En Catalunya, en los últimos 8 años, el número de alumnos de origen extranjero en las etapas obligatorias ha pasado de 23.778 (2,5 % del total) a 133.000 (12,5 %) Lógicamente, la distribución no es homogénea y así 14 comarcas tienen más de un 15 % y varias localidades presentan concentraciones mucho más elevadas : Salt (42,9 %), Canovelles (27,9 %), Manlleu (25 %), l’Hospitalet (21,2 %), Santa Coloma (20,5 %).

En Catalunya, en los últimos 8 años, el número de alumnos de origen extranjero en las etapas obligatorias ha pasado de 23.778 (2,5 % del total) a 133.000 (12,5 %) Lógicamente, la distribución no es homogénea y así 14 comarcas tienen más de un 15 % y varias localidades presentan concentraciones mucho más elevadas : Salt (42,9 %), Canovelles (27,9 %), Manlleu (25 %), l’Hospitalet (21,2 %), Santa Coloma (20,5 %).

A mediados de enero, un portavoz del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya dio a conocer un nuevo proyecto para escolarizar a los alumnos inmigrantes recién llegados y que no tengan los suficientes conocimientos de catalán y castellano en centros específicos situados fuera de los centros educativos de primaria y secundaria. La estancia de los alumnos inmigrantes en estos “espacios de acogida” sería de algunos meses hasta un año como máximo y una vez conocidos los rudimentos de los dos idiomas pasarían a los centros ordinarios. Esta medida, que pretende aplicarse el curso que viene, tendría una fase piloto en las localidades de Vic y Reus.

Por supuesto, los docentes, las asociaciones de inmigrantes, los movimientos de renovación pedagógica, los sindicatos del sector e incluso algún socio del gobierno catalán se enteraron a través de la prensa. Una actitud que se repite con excesiva frecuencia y que consiste en lanzar globos sonda y actuar posteriormente en función de la respuesta social.

La medida no es nueva en Catalunya. Hace unos años y ante el crecimiento de la inmigración y especialmente de lo que se denomina matrícula viva (es decir, de la llegada en cualquier época del curso de nuevos alumnos inmigrantes) el gobierno de CiU ideó unos talleres (TAE), generalmente situados en barracones o aulas de centros no utilizados para la enseñanza permanente, en los cuales se acogía a estos alumnos y se les daba una formación e información básica antes de integrarlos en los centros públicos de sus barrios.

Posteriormente, se puso en práctica el modelo actual de las aulas de acogida en los centros de primaria y secundaria, donde los alumnos recién llegados, sin conocimiento suficiente de las lenguas para comunicarse y de rudimentos para integrarse en la tarea escolar, desarrollan un trabajo básico durante varias horas al día y se van integrando en determinadas clases, en los patios, en las salidas… Hasta que se valora su incorporación total o parcial en las aulas ordinarias.

Este modelo se desarrolla en los centros públicos, que acogen al 85,1 % del alumnado de origen extranjero (103.528 alumnos) y que además se corresponde con los sectores social, económica y culturalmente más desfavorecidos. Este proceso integrador en lo pedagógico y en lo social se desarrolla con mejores o peores resultados en función tanto de los especialistas que trabajan en estas aulas como del grado de colaboración colectiva de los claustros y de su implicación en la tarea vertebradora a nivel social que la enseñanza pública debe cumplir.

Al margen de mayores recursos, más profesorado y mejor coordinación interna, en los centros, y externa, a nivel del Departamento, las aulas de acogida no son objeto de mayor debate entre el profesorado ni en la comunidad educativa.

Por supuesto, la inmensa mayoría de los centros privados no tienen esta problemática porque seleccionan el alumnado y salvo algunas excepciones (escuelas cristianas, no pertenecientes a las grandes compañías religiosas) no tienen necesidad de utilizar las aulas de acogida, que además espantarían a los padres autóctonos deseosos de que sus vástagos no se relacionen con extranjeros pobres. No obstante, si un centro concertado admite algún inmigrante reciente recibe 600 euros del Departamento por su contribución a la causa integradora.

En este aspecto sí que está situado uno de los principales debates del mundo educativo : ¿cómo es posible que si según el Pacto Nacional por la Educación (firmado el año pasado por el Departamento de Educación, Comisiones Obreras, UGT, USO, las patronales privadas, las federaciones de municipios…) y las bases para una Ley Catalana de Educación (presentadas este curso y contra las cuales los cinco sindicatos más representativos del sector hemos convocado huelga para el próximo 14 de febrero) los centros públicos y los concertados formaremos parte del mismo sistema educativo de interés público sean los centros públicos quienes tengan que asumir la práctica totalidad de la escolarización del alumnado inmigrante ?

En fin, sobre esto, la política efectiva del supuesto gobierno de progreso catalán es diáfana, como demuestran los datos expuestos y la planificación educativa a corto y medio plazo.

La propuesta de aislar a los alumnos de inmigración reciente esta siendo contestada por las organizaciones de inmigrantes, los claustros de profesores de la pública en las localidades que han sido elegidas como experiencia piloto, los sindicatos del sector, algunos movimientos de renovación pedagógica, algunos concejales de ERC e ICV (socios de gobierno del PSC-PSOE) y espero que se extienda como un reguero de pólvora entre la población para que entre todos evitemos un auténtico disparate pedagógico y social.


Fuente: Emili Cortavitarte