Artículo de opinión de Maura Rodrigo Alcalá, Secretaria General de CGT/LKN-Nafarroa
Se ha escrito hasta la saciedad, tanto exaltando las virtudes y bondades de la privatización de los Servicios Públicos como argumentando en contra de esta práctica. A estas alturas, lo que sí se puede afirmar, es que una u otra postura responde básicamente a diferentes concepciones de la sociedad y del sistema económico; es decir, estas decisiones responden a planteamientos políticos.
Se ha escrito hasta la saciedad, tanto exaltando las virtudes y bondades de la privatización de los Servicios Públicos como argumentando en contra de esta práctica. A estas alturas, lo que sí se puede afirmar, es que una u otra postura responde básicamente a diferentes concepciones de la sociedad y del sistema económico; es decir, estas decisiones responden a planteamientos políticos.
Quienes queremos un mundo justo, igualitario, en el que todas y todos podamos vivir, en el que la riqueza se reparta por igual, creemos firmemente que los servicios públicos (que son ni más ni menos que aquellos servicios esenciales para vivir: sanidad, educación, cuidados, transporte, vivienda, suministros básicos…), se deben gestionar desde el Sector Público.
Quienes tienen un esquema piramidal de la sociedad, en la que unos muchos generan la riqueza de la que disfrutan unos pocos, lógicamente, pretenden convencernos de que los servicios públicos son más rentables si los gestiona la iniciativa privada. Y sí es cierto que lo son, para unos pocos bolsillos, a costa de despojar a la mayoría de unos derechos que al fin y al cabo, se costean desde los bolsillos de esta mayoría.
En CGT, como no puede ser de otra manera, apostamos por lo público. El criterio para prestar un servicio esencial ha de ser la efectividad y calidad, que sea adecuado y universal. Un servicio público prestado con criterios de lucro, deja de ser público y pasa de ser un derecho a ser un privilegio al que no toda la población puede acceder.
En Nafarroa, con el cambio político al que hemos asistido después de las últimas elecciones autonómicas y municipales, se ha abierto la puerta a varios procesos de reversión de servicios externalizados (que es como llama la derecha a la privatización). Algo anunciado en sus programas electorales.
Sin embargo, estos procesos conllevan una serie de problemas de tipo legales, tanto en lo concerniente a la figura jurídica que se adopta para esta reversión (es un proceso administrativo que hay que abordar teniendo en cuenta una serie de condicionamientos), como en lo relativo a las plantillas. Y no hay un modelo único viable para todos los casos.
Y todo esto se debe hacer de una manera que queden blindadas estas reversiones, y que no pueda venir un gobierno de otro signo a desmantelar lo recuperado.
El tema de las plantillas, como sindicato que somos, nos preocupa primordialmente. ¿Cómo conjugar los derechos que nos asisten en el Estatuto de los Trabajadores respecto a la subrogación, con el principio de acceso a un puesto en la administración según los parámetros de igualdad, mérito y capacidad?
Es importante que estos procesos se hagan bien, para que no haya lugar a impugnaciones.
En la actualidad se han llevado a cabo dos reversiones de servicios importantes en nuestra comunidad. Y se han afrontado de forma diferente. En el servicio de Cocina del Complejo Hospitalario, los puestos se han cubierto con personal de la Administración; la plantilla de la empresa concesionaria ha engrosado la lista del paro.
En los servicios de Atención a Domicilio, el proceso ha sido algo más complejo. Este servicio se venía prestando por dos empresas, una municipal, en la que las trabajadoras pasaron un proceso de selección, y otra empresa privada concesionaria de parte del servicio.
Todas las trabajadoras han pasado a formar parte de la plantilla municipal como “trabajadoras indefinidas no fijas.”
Esta situación supone una vulnerabilidad absoluta. Estas trabajadoras se podrían ir a la calle en cuanto se ofertaran las plazas, o por decisión de un nuevo gobierno municipal. Corresponde al ayuntamiento establecer los mecanismos que blinden tanto los puestos de trabajo como las plazas creadas.
En la actualidad, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está impulsando el rescate del servicio de recogida de basuras, en la actualidad en manos de FCC.
Entendemos que la manera de blindar a la plantilla, en cualquier proceso de reversión a lo público de los servicios externalizados, pasa necesariamente por que la plantilla entre a formar parte de la administración o de una empresa pública. Y a día de hoy, con la ley en la mano, esto solo se puede hacer a través de un proceso selectivo que se rija por las premisas de igualdad, mérito y capacidad. Y la manera de cumplir con la legalidad, y no dejar desprotegida a la plantilla que ha venido prestando el servicio durante años, sería la figura del concurso oposición, por el cual se valora la prueba,y los méritos computables son el tiempo trabajado.
Al hilo de todo esto, y con el fin claro de acotar los procesos de reversión de servicios públicos a la administración, la última ley de Presupuestos Generales del Estado, establece, por primera vez, que el personal que se integra en la Administración solo lo puede hacer por medio de un proceso selectivo que se rija por los principios establecidos en el Estatuto del Empleado Público. En definitiva, subrogación sí pero a una empresa pública, no a una administración pública. Si bien no deja de ser cierto, que esta Ley de Presupuestos entra en competencias laborales que no son suyas y por tanto en materias que podrían suponer que ese artículo sea denunciado. En cualquier caso, los sindicatos debemos hacer frente a este nuevo ataque a la municipalización de servicios
Maura Rodrigo Alcalá
Fuente: Maura Rodrigo Alcalá
