La sentencia otorga al Ministerio de Industria y al Gobierno la potestad de decidir sobre el cierre de las centrales nucleares cuando expira su permiso de explotación. Ecologistas en Acción, la Confederación General del Trabajo y Greenpeace, las tres organizaciones que pedían el cierre inmediato en el procedimiento, celebran la no prolongación de Garoña hasta el 2019 y pide al Gobierno y al Ministro de Industria el establecimiento de un calendario de cierre del resto del parque nuclear español (otras 7 centrales nucleares), ya que esta sentencia le otorga potestad para tal cosa.

El Tribunal ha desestimado todos los recursos
interpuestos contra la decisión del Gobierno de proceder al cierre de la
central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en 2013, tanto los de la
empresa propietaria Nuclenor, que pretendía que la central funcionara hasta
2019, como las de las asociaciones ambientalistas Ecologistas en Acción y
Greenpeace, y la organización sindical CGT, que pedían el cierre inmediato. La
sentencia, además, ratifica el no otorgamiento de ninguna indemnización.

El Tribunal ha desestimado todos los recursos
interpuestos contra la decisión del Gobierno de proceder al cierre de la
central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en 2013, tanto los de la
empresa propietaria Nuclenor, que pretendía que la central funcionara hasta
2019, como las de las asociaciones ambientalistas Ecologistas en Acción y
Greenpeace, y la organización sindical CGT, que pedían el cierre inmediato. La
sentencia, además, ratifica el no otorgamiento de ninguna indemnización.

En la sentencia se ha producido además un voto
particular que reconoce la vulneración alegada por las tres organizaciones de
que en la aprobación de la orden ministerial no ha respetado la Ley 27/2006 que
reconoce el derecho a una participación pública real y efectiva.

Para Ecologistas en Acción, CGT y Greenpeace
esta sentencia otorga potestad al Gobierno para proceder al cierre de las
centrales nucleares cuando expira su autorización de explotación, puesto que
bastaría con no renovarla. En particular, las organizaciones ecologistas
solicitan que no se renueve el permiso de explotación de la central de Ascó I
(Tarragona) que expira el día 1 de octubre. Además, solicitan del Gobierno el
establecimiento de un calendario de cierre según vayan expirando estos
permisos.

Las
organizaciones ecologistas celebran el que Garoña no siga funcionando hasta
2019, como pretendía Nuclenor y la Junta de Castilla y León, USO y UGT, entre
otros, lo que sería una temeridad pero se preguntan porqué se le permite seguir
funcionando en la actualidad con los sistemas de seguridad muy degradados y con
los graves problemas de contaminación térmica que está produciendo en el río
Ebro (vulnerando la autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica
del Ebro). El propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reconoce en sus
dictámenes la existencia de numerosos elementos severamente degradados y la
necesidad de atacar una serie de reparaciones para seguir funcionando. El CSN
reconoce la necesidad de reparaciones en elementos tan vitales como el sistema
de protección contra incendios, el cambio de cientos de metros de cables, o el
aislamiento de la sala de control.

Secretariado Permanente del Comité
Confederal


Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal