­tarán de una primera a una tercera generación.

Deberíamos de contar con un tribunal de cuentas en Cuba hoy mismo.

Discutimos el punto 2 de la Demanda… (Este es: “realizar un juicio político ante la comunidad al Primer secretario del Partido, a la Presidenta de la Comisión Electoral Municipal y a los directivos de la CCS Enelio Domínguez, que violando la Ley, presidían la mesa electoral”.) Efectivamente, la forma de re­dacción del mismo puede prestarse a cierta confusión. Colocamos una fe de erratas: allí donde dice, “y los di­rec­tivos de la CCS”; ahora debe decir, “así como los directivos de la CCS”. In­di­camos así la responsabilidad de cada organización. Prontamente los directivos de la CEN se interesaron en aclarar: que juzgar los errores en la participación del Partido no era competencia de dicha institución. Supuestamente la CEN es una garan­tía de la legalidad en el curso del proceso. Cuando oigo hablar a éstos no hallo diferencia con las oficinas del Censo de Población o las del Carnet de Identidad. Sólo que no es un simple trámite lo que hace el CEN. Hablamos de un proceso de tipo instituyente. ¿Quién nos puede al final proteger de los ex­cesos del Partido[6]? Pensar que las elecciones son parte del proceso democrático pero no la totalidad del mismo nos abriría a un tema más abarcador: la gestión de gobierno.

Nosotros, en tal sentido, preferimos tratar el tema localmen­te.

Sobre el usufructo de tierras se ha articulado un pacto infame. Precisamente este fue el detonante que hizo estallar el conflicto. Durante un tiempo el “contrato” que mantuvo sometido al guajiro fue efectivo.

Veamos en la práctica cómo ha funcionado el pacto y por qué revienta el mismo.

Las rastras que van cargadas de pienso se pierden en el camino. Toneladas de petróleo que no llegan a los guajiros. Los informes del Delegado se suceden en el tiempo –esto es parte de su responsa­bilidad, según la Ley 91– sin hacer siquiera una auditoria. (Entregados tres de estos informes a los ofi­ciales de la CI en Santa Cruz del Norte.) La presión de los electores ha obligado al Delegado a enviar los mis­mos. Estos son insumos que necesita el productor en una región que está com­puesta de tierras en secano y sin regadío, donde se carece de pastos. Durante años han recibido el 50% del pienso, por ejemplo; pero los planes de producción de leche han sido cumplidos. Siempre. Porque si éste no cumple le cierran el contrato de usufructo de la tierra. Los directivos de la CCS, el presidente de la ANAP y el delegado del MINAG en el municipio son las autoridades que es­tán au­torizadas a to­mar esa decisión. Ninguno de éstos se interesa por las formas democráticas de gestión de las co­ope­rativas que prevén las leyes. Sobre estas bases se ha articulado un pacto sucio (chantaje) entre los directivos y los guajiros.

Consecuentemente esta gente humilde apela a un recurso: la gestión de su Delegado. Alguien que ha logrado solucionar dilemas que parecían im­posibles de resolver[7] en esa comunidad. Estamos ante un Delegado al servicio de su comunidad. Impulsado más por su integridad moral e ideales de justicia[8] que por responsabilidad ante un Poder Po­pu­lar: que resulta ser una institución fa­llida hoy mismo[9]. Ahora bien, no fue éste el que hizo saltar por los aires un pacto infame.

Desde luego, los hechos que narramos nos muestran la impunidad con que actúan las mafias locales. Pero, ¿cómo acabó todo? Porque algo en el “sistema de dominación” les falló a estos se­ño­res.

Sucede que en los últimos 15 años el batey fue creciendo con olas migratorias de gentes que ve­nían de la ciu­dad. La relación de los recién llegados con la población dispersa fue cada vez más or­gá­nica. Entonces en estos guajiros la conciencia de sus derechos se hinchó y surgió el bichito de la dig­nidad. (Una cosa que mortifica por las noches.) Incomoda saber, en verdad, que las desgracias no son compartidas, que mal se reparte lo poco que llega, que Unos se aprovechan de Otros y que los Unos juegan a ser Dios. Ahí es donde un guajiro: Evelio, hace estallar la olla de presión. Entonces un hilo de pólvora va a encender los campos. Solidaridad: esa es la palabra. Explica esto lo su­ce­dido. Evidentemente, para las mafias la voz de protesta de los Evelio es una piedra en el zapato. Disfrazadas de ANAP, de Poder Popular y de Partido, ponen a funcionar la gran maquinaria de crear cul­pables y de castigar al “infractor” del Orden Establecido. Creemos, de corazón, que esta revolución se salva si movilizamos a estos guajiros y damos una batalla en contra de estas mafias locales. Carecemos de “armas”; pero no de Dignidad. Insistimos. Estamos a favor de la comunidad, no en contra del gobierno.

Entendemos, incluso, que este último es un aliado importante en estas luchas. Pensamos que “des­de arriba y desde afuera” no hallaremos la solución a un tema de Seguridad Na­cional[10]. ¡Salve­mos a la re­volución: “desde abajo y desde adentro”! 

Llegamos al final del artículo.

Desandemos lo dicho. Hagamos un resumen. Contamos, en principio, con un mapa de los déficits de­mocráticos y legales que afectan a los vecinos de los ba­teyes y a la población dispersa en toda la Isla. (¡La gente más pobre de Cuba!) Deseamos saber cuáles son las prioridades que adopta el plan le­gislativo de la Asamblea Nacional. Exigimos que las comunidades sean empoderadas. Suficiente con lo dicho en este artículo, respecto a fallos en la legislación que regula el proceso electoral y la gestión de gobierno en la localidad. [Podríamos, por ejemplo, enviar a la Asamblea un proyecto de Ley de municipios… Incluidas las 10 mil firmas. (¡Digo, si no se molesta el vicepresidente de la CEN!)] Pedimos a los abogados del Consejo de Estado, además, que tengan en cuenta a la Constitución en temas que competen a la CNE. Sugerimos a aquellos que en ¿2018? redacten la nueva Cons­titución, encarecidamente, que se centren en el Ciudadano; que doten de “armas” a éste en las luchas que hemos de librar en el futuro[11].

Posfecho: Quién esté por apoyar a los guajiros de San Adrián y San Antonio, –sin arrimar la bra­za a su costado, sino al servicio de la causa– tiene las puertas abiertas. Porque estas mafias están en todas partes. Unámonos en la lucha en contra de la corrupción. Despertemos. Somos parte en un pac­to in­fame. Dejamos de ser solidarios con el prójimo. Las políticas selectivas del Estado han creado ciu­dadanos de primera, segunda o tercera ca­tegoría. Ahondan la fractura de la sociedad. ¡Vamos a reinventar a la Nación! Contáctenos. (Ofrezco mi correo de enlace.) Aclaro, nadie se engañe con no­sotros: Defendemos la causa de “los tristes más tristes del mundo”: esos a los que Roque Dalton lla­mó: “mis compatriotas, mis hermanos”. 

Ramón García Guerra

Santa Fe, Playa, La Habana: 6 de mayo de 2015

Celular: (+53) 5305-1470

E-mail: ramon0260@gmail.com

[1] Estos son los datos reales de las elecciones en San Adrián y San Antonio en Santa Cruz del Norte: Participaron 366 de 384 electores. (Para el país fue del 88%; en esas aldeas fue del 95%.) Normalmente allí es baja la participación. Pero las tensiones que afectan a la comunidad se han traducido en estos resultados: 198 vo­tos no válidos. (Esto es: el 54,1% del total.) ¡Todas las boletas son rayadas en señal de protesta! Pero para el sis­tema electoral cubano esto no cuenta. Aunque los asistentes a las asambleas de nominación sean dos personas o las boletas válidas hagan el 1%, –nos dicen los directivos de la CEN– los poderes que se instituyan a partir de esas elecciones van a ser legítimos. ¡Increíblemente, según los directivos de la CEN, prescribe la acción acusatoria en contra de actos corruptos que hayan sucedido durante las elecciones! 

[2] Sugiero al lector que consulte la carta que el delegado del Poder Popular envió a la presidenta de la Comisión Electoral Nacional (ver Dossier). Precisamente la gestión en defensa de la comunidad que hemos realizado ha tratado de centrarse en la solución del problema. Felizmente hemos entendido que si seguimos el manual de instrucciones y no nos saltamos la barrera, la solución va a ser cosmética y el poder de las mafias locales se acrecentará por encima del punto de partida. ¡Tierra o Muerte!   

[3] Delegado en varias ocasiones. Siguiendo a su padre, su abuelo y sus tíos paternos, –todos ellos guerrilleros del Ejército Rebelde– éste luchó por 6 años en África. Presidió la ANCRC en Matanzas. Basta con ver sus ma­nos. Una anécdota: Un grupo de funcionarios del CAP en Mayabeque lo visitó en su casa. Tenía el hijo en el hospital, grave. Entonces estos señores le ofrecieron mil disculpas por no haber atendido sus informes. Anuncian la visita de altos funcionarios a las aldeas y piden un poco de clemencia. Cuando ellos habían ya ter­minado de hablar, les dice: “Acepto sus disculpas. Agradezco la ayuda que me ofrecen. Pero… En una hora no han dicho qué hacer en las aldeas”.   

[4] Quien habla fue cuadro profesional de la UJC y de la CTC.

[5] La carta que entregó el Delegado en el Consejo de Estado es respaldada por 197 firmas que fueron recogidas apenas en horas por el mismo. Según el criterio del vicepresidente de la CEN un revolucionario no debe de ponerse a recoger firmas. “Lo que nos enseñaron los líderes de la revolución fue otra cosa”. Pienso ahora en el pue­blo de Venezuela y las firmas que entregó a Barack Obama. Pienso, en mi caso, que he­mos exigido la adop­ción de una Ley de municipios a la Asamblea Nacional. Pero si no me aparezco allí con 10 mil firmas, ¿acaso me tomarán en serio? “La política que es democrática no es política”: ¿Acaso es esta la lección que los líderes de la revolución nos han dado en seis décadas?  

[6] Pienso acaso en el Voto Unido.

[7] Sugiero al lector que vea el filme: “Caminito al paraíso”. Testimonio sobre la vida miserable que viven estas comunidades. Consultar en (http//www…) Esto dice la carta del Delegado a la presidenta de la CEN: “San Adrián y San Antonio eran dos aldeas perdidas en el mapa de la política. Durante dos años no re­cibían agua potable. Bateyes en donde por cinco años 92 niños y 78 ancianos no tuvieron un médico. (Todavía hay 24 niños que deben caminar 8 kms para ir y regresar a la escuela.) Jamás en estas aldeas se había recibido la visita de un dirigente local en cinco décadas. Camiones de pienso que se pierden en el camino. Toneladas de petróleo que no llegan a los campesinos. Nunca se hizo una auditoria a pesar de mis denuncias. Todo es muy distinto hoy mismo. ¿Por qué? Producto de la gestión de este Delegado”. En esta carta no habla de los dos años sin recibir agua potable o de un teléfono para 1,200 personas o de carecer de formas de salir del lu­gar en casos de urgencia, etcétera, etcétera.

[8] Ciertamente en esto se aparta de la letra de la Ley de los Consejos Populares, (Ley 91) que define las respon­sabilidades del Delegado como las de un funcionario del Estado que opera en la comunidad. Esta ley fue hecha a imagen y semejanza de las leyes del Imperio Romano en sus colonias. Pongamos al centro del “imperio” al Consejo de Estado. Entonces harán de satélites de éste la Asamblea Nacional y los municipios –léase: las colonias. Digámoslo de una vez, todo Delegado que se sienta representante del pueblo ante el Gobierno es­tá en contra de la Ley y corre el riesgo de ser castigado.

[9] Enviamos una carta mi hermano y yo al presidente de la Asamblea Nacional, (20/10/14) como una respuesta a la consulta que hiciera éste a los Delegados en todo el país y en relación con la gestión de las instituciones de base del Poder Popular. (Esto es: los espacios de democracia directa en Cuba.) Consulta que hace de diagnóstico del estado de la nación. 

[10] Esto es algo muy distinto a decir: Seguridad del Estado.

[11] Considero en tal caso un mal augurio el actual Código de trabajo. Desde luego, hacer parte de toda una concepción de qué hacer con el país. Precisamente esta debe ser discutida antes de seguir adelante.

Fuente: Octavio Alberola y Ramón García Guerra