El Sindicato CGT ha registrado un escrito dirigido a la Dirección Provincial de Burgos en el que pide la destitución de una inspectora educativa. Esta exigencia viene motivada por el expediente disciplinario incoado por dicha inspectora contra la Orientadora de IES Alfoz de Lara de Salas de los Infantes en abril de 2023 y que finalmente ha sido anulado por un fallo judicial.
Las acusaciones vertidas contra la trabajadora, afiliada de CGT, fueron absurdas y basadas en testimonios falsos, y la penalización fue improcedente y abusiva. La orientadora era acusada de falta de respeto a sus superiores y de realizar unas grabaciones que se han demostrado falsas. Tras la imposición de la arbitraria sanción disciplinaria, el Sindicato CGT presentó, en tiempo y forma, un escrito de alegaciones que desde la Administración no fue tenido en consideración, generando de esta forma una situación de desamparo para su afiliada.
Ante la absoluta discrepancia de esta docente con la Resolución que se acordó por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, decidió impugnar dicha Resolución, interponiendo un recurso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Valladolid.
En dicha vista judicial la Administración -léase la Dirección Provincial de Burgos- no presentó prueba testifical alguna, ni el testimonio de la exdirectora del IES Alfoz de Lara, ni el de la Inspectora de Educación que impuso la sanción. De ello se concluye razonablemente que la Administración Educativa reconocía de facto que el conjunto del expediente sancionador incoado contra esta docente resultaba insostenible e injusto, se basaba en falsas acusaciones y difamaciones y se había ejecutado sin tener en ningún momento en cuenta el daño profesional ni los daños personales a la salud, a la imagen y a la integridad moral de la trabajadora. Como consecuencia de ello, el pasado 14 de marzo de 2025 el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO/ADMTVO nº 4 de Valladolid dictó la sentencia firme nº 19/2025, estimando sustancialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Orientadora.
CGT entiende que todo el proceso ha sido irregular, que las acusaciones se basaban en falsedades (ni se encontró grabación alguna, ni una discrepancia con un superior puede considerarse falta de respeto) y estaban motivadas por una voluntad de reprimir el derecho a discrepar sobre cuestiones propias del trabajo docente. Como todo ello ha sido acreditado vía judicial, desde el Sindicato exigen al Director Provincial de Educación la destitución de la Inspectora que inició el proceso sancionador.
Fuente: Sindicato Único CGT de Burgos
