Madrid, 14 de diciembre de 2013. La nueva edición del Rodea el Congreso, convocada por la Coordinadora 25S contra la previsible aprobación por parte del Ejecutivo de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre, ha terminado hoy con disturbios en numerosos puntos del centro de Madrid. La protesta ha sido secundada por numerosas organizaciones, partidos políticos, sindicatos y asambleas del 15M. Al menos se han registrado siete detenidos y más de una veintena de personas han resultado heridas, 11 de ellas policías, según ha indicado la Policía Nacional. Además, este cuerpo ha identificado a unas 40 personas "por provocar incidentes violentos para reventar la manifestación", ha indicado su cuenta en Twitter.
Varios miles de personas, entre 5.000 y 10.000 según las primeras estimaciones, se han congregado en la plaza de Neptuno, junto a la Carrera de San Jerónimo, donde se encuentra el Congreso de los Diputados, bajo el lema “No Pasarán. No a la Ley Mordaza”. En la plaza se han coreado gritos contra la conocida como ‘Ley Anti Protesta’ y por la dimisión del Gobierno. El operativo policial movilizado para la ocasión por la Delegación de Gobierno de Madrid alcanzaba 25 grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), lo que supone un total de 1.250 antidisturbios.
Varios miles de personas, entre 5.000 y 10.000 según las primeras estimaciones, se han congregado en la plaza de Neptuno, junto a la Carrera de San Jerónimo, donde se encuentra el Congreso de los Diputados, bajo el lema “No Pasarán. No a la Ley Mordaza”. En la plaza se han coreado gritos contra la conocida como ‘Ley Anti Protesta’ y por la dimisión del Gobierno. El operativo policial movilizado para la ocasión por la Delegación de Gobierno de Madrid alcanzaba 25 grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), lo que supone un total de 1.250 antidisturbios.
En torno a las 20 horas, integrantes de la Coordinadora 25S, mediante un megáfono, han indicado que se iba a “cumplir la promesa de rodear el Congreso”, y han llamado a los congregados a marchar hacia Cibeles para bordear la manzana en la que se encuentra el edificio. Miles de personas se han dirigido entonces hacia esta plaza, quedando Neptuno prácticamente vacía, para más tarde continuar por la calle Alcalá, la Puerta del Sol y las calles Carretas y Atocha. Sin embargo, ha sido en esta última vía donde han comenzado los encontronazos entre Policía y manifestantes. Varias decenas de efectivos de la UIP han tratado de cortar el paso de la comitiva, lo que ha provocado protestas por parte de los manifestantes. Al no poder avanzar, algunos de ellos han lanzado objetos contra el grupo de antidisturbios, lo que en un principio ha provocado que retrocedieran. Sin embargo, la llegada de nuevos agentes y las primeras cargas, con disparos de balas goma incluidas, han dispersado al grupo, que en su mayoría se ha dirigido de nuevo a la Puerta del Sol.
Tras la primera carga policial se han vivido numerosos momentos de caos en el centro de la ciudad. Mientras contenedores ardían en la calle Doctor Cortezo, junto a la plaza de Tirso de Molina el grueso de la manifestación cruzaba Sol y se dirigía a la Gran Vía, donde de nuevo la Policía ha cargado, dispersando a la comitiva. Desde entonces se han producido escaramuzas, retenciones y barricadas en numeroso puntos de la almendra central de la ciudad. Entre los incidentes registrados, una oficina de Bankia ha sido asaltada en la calle Duque de Alba.
Para la Coordinadora 25S, en caso de la aprobación del borrador de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que se hizo público a finales de noviembre, “el Ministerio del Interior va a tener plenas competencias para multar con hasta 600.000 euros aquellas acciones que considere punibles, y ello sin ningún control judicial”. Sus integrantes recordaron además, en una rueda de prensa celebrada el pasado jueves, que en el listado de infracciones que contempla el nuevo ordenamiento “se incluyen actividades que hasta ahora no se consideraban como ilícitas, o caso de tener esa consideración, las sanciones se tenían que sustanciar a través de la administración de Justicia”. Así, en su opinión, “el procedimiento puesto en pie por el Gobierno anula totalmente la separación de poderes”, siendo el Ministerio “policía, juez y parte”.
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Fuente: disopress
