El viernes, 18 de marzo, hemos presentado, de forma simultánea en diversas provincias españolas, nuestras alegaciones al proyecto de Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte del Ministerio de Fomento. En Málaga han sido presentadas en la Subdelegación del Gobierno.
El PEIT tiene como uno de sus objetivos fundamentales proveer de contratos de construcción a las grandes empresas de infraestructuras, para compensarles por la retirada del Plan Hidrológico del gobierno del PP ; de hecho, se le pretende dar el mismo carácter de Ley. En ambos casos se trata de infraestructuras que no responden a necesidades reales de la sociedad, sino a intereses particulares del capital privado.
Las necesidades reales de la sociedad pasarían por afrontar con seriedad los problemas que genera el actual sistema de transportes : polución ambiental y generación de gases que contribuyen al efecto invernadero, fragmentación territorial y barreras en los ecosistemas, consumo energético y dependencia de combustibles fósiles, daños a la salud y muertes en carretera. Lo más grave es que el Ministerio de Fomento reconoce estos problemas y renuncia a tratar de solucionarlos.
El transporte es responsable del 32% del consumo de energía y del 28% del total de emisiones de CO2, de acuerdo con un documento de la Comisión Europea ; según la DGT, en 2003 las víctimas por accidentes de tráfico ascendieron a 5.339 muertos y 150.636 heridos. Estas son las víctimas de un sistema que se mantiene por decisión política.
El PEIT establece una primera fase, hasta 2008, que se limita a continuar y finalizar las infraestructuras decididas por el anterior Ministro de Fomento, Álvarez-Cascos ; sólo después se estudiarán las consecuencias y el impacto de estas infraestructuras.
El otro gran objetivo del PEIT es profundizar en el proceso de privatizaciones y desregulación que iniciaron anteriores gobiernos del PSOE y continuó el PP. El Plan de Infraestructuras está enfocado al mayor beneficio posible de empresarios privados, fundamentalmente los constructores de infraestructuras, y a la privatización de las empresas públicas de transporte.
La otra gran falacia es la “voluntad de transparencia, participación y diálogo” con que el gobierno pretende vestir al PEIT : el proceso de información pública se ha limitado a 28 días y en Málaga ni siquiera ha sido puesto a disposición de la ciudadanía. El Ministerio ni siquiera se ha dignado responder a las numerosas cartas en las que se ha solicitado la ampliación del plazo de alegaciones por estos motivos.
El SFF-CGT quiere romper el silencio informativo que el Ministerio de Fomento ha establecido en torno a este Plan y exige en sus alegaciones que se tomen medidas reales para solucionar los problemas del transporte, entre otros la desregulación, las políticas privatizadoras y el incumplimiento sistemático de las normas sociales y laborales en el sector.
Sección Sindical de Málaga, 21 de marzo de 2005
