El reciente “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en
Internet”
ha sido suscrito por multitud de administradores de webs, bloggers y
simples usuarios de la Red de un muy amplio abanico político. Revisando lo
escrito y dicho sobre este manifiesto, encontramos que tenemos algunos
compañeros “de viaje” realmente incómodos.
Junto a quienes apoyan con sinceridad la libre difusión de la cultura en Internet, un grupo de firmantes lo suscribe sólo para oponerse al gobierno de Zapatero desde la
derecha más montaraz. Entre ellos encontramos a periodistas que defienden
la libre descarga de películas o música desde Internet pero son celosos
guardianes de otras formas mucho más injustas y colonialistas de propiedad
privada.
La izquierda y la derecha han luchado, luchan y lucharán por la
titularidad de los medios de producción, éste es el motor de la historia,
impulso que, por obvio, se suele ocultar. En el actual orden mundial, las
propiedades intelectual e industrial se han convertido en un instrumento
de acumulación de capital más eficaz que ninguna industria o comercio.
La explotación del derecho de autor, lejos de responder a su teórico
objetivo, el sustento de los creadores, se ha utilizado como elemento de
dominación, como arma al servicio de la casta cultural más acomodaticia
con el sistema establecido. En el caso de Estados Unidos, representa un
valor estratégico. La riqueza de una nación puede llegar a basarse en la
imposición de tasas por utilización de propiedades inmateriales de todo
tipo, incluido el uso de semillas o variedades animales patentadas. Desde
una óptica transformadora que aspira a una sociedad más justa e
igualitaria, sólo cabe apoyar y promover el libre conocimiento.
Defendemos la democratización de la cultura porque la creación la hacen
las colectividades a través de determinados individuos y no al revés, como
se suele pensar. Consideramos que el sistema de royalties que sólo
beneficia a unos pocos es injusto, tanto para las patentes científicas
como para la expresión de la creatividad humana. Por eso creemos que no se
trata de que los autores cambien de amos. La cultura libre debe estar
inserta en un movimiento colectivo que vaya más allá de las rentas de un
tipo u otro de empresario. Son muchos los creadores que se definen como
trabajadores de la cultura y aspiran a una remuneración que les permita
mantenerse y no a seguir ganando más allá del esfuerzo realizado. El
problema no radica en cómo seguir cobrando derechos, sino en la manera de
hacer que las contribuciones intelectuales, artísticas o científicas
pertenezcan realmente a toda la sociedad y no sólo a quienes tienen el
privilegio de explotarlas.
Como en tantas ocasiones es preciso dejar a un lado, siquiera un momento,
el etnocentrismo del primer mundo y recordar que para una verdadera
disminución de la brecha digital hay condiciones previas : la llegada de la
electricidad al domicilio, dinero para comprarse un ordenador, un Estado
que te haya enseñado a leer y escribir, y haber comido, y tener un techo y
un médico para cuando te pones enfermo. La era digital no podrá lograr eso
si no es imbricándose en la lucha de los pueblos.
Tanto como la democratización de la cultura, con más razón cabe defender
la democratización de toda la economía. No parece razonable aplicar en
este debate el término «democracia» tan superficialmente como se está
haciendo. Si la mayoría de los internautas está en contra del cierre de
páginas Web que facilitan el intercambio de archivos, una gran mayoría de
ciudadanos está a favor de repartir entre todos la riqueza de la que se
apropian empresas como el Banco de Santander, Repsol o Telefónica,
distribución que sigue la misma lógica de quienes pedimos un conocimiento
universal, y que nadie osa plantear por una evidente cuestión de
correlación de fuerzas.
Para reivindicar Internet como un derecho, no como un eslogan
publicitario, es preciso incluirlo dentro de lo público, como la educación
o la sanidad, y no dejarlo en manos de proveedores privados que pueden
acabar con la neutralidad de la red al margen de la legislación sólo con
aumentar el coste de subir contenidos. Sabemos que en nuestras sociedades
entregadas a la privatización es una reivindicación difícil, pero
necesaria y un gobierno que realmente represente al pueblo que lo ha
elegido debería ser capaz de llevarla a cabo.
En el ámbito de la cultura hay propuestas audaces como la de distribuir el
cine español subvencionado bajo licencia copyleft, legislando para que la
percepción de ayudas públicas determine la publicación de obras con
licencias libres para lograr su máxima difusión. O las que pasan por la
nacionalización de la SGAE y demás entidades de gestión para que la
retribución a los creadores deje de ser una cuestión privada. Iniciativas
como la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al
conocimiento, aún insuficientes, apuntan la posibilidad de construcción de
reglas distintas. Los intereses que se oponen a ello son poderosos. Pero
en este momento la evolución de los medios de reproducción abre una
oportunidad para que ningún conglomerado mediático pueda decidir qué
productos culturales merecen ser distribuidos y cuáles no. Se trata de
entender el P2P como una gran biblioteca común y no como, una vez más,
servicios en streaming donde sean las discográficas o las editoriales o
las nuevas empresas de la Web quienes decidan qué suena, se lee, se
imagina.
Nos preguntamos si el gobierno tiene algún interés, aunque sea mínimo, en
investigar nuevos modelos. Ni la lógica de la prohibición, ni tampoco la
lógica del cambio de amo. La política de las multinacionales del
entretenimiento ha ido dirigida a un solo objetivo : expoliar a la
Humanidad de su patrimonio cultural. El cambio en el modo de reproducción
de las creaciones podría suponer un avance para todos. Quizá no sea fácil.
Pero, por una vez, no es mucho más difícil que prohibir y castigar. Se
trata de recuperar la red para todos los seres humanos y no para las
grandes empresas que cada día se adueñan de ella un poco más.
Suscriben :
Carlos Martínez, jurista, Pascual Serrano, periodista y escritor, Carlos
Sánchez Almeida, abogado, Belén Gopegui, novelista, Santiago Alba,
escritor, Ignacio Ramonet, periodista y escritor, Alex de la Nuez, músico,
Carlos Fernández Liria, filósofo y escritor, Isaac Rosa, escritor,
Constantino Bértolo, editor, Carlo Frabetti, escritor y matemático, Rosa
Regás, escritora, Irene Amador, antropóloga, Antonio Arco, músico.
