Puig Antich, acusado del asesinato de un policía en 1973, fue el último ejecutado en España mediante el garrote vil
Cinco magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) se enfrentan hoy al recurso de revisión de la sentencia por la que se aplicó el garrote vil, por última vez en España, al joven anarquista catalán Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974.Yserá, probablemente, la última oportunidad. El nuevo presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, y los magistrados José Luis Calvo, Agustín Corrales, Javier Aparicio y Ángel Juanes, que será el ponente de la resolución del tribunal, debatirán a partir de las once de la mañana, a puerta cerrada, si admiten o no este segundo recurso -el primero ya fue rechazado en 1994- presentado por las tres hermanas de Puig Antich, Imma, Montse y Carme.
La última oportunidad de Puig Antich
Puig Antich, acusado del asesinato de un policía en 1973, fue el último ejecutado en España mediante el garrote vil
Cinco magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) se enfrentan hoy al recurso de revisión de la sentencia por la que se aplicó el garrote vil, por última vez en España, al joven anarquista catalán Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974.Yserá, probablemente, la última oportunidad. El nuevo presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, y los magistrados José Luis Calvo, Agustín Corrales, Javier Aparicio y Ángel Juanes, que será el ponente de la resolución del tribunal, debatirán a partir de las once de la mañana, a puerta cerrada, si admiten o no este segundo recurso -el primero ya fue rechazado en 1994- presentado por las tres hermanas de Puig Antich, Imma, Montse y Carme.
El panorama, en todo caso, no es muy alentador para que el tribunal decida la admisión. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ya ha venido rechazando desde los años noventa esta y otras pretensiones de reabrir procesos militares del franquismo, como los de Julián Grimau, Francisco Granado, Joaquín Delgado o Joan Peiró. La fiscalía general del Estado, que dirige Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado expresamente que «no tiene intención alguna» de promover este tipo de revisión. Y el fiscal jefe de lo Militar del TS, Fernando Herrero-Tejedor, también ha informado en contra de este recurso de revisión.
La junta de fiscales del TS debatió el pasado mes de marzo cuál debía ser la sala competente para conocer estos recursos de revisión. Se trata, según la fiscalía, de procedimientos de «naturaleza extraordinaria» que sólo se promueven ante la aparición de nuevos hechos o pruebas que hagan decaer la firmeza de una sentencia. Para resolver esta cuestión jurídica, Conde-Pumpido encargó un informe a Herrero-Tejedor, que se mostró partidario de otorgar la competencia a la Sala de lo Militar frente a la Sala de lo Penal. «La revisión de un procedimiento judicial debe hacerse de forma individualizada, suscitada por la presencia de hechos o pruebas relevantes que no pudieron ser valorados en el momento de enjuiciar esos hechos», según la Fiscalía General del Estado, que añade que «ni quiere ni puede llevar a cabo una revisión con carácter general de todos los juicios, penales o militares, celebrados en un período de cuarenta años».
Conde-Pumpido no sólo no se ha planteado revisar de manera generalizada los consejos de guerra del franquismo, sino tampoco «recurrir condena alguna» de las dictadas por dichos tribunales.
Salvador Puig Antich, militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), intervino el 2 de marzo de 1973 en el atraco a una sucursal del Banco Hispano Americano en Barcelona. Cuando las pesquisas policiales dieron con él, se resistió y se produjo un intercambio de disparos como consecuencia del cual murió el policía Francisco Anguas.
Tenía 24 años y estaba a punto de casarse.
El caso estaba en manos de la jurisdicción civil, a través del Tribunal de Orden Público (TOP), pero pronto pasó a la jurisdicción militar. Estando ya en prisión, el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973 conmocionó al régimen franquista y Puig Antich proclamó entonces : «ETA me ha matado».
El tribunal militar le sentenció a 30 años de cárcel por el atraco al banco y a muerte por el asesinato del policía, en enero de 1974 -un mes después del atentado contra Carrero
Blanco- ; el Consejo Supremo de Justicia confirmó el fallo en febrero ; el Consejo de Ministros dio el enterado a través del ministro de Información, Pío Cabanillas ; Franco no hizo uso de su posibilidad de conmutar la pena y Salvador Puig Antich fue ejecutado en la cárcel Modelo de Barcelona. Tenía 25 años.
El recurso presentado por las hermanas de Puig Antich se basa en que en el proceso militar no se pudo determinar si alguna de las balas que disparó mató a Anguas. De hecho, un testigo declaró que Anguas había recibido más disparos de los que pudo hacer Puig Antich. También se basa en las que consideran numerosas irregularidades del consejo de guerra al que fue sometido, en el que entre otras cosas se rechazaron las pruebas de balística.
Fuente: JUAN CARLOS MERINO / La Vanguardia
