Desde la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, aprobada en solitario por el anterior gobierno del PP y puesta en marcha cómplicemente por el actual del PSOE, Ley que supuso la ruptura de RENFE y el comienzo de la privatización del ferrocarril, los problemas que padecen los trabajadores y usuarios del ferrocarril se vienen incrementando de forma constante.
La reducción del poder adquisitivo de los trabajadores ferroviarios contrasta con los fuertes incrementos de las tarifas sufridas por los usuarios en el presente año.
La reducción de plantilla que suponen los Expedientes de Despido Colectivo firmados recientemente, que suponen la destrucción de 2.000 puestos de trabajo en RENFE-Operadora y 2.500 en ADIF, tienen una grave incidencia no sólo en el aumento de saturación de los trabajadores, sino también en los usuarios, a los que cada vez se priva de más servicios y los que quedan se les prestan en peores condiciones.
Al cierre de estaciones y dependencias se añade la externalización de trabajos y la subcontratación. Los trabajadores vinculados directamente a las empresas ferroviarias, cuyo número es cada vez más escaso, están viendo cómo se empeoran sus condiciones laborales, mientras que la inmensa mayoría de trabajadores del ferrocarril, atados a la explotación sistemática que ejercen contratas y subcontratas, están sometidos a unas condiciones de precariedad permanente y son víctimas cotidianas de los accidentes laborales.
Al mismo tiempo, la cada vez más exigua plantilla se ve sometida a continuos incumplimientos, por parte de la empresa, tanto de la condiciones laborales como en los tiempos de trabajo, lo que incide directamente en las condiciones de seguridad que afectan a los usuarios.
La única respuesta de la dirección de ambas empresas, RENFE-Operadora y ADIF, a los problemas que está generando su gestión de un servicio público al que aplican criterios puramente mercantilistas, anteponiendo intereses particulares a los intereses públicos, es la represión contra los trabajadores, a los que pretenden convertir en víctimas tanto de su propia incompetencia gestora como de su incapacidad para afrontar los problemas que ellos mismos han creado.
El actual Convenio Colectivo, aplicable transitoriamente en ambas empresas, fue firmado por UGT, CC.OO., su escisión SF y el sindicato corporativo SEMAF para favorecer la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario y dejar el campo libre a la privatización del ferrocarril público, cargando a los trabajadores con gran parte del coste de la liberalización. Las mesas de desarrollo de dicho Convenio se están utilizando para desregular aún más las condiciones laborales.
El SFF-CGT ha comenzado una campaña de asambleas y visitas a todos los centros de trabajo, valorando la posibilidad de convocar movilizaciones durante los próximos meses en ambas empresas, para luchar contra la “cascada de agresiones” que están sufriendo los trabajadores.
Fuente: SFF-CGT
