Mercedes tenía sólo siete años cuando se produjo el alzamiento militar del general Franco, el 18 de julio de 1936. Pese a su corta edad, nunca olvidará esos primeros días de la Guerra Civil, en los que su padre, Alfonso Gómez Moriña, maestro y periodista, fue detenido y enviado a la prisión de Sevilla, en la que ingresó el día 21 de julio.
Desde entonces no volvió a verle y lo siguiente que conoció la familia es que en la madrugada del 13 de agosto fue entregado a la fuerza pública para la «ejecución de sentencia», según confirmó varios años después el director de la cárcel al emitir un certificado para que Mercedes pudiera casarse, dado que antes se exigía el consentimiento paterno para estos menesteres.
Con esa cuartilla manuscrita por el director del centro penitenciario se intentaba dar apariencia de legalidad a un hecho que carecía totalmente de esa cualidad, puesto que Alfonso Gómez había sido fusilado sin haber sido acusado, juzgado por un tribunal y mucho menos sentenciado. Estos extremos fueron certificados en noviembre de 2003 por la dirección del centro penitenciario de Sevilla, que emitió un certificado en el que se hacía constar el ingreso del profesor el día 21 de julio por una causa que no consta, como tampoco que fuera juzgado o condenado por un delito a una pena de prisión. Lo único que aporta el documento es que el padre estuvo encarcelado 24 días hasta su excarcelación, el 13 de agosto de 1936.
Mercedes recuerda que su padre, que tenía 46 años, fue prendido en el puente de La Pañoleta, después de visitar a un amigo íntimo. La familia «nunca» conoció cuáles fueron los motivos de la detención, aunque sostiene que se debió a la ideología de su padre, «un maestro que era sindicalista de la CNT, que daba mítines y publicaba el periódico Regeneración. A los obreros del campo que trabajaban de sol a sol les decía que debían exigir un sueldo digno». La familia sospecha que fue denunciado precisamente por ese amigo al que visitó la tarde en que fue arrestado, puesto que «era confidente de la Guardia Civil y pudo actuar para no le pasara nada», comenta Mercedes, aunque reconoce que no tiene certeza de que fuera esta persona quien le denunció.
De su padre, Mercedes guarda muy buenos recuerdos porque era «un hombre muy cariñoso y familia, pero a la vez muy severo». Así, la anciana evoca una ocasión en la que su padre les quitó unas mantas para dárselas a una persona que estaba en la calle porque, según les dijo entonces, esta persona «tenía menos» que ellos y había que ayudarla. «Por eso le pasó lo que le pasó, mi padre confiaba mucho en las personas», afirma Mercedes, que casi 70 años después de la guerra todavía se pregunta cómo se pudo «fusilar a una persona por defender sus ideas».
En otra ocasión, su padre había escondido en su casa a un fraile del convento de los Padres Paúles, debido a un incendio intencionado que se produjo en 1935. Cuando su madre fue a pedirle ayuda a este religioso a raíz de la detención del maestro, el fraile rechazó que le hubiera pasado todo eso y no le prestó ayuda, asegura Mercedes.
A sus 76 años, Mercedes, que pasó «mucha hambre» en la Guerra Civil y recuerda cómo en el auxilio social la dejaban sin comer por no cantar el Cara al Sol, sigue sin poder perdonar a los que mataron a su padre porque «era una persona adelantada a su tiempo».
La mujer considera que una manera de que se haga justicia a su padre es que se reconozca precisamente que le dieron el paseíllo, que fue fusilado en los pinares de Oromana. Cuenta además con un testigo que vio el cadáver de su padre y así lo ha declarado ante notario, pero los jueces siguen sin reconocerlo. Si le dan la razón, la hija del maestro, que paradójicamente no pudo ir a la escuela por la época que le tocó vivir, podrá acogerse al programa autonómico de recuperación de la memoria histórica de las personas asesinadas o desaparecidas durante la Guerra Civil, una guerra fratricida que como cualquier conflicto bélico no deja más que víctimas.
La prueba recae sobre la familia de la víctima
El abogado Javier Bernalte, que representa los intereses de Mercedes Gómez Delgado, considera «absurdo» que la familia de una persona que fue sacada de la cárcel en agosto de 1936 y ejecutada en los pinares de Oromana «sea la que tenga que venir a demostrar que se ha producido el fusilamiento». Después de que el Registro Civil de Alcalá de Guadaíra considerara que no ha quedado acreditada la causa de la muerte de Alfonso Gómez, nada más que su desaparción, el abogado ha presentado un recurso ante la Dirección General de los Registros y el Notariado para que proceda a la inscripción del fusilamiento como la causa oficial de la muerte. El letrado hizo hincapié en que actualmente la situación legal del padre de Mercedes es la de desaparecido y, en este sentido, ironizó al afirmar que «es muy raro que una persona escape de un pelotón de fusilamiento». Por ello, confía en que el Ministerio resuelva el recurso y confirme «la razón que ya tiene la familia».
Fuente: Diario de Sevilla. 1 Agosto 2005 Memoria histórica. Jorge Muñoz
