A pesar de que una y otra vez los jueces reiteran que un link no es comunicación pública el Gobierno ha decidido atajar la colisión de intereses entre ciudadanos y creadores, extrayendo el conflicto de los juzgados correspondientes y depositándolo en manos de una Comisión dependiente de Cultura y de la Audiencia Nacional.
Esta decisión la ha tomado mediante la aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de Economía Sostenible, cuya Disposición Primera construye un mecanismo que permite el cierre de páginas webs de descargas ; una Ley que ha sido aprobada por el Gobierno a pesar de la tajante movilización ciudadana. Los ciudadanos anónimos, organizados en voces colectivas, están utilizando múltiples mecanismos para hacerse oír e intentar parar la conversión del Anteproyecto de Ley en Ley.
* El empeño personal de Ángeles González-Sinde
La cineasta Ángeles González-Sinde entró por primera vez a su despacho en el ministerio de Cultura con una idea fija en la cabeza, una obsesión que hizo pública siendo aún presidenta de la Academia del Cine : «tenemos que seguir peleando para que las descargas ilegales no nos hagan desaparecer». Y ella se convirtió en ministra hace un año para seguir peleando.
El recambio, nunca bien clarificado por el Gobierno, de César Antonio Molina por González-Sinde fue estratégico de cara a la presidencia española de la Union Europea, permitiendo al Gobierno una posición más ofensiva en la protección de la propiedad intelectual.
* Una ley que no se discute
La conocida popularmente como Ley Sinde no es una ley en sí misma, sino un añadido -«Disposición final primera»- a la Ley de Economía Sostenible, un cajón de sastre con medidas para impulsar diferentes sectores. La Moncloa ni siquiera incluyó la información relativa a las webs de descargas en los resúmenes que publicó en su web. El propio PSOE se enfadó con esta manera de calzar el tema y confidencialmente un diputado exclamó «nos hemos cargado toda la Ley de la Economía Sostenible por un puto párrafo».
Sin importar las movilizaciones en la red y en la calle, el anteproyecto sigue su curso con un sólo cambio : la ampliación relativa a la regulación judicial, lo cual supondrá la modificación de otra Ley, la de la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo, para que sea la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la que pueda resolver el cierre de una web.
Como guinda, el Gobierno aprueba la Ley -sin modificar ni una coma del Anteproyecto que el Consejo de Ministros votó en enero- en un día festivo en gran parte de España, el 19 de marzo, San José.
Antes de que el texto se convierta en Ley aún debe refrendarse en el Parlamento. Se estima que no entrará en vigor hasta verano de 2010.
* Los peros legales
Hacer encajar el plan de la ministra de Cultura en nuestro sistema legislativo no es sencillo. Supone la modificación de tres textos legales previos : la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (del año 2002), el Real Decreto que sirvió para aprobar el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (1996) y la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (1998).
El Consejo General del Poder Judicial puso el primer pero a estas nuevas legislaciones, alertando de la cantidad de trabajo adicional que recaería en la Audienca Nacional. No obstante, el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, minimizó el riesgo de saturación y en el caso de producirse sería «cuestión de aumentar los juzgados de lo contencioso administrativo que ya soportan una carga de trabajo importante».
Por su parte, la Fiscalía General del Estado calificó de «dudoso» que la protección de la propiedad intelectual «deba ponerse a la misma altura» que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
El abogado David Bravo ha publicado una carta abierta al pleno del Consejo General del Poder Judicial explicando porqué la Disposición Primera de la Ley es «una burla a nuestro sistema judicial». El abogado, experto en propiedad intelectual, explica que la Ley «no pretende frenar la proliferación» de las webs de descargas «con un cambio en las normas del juego que las hagas jurídicamente atacables sino con una sustitución burda y grosera de los árbitros naturales de ese conflicto». Y añade que «a sabiendas de que los jueces están resolviendo que las páginas de enlaces no suponen infracción de derechos de propiedad intelectual, el atajo tomado ha sido el de sustraer a los mismos ese poder de decisión». Ya que los jueces de la Audiencia Nacional no entrarán «a discutir la propia existencia de la infracción» ya que está vendrá declarada por la Comisión dependiente del Ministerio de Cultura.
* Movilización ciudadana
Las reacciones se han producido a diferentes niveles :
