Repasamos las consecuencias de la 'contrarreforma sanitaria' con las últimas medidas aprobadas por el gobierno español y los cambios en el modelo de sanidad, unas reformas sanitarias que forman parte de un largo proceso.
El Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el gobierno español supone un paso más-muy importante-dentro de la contrarreforma sanitaria que se viene realizando desde hace años, e implica modificaciones sustanciales en el modelo de sanidad pública universal, además de abrir vías para futuros recortes.
El Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el gobierno español supone un paso más-muy importante-dentro de la contrarreforma sanitaria que se viene realizando desde hace años, e implica modificaciones sustanciales en el modelo de sanidad pública universal, además de abrir vías para futuros recortes.
Para empezar, vincula el derecho a la atención sanitaria en el aseguramiento (excluye de la atención gratuita a quienes no ostenten esta condición) y no establece que este deba ser el régimen general de la Seguridad Social, lo que deja abierta la posibilidad de modelos de aseguramiento diferentes (orientados al desgravación fiscal de seguros privados).
Apoyándose en el discurso xenófobo de un supuesto abuso, excluye de la atención integral a los inmigrantes no regularizados, limitando a urgencias, embarazos y los menores de 18 años, a pesar de que existen múltiples estudios que demuestran que los inmigrantes (regularizados o no) utilizan en menor medida que los nacionales el Sistema Nacional de Salud (SNS). Además, como la sanidad se financia vía impuestos, incluso los irregulares aportan con impuestos como el IVA su dinero para el mantenimiento de los servicios públicos. Se trata de una medida inhumana, injusta, inmoral, peligrosa desde el punto de vista de la salud pública (aumenta el riesgo de focos de enfermedades infectocontagiosas) y negativa desde el lado de los costes (al ser el único acceso que les queda, se incrementarán las visitas a urgencias).
Por primera vez, se aprueba el «copago farmacéutico para pensionistas» (10% del precio de las medicinas) y el aumento «del copago farmacéutico para el resto de la población», según teóricos niveles de renta. Así se establece un impuesto a la enfermedad. La protección social, basada en la solidaridad de los impuestos en función de la renta, deja de tener efecto, obligándose a pagar menos a quienes más tienen, sino a quienes están más enfermos.
Prestaciones de su bolsillo
También se anuncia el pago por los usuarios de «medicamentos para síntomas menores», sin definir qué, pero que con toda seguridad serán medicamentos útiles y de utilización frecuente (analgésicos, antihistamínicos), que pasarán a ser pagados por el bolsillo del ciudadano. Se instaura así mismo el pago de una parte del transporte sanitario no urgente, la dietoterapia, etc. ¿Qué pasará con los enfermos que precisan diálisis o oncológicos que realizan varios viajes semanales?
Sin embargo, las actuaciones sobre la industria farmacéutica son testimoniales y de escaso impacto económico. En este sentido existen medidas de lógica común y perfectamente asumibles, como las compras al por mayor y la distribución en los propios centros sanitarios de la medicación prescrita, la creación de una industria nacional para los medicamentos básicos (como la tienen las Fuerzas Armadas ), la prohibición de que la formación médica esté en manos de las multinacionales, o incluso la no financiación por el sector público de todos aquellos fármacos que se registren, medidas que podrían ahorrar miles de millones de euros, pero que ni siquiera han llegado a plantearse.
El documento sí que profundiza en el camino de los incentivos perversos ‘justificadas sobre «racionalización (recorte) del gasto» y la «competencia-en lugar de la colaboración-entre profesionales y centros». Los nuevos modelos de hospitales privatizados incorporan incentivos económicos a los profesionales que menos pacientes ingresan, más altas dan o menos derivan a los especialistas.
Los 600 millones de euros que según el Gobierno español se ahorrarán con una supuesta «coordinación entre servicios sociales y sanitarios «, no esconden más que el cierre anunciado de más centros públicos de larga estancia para la derivación de los pacientes crónicos a centros privados, como acaba de ocurrir con el cierre de los dos hospitales de crónicos y paliativos de Palma de Mallorca.
Las medidas anunciadas son, por tanto, un paso más dentro del plan perfectamente planificado que se lleva desarrollando desde hace años con la complicidad de las cúpulas sindicales y el apoyo imprescindible del partido ex socialdemócrata. En grandes líneas: por un lado, se traspasan las partes rentables del sistema para lucro de todo tipo de empresas, potenciándose los seguros privados para quienes puedan pagarse aquellos, y por otra, se va articulando un sistema similar al antiguo de beneficencia para excluidos, desempleados y trabajadores.
La respuesta está en la coordinación de las luchas autogestionadas y autónomas del poder, desoyendo los cantos de sirena de la izquierda posibilista ‘, la postura de la que se limita a la llamada e intento de captación del voto representativo, ocultando que no hay vuelta atrás y que el Estado de bienestar no volverá.
Antonio Gómez Liébana es miembro de la Coordinadora Antiprivatització de la Sanidad Pública de Madrid (Caso Madrid) .
Artículo publicado en la revista Diagonal.
Fuente: Antonio Gómez Liébana
