Después de dos décadas de luchas infructuosas en los ámbitos político y judicial,
los ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) no están dispuestos a
tirar la toalla para que se les reconozca como enfermedad profesional sus dolencias
por distintas patologías asociadas a su exposición al uranio durante 22 años.
Un informe señala daños en el aparato respiratorio y en los riñones
Tras cerrar la fábrica se enterraron hasta los árboles cercanos
El pasado mes de junio, la asociación que reúne a antiguos empleados y a las viudas
ya han fallecido 55 de los 126 miembros de la plantilla, muchos de ellos por
distintos tipos de cáncer- recibió un jarro de agua fría a sus aspiraciones tras las
resoluciones desfavorables del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Ahora buscan un último cartucho para hacer realidad sus reivindicaciones a través de
la vía laboral. Los juzgados de lo Social de Jaén han señalado hasta el próximo 19
de febrero un total de 45 demandas planteadas por ex trabajadores y viudas y que, en
caso de estimarse, supondría revalorizar sus pensiones en una media de 500 euros al
mes.
La FUA estuvo abierta entre los años 1959 y 1981 gestionada por la extinta Junta de
Energía Nuclear. Trataba mineral de uranio para la obtención de concentrado de óxido
de uranio con una pureza del 80% al 90%, que, posteriormente, se transportaba en
bidones a Francia o Estados Unidos para su utilización en los reactores de las
centrales nucleares.
El abogado de los ex trabajadores, Manuel Ángel Vázquez, había solicitado del Ciemat
historias médicas e informes radiológicos de los empleados desde 1959, pero ese
organismo dependiente del Ministerio de Educación e Innovación ha circunscrito los
informes a años posteriores. Según unos análisis de orina de 1964, los empleados
tenían en torno a 116 microgramos de uranio por litro, cuando el límite de seguridad
estaba en 0,8 microgramos. Pero los trabajadores no eran conscientes del peligro que
corrían, pues el dosímetro personal que portaban cada uno de ellos siempre estaba
defectuoso, según apuntan. Así fue hasta que, una vez cerrada la fábrica,
comprobaron cómo se enterró todo, desde las mesas y las sillas que ellos utilizaban
hasta los árboles de los alrededores.
El Ciemat desestimó, por haber prescrito, la reclamación patrimonial de la
asociación de ex trabajadores de la FUA, por la que pedían al Estado una
indemnización de 12 millones de euros por daños y perjuicios, resolución que no han
recurrido los antiguos empleados.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo emitió otro informe en el que concluye que
sus patologías «no tienen su origen en la contingencia de enfermedad profesional».
Sólo se han hecho, hasta el momento, cuatro excepciones, las de dos viudas y un
antiguo empleado de Andújar y la de un antiguo directivo de Madrid.
Sin embargo, la resolución de la Seguridad Social contrasta con el informe
«científico técnico», suscrito por el subdirector de Inspección de Servicios
Sanitarios de la Junta de Andalucía, Juan de Dios Villar Doncel, en el que indica
que de las pruebas practicadas a los ex trabajadores se desprende que «han existido
daños en aparato respiratorio, en riñones y aparato excretor, daños inmunológicos,
hematológicos, metabólicos y una mala percepción de la calidad de vida asociada al
estado de salud».
Y se concluye en que «hay una evidencia entre la exposición prolongada al polvo de
uranio y una determinada constelación de patologías, e inclusive no se pueden
descartar posibles daños tardíos sobre el DNA con latencia prolongada, que hayan
provocado una mayor incidencia de neoplasias (tumores) en esta población, aunque el
principal efecto negativo del uranio es el tóxico».
A ese informe y a otros de peritos expertos en medicina nuclear se agarran ahora los
45 ex trabajadores y viudas que no pierden la esperanza de que se les dé la razón.
«Más que una cuestión económica, es una razón de justicia social y algo que debemos
a todos los que ya no están con nosotros», justifica José Soto, presidente de la
asociación que reúne a este colectivo, cuyos integrantes están desolados por las
continuas promesas incumplidas que han recibido de numerosos políticos. Su
reclamación ha llegado también al Parlamento Europeo donde, de la mano de Izquierda
Unida, han pedido amparo a sus reivindicaciones.
Fuente: GINÉS DONAIRE
