Desde hace 10 años, el Estado mexicano busca desarticular uno de los movimientos sociales más exitosos del país mediante el asesinato, la tortura, el encarcelamiento y el abuso sexual. Una de las sobrevivientes de este horror relata cómo lo han enfrentado con organización, decisión y solidaridad.
BÁRBARA ITALIA MÉNDEZ - Desinformémonos
México.
México. En el 2002, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), con la solidaridad de organizaciones y colectivos, logró detener el proyecto económico más ambicioso del sexenio de Vicente Fox Quesada, entonces presidente de México: la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en 4 mil 550 hectáreas de tierras de cultivo expropiadas por el gobierno federal al ejido de San Salvador Atenco, con una indemnización de siete pesos por metro cuadrado. La lucha de los campesinos del FPDT se convirtió en un referente de organización y, sobre todo, de victoria; la legitimidad de su lucha, la capacidad de organización y la solidaridad nacional e internacional fueron elementos clave que permitieron detener no sólo al Estado y toda su maquinaria sino además al capital, traducido en cientos de empresas que se frotaban las manos esperando obtener grandes ganancias a costa del despojo de los bienes ejidales.
En 2006 surge La Otra Campaña, un movimiento nacional que aglutina a miles de personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional; en toda la geografía del país brota como una propuesta organizativa que confronta las campañas políticas de los candidatos y la lógica electoral, irguiéndose desafiante y peligrosa para el poder.
Es en este contexto que el 3 y 4 de mayo de 2006 el terrorismo de Estado se ejecutó en Texcoco y San Salvador Atenco. Mediante la represión política, el poder decidió detener el camino de La Otra Campaña con sangre y cárcel. Todo vino de un conflicto focalizado entre pequeños productores de flores y hortalizas y las autoridades municipales de Texcoco, quienes les negaban su justo derecho al trabajo mediante la comercialización de sus productos en la vía pública. El FPDT, solidario siempre con otras luchas, acompañaba a los productores y fungía como su interlocutor.
El saldo represivo: Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea asesinados por la policía, 207 personas torturadas y encarceladas, cientos de allanamientos, cinco personas de otros países -sobrevivientes de la represión- expulsadas del país, la persecución política y judicial de los miembros del FPDT, la utilización de la tortura sexual en contra de nosotras, las mujeres detenidas. La clase política en su totalidad legitimó lo ocurrido de diversas maneras, hubo aplausos estridentes y silencios cómplices.
La represión política tiene finalidades muy concretas que se pueden traducir expresamente en la desarticulación, mediante el horror, de toda organización que suponga contraposición a los intereses del Estado y el poder económico. El objetivo principal radica en imposibilitar a las personas para identificar las razones que persigue la represión, con lo que se anula la capacidad de defensa y afrontamiento.
La utilización de la tortura sexual es una herramienta de control social tan poderosa que no solamente afecta de manera directa a las mujeres sobrevivientes, además genera un impacto en la familia, colectivo u organización y, por supuesto, en la sociedad. Desde que ocurrieron los operativos en Atenco, el Estado negó que hubiese mujeres torturadas sexualmente; frente a pruebas irrefutables, ha insistido en que lo que ocurrido con las mujeres en los traslados al penal de Santiaguito, en Toluca, Estado de México, se trataba de hechos aislados cometidos por un par de policías que estaban nerviosos y actuaron por cuenta propia, aún cuando el uso de este mecanismo contra las mujeres se dio en los operativos en ambos días.
La premeditación, intencionalidad e impunidad nos muestran que la utilización de esta herramienta es puesta en práctica en momentos muy concretos, buscando someter al “enemigo” mediante un brutal mensaje a través del cuerpo de las mujeres. Los ejes principales de este instrumento son generar culpa, estigmatización y miedo.
En nuestra experiencia, el apoyo mutuo nos permitió desentrañar las finalidades y ejes de la tortura sexual. Mientras estuvimos juntas en el penal de Santiaguito, muchas decidimos escribir nuestros testimonios; elegimos convertir la culpa y vergüenza en responsabilidad y evidenciar a los perpetradores. La reivindicación de nuestros cuerpos, rostros y nombres nos permitió romper el silencio. Sabíamos que no bastaría con eso, pero fueron nuestros primeros pasos en un camino tan largo y sinuoso que sólo se podría recorrer colectivamente.
El papel de la denuncia social, tanto en 2006 como ahora, ha sido fundamental. Mientras estuvimos aisladas, fueron trozos de papel los vehículos de comunicación, cientos de voces fueron altavoz de nuestra palabra, los relatos de horror cobraron un valor reparador: lo innombrable, lo inenarrable se escuchaba en voz alta, poco a poco se desvanecía el tabú que supone hablar de algo tan íntimo; la vergüenza desaparecía. Rechazamos el papel que los perpetradores nos designaban y fuimos gestionando la culpa y el miedo a través de acompañamiento psicológico y trabajo colectivo.
Frente a la represión se realizaron incontables movilizaciones de repudio, y los esfuerzos organizativos se concentraron en la liberación de las y los presos. El miedo cobraba fuerza y muchas personas tomaron distancia de la participación política, algunos grupos se desarticulaban, se desquebrajaba el tejido social. El mensaje se había enviado: intimidar a la sociedad a través del castigo ejemplar de los que luchan, reforzado esto por la implantación de la impunidad, la dilución de la responsabilidad de los perpetradores, y la imposición de la idea de que “nada hay que hacer frente al poder del Estado”.
Descubrir los alcances de la represión fue realmente devastador. ¿Cómo recomponer el tejido social? ¿Cómo combatir el miedo? ¿Cómo reconstruirnos? Algunas apostamos a hacer un esfuerzo por visibilizar las herramientas de control social del Estado y fomentar las discusiones en torno a esta problemática. En ese sentido, impulsamos desde el verano de 2008 la “Campaña contra la represión política y la tortura sexual”, caminando de la mano de organizaciones y colectivos que abrían sus espacios a estas reflexiones para intentar desentrañar los efectos que experimentaron de forma individual y colectiva.
Redimensionar los mecanismos represivos nos permite recolocarnos en un papel activo y con capacidad de hacerles frente sin abandonar nuestras luchas e ideales.
Los mecanismos represivos se configuran en estrategias definidas según los efectos que se busca que causen a la población, a las organizaciones e individuos. Dichos mecanismos no son furtivos y mucho menos al azar. La represión en San Salvador Atenco no fue casualidad: transformar un referente de organización, resistencia y victoria, en muerte, tortura y cárcel nos pone de manifiesto el interés del Poder por deformar nuestra percepción, detener a toda costa a La Otra Campaña y tatuar en nuestra piel el mensaje de derrota.
Tras seis años de resistencia seguimos construyendo la memoria colectivamente, buscando reparación no sólo de nosotras mismas, sino del tejido social de las organizaciones y colectivos que nos acompañan, y buscando justicia, pero no sólo en la judicialización de nuestro caso a través de instrumentos internacionales, pues sabemos que a través de las instituciones no habrá justicia. Sólo podemos reparar lo roto si continuamos organizándonos, luchando por autonomía y libertad.
Hoy, igual que hace seis años, los políticos lanzan sus campañas electorales llenas de mentira y simulación; hoy, como hace seis años, insistimos: nuestra lucha no se ciñe a los tipos políticos de arriba, seguimos sin conformarnos con el menos “peor”. El ideal de libertad no se borra a pesar de la represión, seguimos en pie.
Fuente: Desinformémonos
